CC atribuye a la expresidenta del Cabildo de Lanzarote la condición de investigada tras denunciarla ante la Fiscalía
El director insular de Presidencia del Cabildo de Lanzarote, David Monte (Coalición Canaria), ha llevado a la Fiscalía a la expresidenta insular y diputada en el Congreso Dolores Corujo (PSOE). Los hechos denunciados se remontan a 2020, cuando Corujo estaba al frente del Cabildo tras diez años de gobierno del nacionalista Pedro Sanginés. Monte, según ha explicado a Canarias Ahora, ha denunciado supuestas irregularidades en la incorporación del exconsejero Juan Manuel Sosa al grupo de gobierno socialista. En su opinión, el objetivo habría sido garantizar la legislatura de Corujo y evitar supuestamente una moción de censura de CC y el PP.
Dolores Corujo fue citada para declarar como testigo este miércoles 10 de junio. El denunciante, que también ha sido abogado defensor de Pedro Sanginés, afirmó en diferentes medios de comunicación locales que la diputada socialista entró al juzgado como testigo y salió ''en calidad de investigada''. Sin embargo, preguntada por Canarias Ahora, la Fiscalía ha aclarado que todavía no hay ningún procedimiento abierto en los juzgados y que se están tramitando diligencias de investigación preprocesales “como consecuencia de una denuncia presentada por David Monte, director insular de la Presidencia del Cabildo”.
''Dolores Corujo estaba citada para declarar como testigo, pero en base a lo que ha declarado el denunciante y la documentación aportada, el fiscal investigador ha decidido suspender su declaración como testigo y le ha vuelto a citar como persona sospechosa que tiene derecho a ser asistida por abogado'', concretan desde la Fiscalía, y añaden que es muy ''prematuro hablar de imputación'' porque el caso está en fase preprocesal.
''Nosotros tramitamos esas diligencias preprocesales para determinar si hay indicios de delito y, en caso afirmativo, que la Fiscalía presente denuncia o querella en los juzgados. Si entendiéramos que no hay indicios de delito, archivamos nuestras diligencias de investigación, sin llegar al Juzgado'', insisten desde el Ministerio Fiscal.
Para tomar esa decisión, matizan, se practican diferentes diligencias como la declaración del denunciante, de testigos y, en su caso, de la persona denunciada, que no es imputada ni investigada aún porque ''no hay procedimiento judicial abierto''. ''En este trámite se habla de persona sospechosa'', aclaran.
Pretenden utilizar a la Fiscalía como arma política en su campaña electoral, preparándose para mayo de 2027
La razón por la que se ha vuelto a citar a Dolores Corujo como persona sospechosa es porque tiene derecho a ser asistida por un abogado. ''Esto se ha hecho exclusivamente para garantizar sus derechos. Es el único significado que se puede atribuir a ese cambio de condición'', afirma la Fiscalía. Para saber si hay o no indicios de delito y “no conculcar” los derechos de la expresidenta, se ha decidido recibirle declaración como persona sospechosa asistida por abogado.
La denuncia de Monte
En declaraciones a este periódico, David Monte subraya que él se limitó a trasladar en marzo unos hechos a la Fiscalía, y que es el Ministerio Público el que está determinando si son constitutivos o no de delito. Aunque afirma que no ha denunciado a nadie, sí reconoce que en su escrito apunta a un decreto de Presidencia firmado por Dolores Corujo. “Yo pongo en conocimiento de la Fiscalía estos hechos y, en concreto, la existencia de un decreto que, en mi opinión, intentó blindar la situación económica del consejero Juan Manuel Sosa sin derecho a ello”, resume.
Juan Manuel Sosa fue consejero de Sanidad y Planificación Sanitaria en el Cabildo de Lanzarote. Formaba parte del partido San Borondón, que en las elecciones a la corporación insular de 2019 concurrió conjuntamente con Coalición Canaria (CC). Por ello, formaba parte del Grupo Nacionalista en el pleno. En noviembre de 2019, San Borondón anunció su ruptura con CC al considerar que no habían sido tratados como socios, sino como “enemigos”. Después, pasó a formar parte del gobierno socialista.
Esto se ha hecho exclusivamente para garantizar sus derechos. Es el único significado que se puede atribuir a ese cambio de condición
Según Monte, los cobros de Sosa podrían ser constitutivos de un delito de “prevaricación o de malversación”. Sosa, médico en el Servicio Canario de Salud, “venía cobrando por la asistencia a plenos cuando solo pueden cobrar por esto los consejeros que no tienen dedicación exclusiva, es decir, los que están en la oposición”, subrayó a la SER.
Su incorporación al gobierno impedía la posibilidad de que se pudiera presentar una moción de censura contra Corujo. El 13 de mayo de 2021, Sosa presentó una denuncia en la que aseguraba que Sanginés le exigió que renunciara a su acta de consejero en el Cabildo de Lanzarote, amenazándole con interponer una querella en su contra por seguir cobrando su sueldo como portavoz de CC. La Audiencia de Las Palmas ordenó entonces al Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife que investigara si el dirigente nacionalista había coaccionado al consejero para facilitar su regreso al gobierno. La denuncia se archivó.
“Utilizar a la Fiscalía como arma política”
La secretaria general del PSOE en Lanzarote ha tachado de “intolerable” que se mienta sobre su situación procesal. Además, ha expresado su rechazo ante el uso de la Fiscalía “para campañas políticas con denuncias falsas”. “Pretenden utilizar a la Fiscalía como arma política en su campaña electoral, preparándose para mayo de 2027”, ha aseverado. La líder socialista ha manifestado su convencimiento de que está denuncia no prosperará: “Tengo total confianza en que la investigación de la Fiscalía acreditará plenamente la legalidad de mis actuaciones”.
Venía cobrando por la asistencia a plenos cuando solo pueden cobrar por esto los consejeros que no tienen dedicación exclusiva
Por su parte, el Cabildo de Lanzarote emitió durante la tarde de este miércoles un comunicado en el que insistía en que David Monte había comparecido ante la Fiscalía como director insular de Presidencia y asesoría jurídica del Cabildo de Lanzarote, dentro de las funciones que tiene atribuidas, y no en calidad de abogado de ninguna formación política. En la aclaración, no matiza las afirmaciones en las que aseguró que Corujo estaba “investigada”.
David Monte fue nombrado nuevo director insular del Área de Presidencia el 31 de diciembre de 2025, para “fortalecer el asesoramiento legal y la seguridad jurídica de la institución”, así como “garantizar el rigor en la toma de decisiones y la correcta defensa del interés general”. Entonces, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, subrayó que “la experiencia profesional y la formación especializada” de Monte suponen un “valor añadido para el funcionamiento interno del Cabildo y para seguir avanzando en una gestión responsable, transparente y eficaz”.
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