La Palma: el futuro posible de una isla vulnerable
La Palma sufre un declive estructural profundo, más visible y agravado tras la erupción del volcán Tajogaite en septiembre de 2021. Es el resultado de décadas de políticas cortoplacistas marcadas por la improvisación, el tacticismo electoral y la falta de estrategia. Los tres grandes partidos (PSOE, PP y CC) han gobernado la isla, en pacto o en solitario, desde la restauración de la democracia.
La gestión de la reconstrucción tras la erupción del Tajogaite es probablemente el ejemplo más doloroso. Cuatro años después de la emergencia, demasiadas familias siguen viviendo en los contenedores o en las casas de madera y no se ha recuperado ni el 9% de las tierras fértiles arrebatadas por el volcán.
El Cabildo Insular de La Palma no dispone de un plan de reconstrucción que permita anticipar qué obras y contratos son necesarios y ni el Consejo Sectorial para la Reconstrucción, aprobado por unanimidad en enero de 2023, ha llegado a convocarse. Lo que hoy presenciamos en La Palma, rechazada la creación de un gran consorcio administrativo, es una reconstrucción a la carta dominada por la improvisación, el clientelismo y la opacidad total. Un modelo que favorece a empresas amigas y que da la espalda a los afectados, hasta el punto de que el Gobierno de Canarias, para blindar esa opacidad, ha llegado a judicializar ante el Tribunal Superior de Justicia su negativa a publicar quiénes reciben las subvenciones de la reconstrucción. Además, y sin ningún rubor, nos lo quieren vender como un ejemplo de recuperación y gestión administrativa.
El sector público insular está sobredimensionado y se ha convertido en empleador de última instancia, con un fuerte componente clientelar, incapaz de absorber y resolver la falta de oportunidades del sector privado. Representa cerca del 10% del empleo en la isla y, si añadimos educación y sanidad, alcanza el 25%.
El sector primario es muy dependiente del exterior. El plátano, que supone el 70% del valor de la producción agrícola insular, sobrevive gracias a la subvención del programa Posei (141 millones de euros anuales para toda la región y ese cultivo), hoy seriamente amenazada por el nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034.
En la discusión que mantiene la Unión Europea (UE) sobre la gestión de esos fondos comunitarios, se está imponiendo el enfoque nacional, perdiéndose la visión descentralizada y regionalizada que hasta ahora permitía responder mejor a las necesidades y singularidades de Canarias. La ficha financiera, que todo indica que tampoco se incrementará, pasaría a gestionarse desde los Presupuestos Generales del Estado. Pintan bastos.
El turismo lleva años estancado y es incapaz de recuperar los niveles previos a la pandemia. Y lo más preocupante, el modelo dominante sigue empeñado en apostar por un desarrollo turístico extractivo y de masas, el que ya ha fracasado en otras islas equivalentes a La Palma. El Cabildo da luz verde al Instrumento de Planificación Singular Turística (IPST) de Puerto Naos, que convierte el suelo de este espacio en apto para que se active el turbocrecimiento depredador que sólo favorece a un lobby hotelero determinado con propiedades en la zona.
Para evitar sorpresas, con anterioridad a esa aprobación, el Cabildo, en el pleno del pasado jueves, 9 de abril, cesó y designó a nuevos miembros en la Comisión de Evaluación Ambiental. Para rematar la jugada, está el proyecto del túnel El Remo-La Zamora, 328 millones de euros por 5,5 kilómetros de obra de alta complejidad técnica y elevado impacto medioambiental, una inversión pública sólo pensada para llenar de la mayor cantidad de turistas posible el sudoeste palmero. Ninguno de los tres grandes partidos, CC, PSOE y PP, se opone.
La Palma es uno de los territorios más envejecidos de España. Por cada menor de 15 años, hay más de dos personas mayores de 65. La emigración de jóvenes palmeros cualificados no se compensa cualitativamente con la inmigración extranjera, orientada en su mayoría a sectores de baja cualificación. Y lo más sorprendente, no se sabe con certeza cuánta población vive realmente en la isla: se estima que la cifra real es entre el 20% y el 25% inferior a la registrada oficialmente, en torno a 65.000 habitantes frente a los 86.194 censados. Para planificar las infraestructuras y servicios resulta imprescindible conocer la población real.
El sistema energético insular es frágil, dependiente del exterior y de los combustibles fósiles. Está obsoleto, con alta probabilidad de crisis o ceros energéticos, y depende casi totalmente del fuel. Solo el 9% de la electricidad procede de renovables, frente al 57% nacional.
La vivienda es una bomba de relojería. El mercado está tensionado no solo por la destrucción provocada por el volcán, sino también por la ausencia de política de vivienda durante demasiados años (desde 2012 hasta 2023 no se construye vivienda de protección oficial -VPO- en la isla), por la inexistencia de un parque de vivienda protegida en alquiler asequible y por la aplicación especulativa de la Ley de Islas Verdes. El caso de Tijarafe es paradigmático: solo en este municipio se han solicitado licencias para más de 60 villas turísticas en suelo rústico, casi todas con piscina, y a estas se suman unas 290 viviendas vacacionales. La mayoría de promotores son inversores extranjeros o empresas radicadas fuera de la isla, de modo que los beneficios no revierten en la economía local. Entretanto, se encarecen el suelo, el agua y la vivienda hasta expulsar a los nativos del mercado. Lo mismo ocurre en Puntagorda y Garafía.
