Dependencia y comunidades autónomas: el lado correcto de la historia
Cada gran avance en derechos sociales ha llevado la firma de un Gobierno socialista. No es una cuestión de relato, sino de hechos que nos sitúan en el lado correcto de la historia. La sanidad universal impulsada por Ernest Lluch en 1986; las pensiones no contributivas de Matilde Fernández; la ley integral contra la violencia de género; el matrimonio igualitario; la ley de igualdad efectiva entre mujeres y hombres; la ley de salud sexual y reproductiva. Más recientemente, la ley de eutanasia, la reforma del artículo 49 de la Constitución para reconocer la dignidad de las personas con discapacidad, la Ley ELA o el último refuerzo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Todas ellas persiguen ampliar la libertad, proteger a quienes más lo necesitan y fortalecer el Estado del bienestar. Y también comparten la oposición sistemática de la derecha, siempre, a cualquier avance en derechos sociales.
El Partido Popular recurrió al Tribunal Constitucional el matrimonio igualitario y la ley del aborto. Votó en contra de la revalorización de las pensiones, de la subida del salario mínimo, de la reforma laboral o de soluciones solidarias para atender a menores migrantes no acompañados. Cuando la historia ha planteado elegir entre ampliar derechos o limitarlos, el PP ha elegido siempre lo segundo.
La dependencia es uno de los ejemplos más claros de esa diferencia de modelo. En 2006, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la Ley de Dependencia, convirtiéndo el derecho a recibir cuidados en el cuarto pilar del Estado del bienestar. Apenas unos años después, el Gobierno de M. Rajoy comenzó a desmantelar buena parte de aquel esfuerzo mediante recortes, retrasos y una evidente infrafinanciación que deterioró el sistema y dejó a miles de personas esperando una prestación que ya tenían reconocida. Hasta el punto de que las organizaciones del tercer sector advirtieron de una derogación encubierta del todo el sistema estrangulándolo financieramente. Todo ello mientras el propio Rajoy contaba con asistencia 24/7, pagada por todos los españoles, para atender la dependencia de su padre en el Palacio de la Moncloa. “Se hará lo que se pueda”, dijo Rajoy entonces. Todavía me hiere recordarlo.
Hoy el Gobierno de Pedro Sánchez está recorriendo el camino inverso: reconstruir lo que otros debilitaron y preparar el sistema para responder al envejecimiento de la población y al aumento de las necesidades de cuidados. El nuevo Real Decreto-ley 17/2026 representa el mayor refuerzo de la Ley de Dependencia desde su aprobación hace dos décadas. La financiación estatal alcanza los 5.513 millones de euros en 2026, la mayor aportación realizada nunca por la Administración General del Estado, frente a los 3.757 millones del año anterior. Además, la participación del Estado en la financiación del sistema alcanzará el 40,4 % en 2026 y superará el 50 % en 2027, un máximo histórico.
Pero detrás de las cifras hay personas en situaciones que todos conocemos, aunque la derecha prefiere no ver. Desde diciembre de 2020, casi 600.000 personas más reciben prestaciones, las listas de espera se han reducido más de un 51% y el número de personas atendidas ha aumentado un 55%. La dependencia deja de ser una promesa para convertirse en un derecho efectivo para cientos de miles de familias.
El nuevo impulso no se limita a aumentar recursos. También moderniza el modelo de cuidados para situar a la persona en el centro, favorecer que pueda desarrollar su proyecto de vida con autonomía, reforzar los apoyos profesionales y aliviar la carga que durante décadas han soportado, casi siempre en silencio, miles de mujeres cuidadoras. Porque hablar de dependencia también es hablar de igualdad. Pero también de empleo. Hoy el sistema genera más de 500.000 puestos de trabajo, el 80% ocupados por mujeres, y las previsiones apuntan a que antes de 2030 será necesario incorporar entre 261.000 y 639.000 profesionales adicionales. Invertir en dependencia no es un gasto: es crear empleo de calidad, fortalecer los servicios públicos y generar cohesión social.
El esfuerzo del Estado también se traduce en más recursos para todas las comunidades autónomas, con independencia de quién las gobierne. El Gobierno de España duplicará prácticamente las transferencias destinadas al nivel mínimo de dependencia, incrementando las cuantías por persona dependiente hasta un 128 % en el Grado III, un 100 % en el Grado II y un 18 % en el Grado I. Comunidades como Madrid recibirán 226 millones de euros adicionales en 2026, Andalucía casi 318 millones, la Comunitat Valenciana 178 millones o Canarias cerca de 79 millones más que con el sistema anterior este año, y cerca de 158 millones más en 2027, superando los 307 millones de euros.
Ahora ya no tienen excusa. Las comunidades autónomas del PP no podrán justificar listas de espera interminables ni falta de plazas en residencias por la ausencia de financiación estatal. Deberán decidir de qué lado están.