¿Margarita, la punta del iceberg de la vulnerabilidad habitacional de las personas mayores en Canarias?

La escena parece anecdótica, casi extravagante, una mujer de 71 años viviendo en un pequeño barco de su propiedad, en el Muelle Deportivo de Las Palmas. Pero detrás del caso de Margarita, desahuciada sin alternativa habitacional, con su única vivienda confiscada por la Autoridad Portuaria, se esconde una realidad mucho más amplia y profunda que es el creciente desamparo de las personas mayores frente a la crisis de vivienda en Canarias.

Margarita no es un caso aislado, es el síntoma visible de un problema estructural que expone las grietas de un modelo que convierte el territorio, los espacios públicos y la vivienda en activos financieros y a las personas en externalidades incómodas para la especulación.

La precariedad habitacional en Canarias afecta a jóvenes, familias, migrantes y trabajadores esenciales, pero uno de sus rostos menos visibles y más vulnerables es la gente mayor. Mujeres y hombres que, tras una vida laboral, se encuentran sin red familiar, sin ahorro suficiente, sin renta estable y con unos servicios sociales que actúan tarde y mal. La subida del alquiler, la turistificación, la financiarización de la vivienda y el suelo junto a la privatización de lo público han empujado a muchas personas mayores a situaciones de riesgo residencial extremo.

La invisibilidad se agrava porque la vulnerabilidad no siempre es ostentosa y a veces se materializa en una pequeña casa terrera que ya no se puede pagar o en la que tienen interés inmobiliarias y constructoras , o en una habitación alquilada sin contrato ni derechos o como en el caso de Margarita, en una embarcación que funciona como vivienda digna, estable y tranquila, hasta que el Estado decide que estorba.

El desahucio del barco Claudine no se explica solo con informes técnicos. Derecho al Techo y el movimiento Mi barco, mi casa denuncian que no existió peritaje independiente, que no hubo alternativas de subsanación y que se trató de un procedimiento decidido de antemano, enmarcado en un proceso mayor de privatización del muelle deportivo, un espacio público que se reconvierte para usos más rentables que residir.

La Autoridad Portuaria ofreció como única respuesta un correo “preventivo” a Servicios Sociales cuando Margarita reconoció no tener vivienda, y avisar no es acompañar. Comunicar no es proteger y enviar un correo no detiene un desahucio sobre una persona mayor, sola y sin alternativa, como bien se recoge en un comunicado de Derecho al Techo.

Este modo de gestionar la crisis habitacional es el mismo que operan los fondos buitre, se cambia la normativa, se señalan las personas que sobran y se los expulsa sin alternativa. Hoy fue Margarita, mañana cualquier otra persona y pasado, cualquier otro espacio que pueda generar beneficio privado.

La vivienda no es solo un techo, es la base de la vida.

Organizaciones como Derecho al Techo insisten en que el derecho a la vivienda no es solo acceder a una estructura física, sino vivir con estabilidad, dignidad y seguridad. Sin vivienda no hay salud, no hay arraigo, no hay autonomía y no hay futuro. Por eso la defensa del derecho al techo es también defensa de lo público, del suelo comunal y de la función social de la vivienda.

La salida a esta crisis no pasa únicamente por ayudas individuales, sino por medidas estructurales, abrir el parque de viviendas vacías retenidas por fondos de inversión, expropiándose por interés público, declarar zonas tensionadas, regular alquileres, impedir que el suelo público se privatice o se turistifique y garantizar mecanismos de protección inmediata frente a desahucios.

Canarias está en un punto crítico, entre el turismo de plataformas, la compra de vivienda por inversión extranjera y la conversión del alquiler residencial en alquiler vacacional, el archipiélago se está convirtiendo en un territorio para visitantes, no para habitantes. Y si el modelo no cambia, la población más envejecida será la primera en quedar fuera.

El caso de Margarita nos obliga a mirar lo que rara vez se quiere mirar, que los desahucios no son accidentes administrativos, sino decisiones políticas. Y que detrás de cada una hay una vida que se empobrece, se invisibiliza y se expulsa.

El muelle deportivo fue para Margarita lo que es para muchas otras personas una vivienda, un refugio. Un refugio que se retiró sin cuidado, sin respeto y sin alternativa. La lucha por recuperarlo no es solo la lucha de una mujer sola ante un desahucio, sino la de una sociedad que debe decidir si protege la vida o protege el negocio.