La falta de planificación de la oferta de plátano

En abril de 2018, Canarias aprobó el Decreto 48/2018, que regula las Organizaciones de Productores de Plátanos (OPP). Ya han pasado más de ocho años y creo que ha llegado el momento de confrontar lo que dice aquella norma con lo que estamos viviendo los agricultores de esa fruta en las islas.

El citado decreto establece entre los objetivos de las OPP la planificación de la producción para ajustarla a la demanda, especialmente en calidad y cantidad; la concentración de la oferta y la comercialización; la optimización de los costes de producción, y la estabilización de los precios de producción.

No estamos hablando de una propuesta de los agricultores canarios de plátano. Estamos hablando de una norma legal y de obligado cumplimiento.

Pero ocho años después, la realidad que seguimos viviendo resulta difícil y no concilia con esos objetivos: hay excedentes, retiradas de fruta y largos periodos en los que el precio recibido por el cosechero pone contra las cuerdas la rentabilidad de muchas explotaciones. En 2023, por ejemplo, llegamos a retirar del mercado aproximadamente 26,5 millones de kilos de plátano de Canarias. Después hemos vuelto a recurrir a retiradas.

Pica, pica y más pica, como se conoce en la jerga del sector.

La pica puede ser necesaria como herramienta puntual de regulación, pero lo que no puede ocurrir es que terminemos utilizándola como sustitución de aquello que debió haberse hecho antes. Porque retirar fruta es actuar sobre el problema cuando este ya existe. En cambio, planificar es intentar llegar a él. Y esta diferencia es precisamente el centro de este debate.

La pica no borra los costes del agricultor. Cuando retiramos un kilo de plátano, ese kilo ya está producido. El agricultor ya pagó el agua, los fertilizantes, la mano de obra, la Seguridad Social, los tratamientos y el resto de costes de su explotación agrícola. Podemos retirar la fruta, sí, pero no podemos retirar la factura que dejó el proceso de producirla.

Por eso, la falta de resultados en la planificación tiene una consecuencia económica muy concreta: termina afectando a la rentabilidad del agricultor.

Y llegados a este punto, volvemos de nuevo al Decreto 48/2018. Esta norma territorial no habla únicamente de planificación. Entre los objetivos de las OPP, también establece la optimización de los costes y la estabilización de los precios de producción.

Sin embargo, después de ocho años, demasiados agricultores seguimos encontrándonos durante largos periodos con precios que no permiten cubrir adecuadamente nuestros costes. Eso no puede normalizarse.

Las OPP tienen una responsabilidad, y estas no pueden limitarla a recibir, empaquetar y comercializar la fruta que los agricultores les entregamos.

En efecto, el Decreto 48/2018 les asigna un papel mucho más amplio. Si entre sus objetivos está el de planificar la producción y ajustarla a la demanda, ocho años después tenemos derecho a exigir resultados de esa planificación. No basta con explicar el excedente cuando ya existe, cuando se ha generado. Hay que anticiparlo. No basta con recurrir a la pica cuando sobra fruta.

Hay que utilizar las previsiones de producción, la información del mercado y la capacidad comercial para actuar con antelación, para planificar. Y no basta, como se hace casi siempre, con atribuir cada crisis al mercado. Precisamente porque el mercado es difícil aparece la necesidad de planificar.

Las OPP tienen una responsabilidad clara en este modelo y no pueden ponerse de perfil cuando los resultados no llegan al agricultor. Y la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias tiene la obligación de controlar. Tampoco sería justo cargar toda la responsabilidad sobre las OPP. Pero sí afirmo que la Consejería de Agricultura tiene la suya.

En una entrevista en el programa radiofónico Campo y mar, dirigido por Clemente González, el consejero Narvay Quintero sostuvo que la consejería no tiene que ver con plantar y comercializar plátanos. Es evidente que la consejería no planta ni comercializa plátanos. Está claro. Pero nadie le está pidiendo que lo haga. Solo estamos pidiendo que ejerza las competencias que sí le corresponden, que haga que se aplique la ley.

Y luego existe un hecho especialmente relevante: Narvay Quintero fue precisamente el que propuso y tramitó el Decreto 48/2018 como consejero de Agricultura, en su anterior legislatura con el mismo cargo que tiene en la actual.

El artículo 15 del reseñado decreto establece controles sobre las OPP para verificar el cumplimiento de la normativa, con acciones de control administrativo y con controles sobre el terreno, como mínimo cada tres años.

Por lo tanto, la respuesta es muy sencilla: no le pedimos a la consejería que plante. No le pedimos que comercialice. Le pedimos que controle.

La Administración pública no puede establecer una normativa, disponer de mecanismos de control y después presentarse como ajena a los resultados del modelo que debe supervisar. Y luego las OPP tienen que responder por la parte que les corresponde. La consejería también.

Y el consejero de Agricultura tiene una responsabilidad política como máximo responsable del departamento que gestiona el sector agropesquero.

Ocho años son suficientes. Después de ocho años no necesitamos más declaraciones de intenciones. Necesitamos conocer los resultados, y que la consejería haga públicos los controles realizados sobre las OPP desde la entrada en vigor del Decreto 48/2018.

Debemos conocer las actas y los informes, y saber así si se detectaron deficiencias y, en su caso, qué medidas se adoptaron. No estoy afirmando que esos controles no existan. Estoy diciendo que los agricultores tenemos derecho a conocer sus resultados, para ver si durante estos ocho años todo se ha aplicado correctamente. Entonces tendremos que explicar por qué seguimos llegando repetidamente a retiradas de fruta y por qué tantos productores continúan atravesando periodos de rentabilidad insuficiente. Esto es lo que importa. Porque mientras unos discuten sobre dónde empieza y termina su responsabilidad, el agricultor no puede esconderse de ninguna de las suyas.

El Decreto 48/2018 lleva más de ocho años vigente. No pedimos milagros. Pedimos planificación a quienes tienen que planificar. Pedimos control a quien tiene que controlar. Pedimos responsabilidades cuando los resultados no llegan. Y pedimos que todo ello tenga una consecuencia fundamental: que el agricultor pueda vivir dignamente de producir plátanos.

La pica puede ser necesaria alguna vez. Pero pica, pica y más pica no es planificación.

Después de ocho años, el Decreto 48/2018 tiene que pasar definitivamente del papel a los hechos.

Ahora bien, mientras eso no se traduzca en resultados visibles para el agricultor, la pregunta seguirá encima de la mesa: ¿dónde está la planificación?