El sistema sanitario sigue incompleto. Numerosas especialidades no están disponibles en la isla, lo que obliga a los pacientes a desplazarse a Tenerife. Costes del transporte y del alojamiento de los acompañantes, retrasos en los diagnósticos, discontinuidad en la atención: todo ello pesa especialmente sobre enfermos crónicos, personas mayores y familias con menores.
La transición digital combina planificación tardía, ejecución lenta y presupuesto insuficiente. Avanzamos por inercia, no por estrategia.
La gobernanza está fragmentada, descoordinada y plagada de solapamientos. Cinco niveles institucionales con competencias entrelazadas (Unión Europea, Estado, Gobierno de Canarias, Cabildo y catorce ayuntamientos) generan parálisis. La planificación territorial acumula retrasos clamorosos. Para muestra un botón: Los Llanos de Aridane, primer municipio en número de habitantes, sigue rigiéndose por un Plan General de 1987, después de que el Tribunal Supremo anulara en 2015 el aprobado en 2010 y de que el procedimiento iniciado posteriormente caducara por superar los plazos legales de evaluación ambiental, obligando así al inicio desde cero en octubre de 2025. El Plan Insular de Ordenación y el Plan Hidrológico son otros ejemplos de procesos eternos y retrasos injustificados. Cuando se aprueben, ya estarán desfasados.
Una isla con futuro
Podemos seguir actuando como siempre y dejar que la inercia, el cortoplacismo y los ciclos electorales nos arrastren a la irrelevancia o bien asumir la urgencia del cambio y engancharnos al futuro que queremos. La transformación necesaria es profunda y exige una gobernanza participativa, con rendición de cuentas, coordinada y con visión de largo plazo. La isla debe apostar por un modelo autosuficiente, tecnológicamente avanzado y socialmente cohesivo.
El agua es la prioridad absoluta. Sin agua disponible en cantidad, calidad y precio adecuados no es posible el desarrollo agrario, industrial, turístico o poblacional. Hay que democratizar el Consejo Insular de Aguas y, al mismo tiempo, empoderarlo como autoridad real en la gestión de galerías, pozos y redes de distribución. Y hacerlo evaluando y revisando la Ley de Aguas si fuera necesario para reforzar el interés general en la gestión. Es imprescindible un programa urgente de reducción de pérdidas en las redes urbanas y agrarias, así como la transición hacia sistemas de regadío eficientes. No es asumible plantearse la producción industrial de agua mientras el sistema mantenga niveles de fugas, pérdidas, tan elevadas.
Necesitamos un modelo agroindustrial centrado en la producción local y en una mejor remuneración del mercado para los plataneros. Hay que potenciar políticas que incrementen el poder de negociación del plátano de Canarias unificando su comercialización bajo una única marca. La Palma tiene que ser una isla más soberana, despensa de Canarias. Un sello “Producto de La Palma” como elemento diferenciador, la reactivación de los mercados municipales públicos, un banco de tierras insular operativo y un programa de compra pública responsable que dé prioridad a los productos locales en comedores escolares, hospitales, residencias... Todas deben ser piezas estructurales de la estrategia.
Hay que apostar por una industria turística de alto valor, compatible con nuestro patrimonio natural y cultural: la Reserva de la Biosfera, los cielos astronómicos, el geopatrimonio volcánico, los paisajes agrarios únicos, la arquitectura atlántica, el mar... En definitiva, un turismo acorde con nuestro territorio y nuestra forma de vida, que son los activos diferenciales más valiosos y, paradójicamente, los más infrautilizados en la elaboración de cualquier nueva estrategia de destino.
Es imprescindible diseñar e implantar un sistema energético hacia el 100% renovable de aquí a 2050. Acometer las inversiones necesarias en la central térmica de Los Guinchos para dar respaldo y fiabilidad al sistema, potenciar las comunidades energéticas locales y el autoconsumo industrial y agrícola, y culminar la evaluación técnica de viabilidad del potencial geotérmico.
La gobernanza tiene que ser participativa, transparente y rendir cuentas. Las buenas decisiones nacen del debate abierto y del interés común, no de las presiones de unos pocos. Y la reconstrucción tras el Tajogaite, por encima de cualquier otra política, exige hoy esa transparencia.
Garantizar el bienestar real de las personas es otro eje central. Hay que ampliar el catálogo de especialidades del Hospital Universitario de La Palma, desarrollar un Plan Insular de Cuidados que integre servicios de atención a la infancia, personas mayores y personas con discapacidad, reforzar el servicio de ayuda a domicilio y articular una red de apoyo a las familias cuidadoras.
Es urgente desarrollar un Plan Insular de Vivienda que potencie la construcción de vivienda protegida en alquiler asequible, capaz de restar tensión al mercado, y revisar la aplicación de la Ley de Islas Verdes para evitar que siga operando como instrumento de especulación en suelo rústico.
Y hay que ampliar y modernizar la Formación Profesional Dual en los sectores de futuro, para retener talento joven y vincularlo a la transformación productiva de la isla.
Es posible una isla que viva de su territorio sin agotarlo, que genere prosperidad sin desigualdad, capaz de retener a sus jóvenes con talento, que se gobierne con transparencia, cercanía y visión de futuro.
Una isla que mire adelante, que confíe en su gente y que vuelva a creer en sí misma.