Volver a votar con el dolor y la rabia

Hace 22 años, en los atentados del 11M en Madrid, murieron 193 personas: 192 en los ataques perpetrados contra los trenes de Cercanías el 11 de marzo de 2004 y una más, un agente de las fuerzas de seguridad, durante la operación policial en Leganés, cuando los terroristas, cercados por los agentes, se inmolaron.

En enero de este año, el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) dejó un balance de 46 fallecidos. El accidente ferroviario de Urda (Toledo) eleva provisionalmente la cifra a 69 víctimas mortales.

Hace 22 años votamos con dolor, pero sobre todo con rabia. No fueron accidentes. Fueron bombas y una mentira miserable lanzada desde el Gobierno de Aznar, que culpó a ETA para no reconocer que el protagonismo de su líder en la guerra que destruyó Irak, justificada con la mentira de las armas de destrucción masiva, había tenido consecuencias dramáticas. Aznar sigue siendo el líder espiritual de su partido. Entonces solo pudimos castigarlo en las urnas. Nadie dimitió y todavía hay algún medio de comunicación, o algún director de medios, que sigue justificando la atribución de aquellos atentados a la Orquesta Mondragón.

Este año han fallecido, hasta ahora, 115 pasajeros en dos accidentes que han puesto de manifiesto que los sistemas de seguridad no funcionan como deberían. Que los mecanismos de control fallan y que las instrucciones y órdenes dirigidas a la conductora, además, evidencian un machismo paternalista impropio del rigor y la eficiencia que se les supone a quienes tienen responsabilidades de supervisión.

Los afectados somos todos. Toda la población española, y especialmente las víctimas y sus familias, exige respuestas, pero no solo declaraciones: demanda acciones. Es necesaria una revisión profunda de un sistema y de un modelo de gestión que no funcionan. Que matan. Y no una sola vez, sino repetidamente. Un sistema que ha empeorado con la privatización, en contra de lo que se nos decía sobre las supuestas bondades de la gestión privada. Y no es el único caso.

No bastan horas y horas de explicaciones. Una vez puede ser suficiente para escuchar las explicaciones; la segunda ya no queremos más discursos: queremos soluciones. Queremos recuperar para la gestión pública un servicio que no debió privatizarse, porque el beneficio económico no puede ponerse por delante de la vida de personas inocentes.

En este caso, el Gobierno, que asegura que va a solucionar el problema, no anuncia la recuperación de la gestión pública del servicio de control ferroviario. La privatización de servicios vinculados a la seguridad y al funcionamiento de la red, con el respaldo de los votos del PSOE, el PP y Ciudadanos, exige una revisión que no se está planteando con la contundencia necesaria. El Gobierno defiende su gestión y el incremento de inversiones en las red ferroviaria y demuestra así que existe otro problema endémico, heredado de la época de Mariano Rajoy: la insuficiencia de los fondos destinados al mantenimiento de la red ferroviaria. Eran los años del rescate bancario y del saqueo de la hucha de las pensiones.

Es hora de poner fin también a las puertas giratorias que terminan colocando a responsables políticos de las privatizaciones en los consejos de administración de empresas que fueron levantadas con dinero público y que hoy constituyen el negocio de unos pocos. Se trata de servicios estratégicos y fundamentales para el país, como la energía, las telecomunicaciones o las infraestructuras, pero también de otros ámbitos en los que se avanza de forma más silenciosa, como la educación o la sanidad ¡y el sistema de pensiones!

¿Por quién doblan las urnas? Solo una respuesta contundente podrá transformar el voto del dolor y la rabia en un voto de esperanza. Y lo saben tanto los partidos que gobiernan como los de la oposición, que tampoco hablan de recuperar la gestión pública ni pueden presentar una trayectoria impoluta mientras sigan sin depurarse responsabilidades por las muertes de los 4.000 pacientes de hepatitis C a quienes se negó el tratamiento; las víctimas del Yak-42; el desastre del Prestige; los 193 fallecidos en los atentados del 11M; las 82 víctimas del accidente del tren Alvia en Galicia; las víctimas del metro de Valencia; la dantesca agonía y muerte de 7.291 residentes en centros de mayores de Madrid, abandonados a su suerte por un protocolo que les negó la asistencia hospitalaria; y, más recientemente, las 228 víctimas de la tragedia de la DANA, mientras algunos responsables disfrutaban de un almuerzo en El Ventorro.

Francamente, el currículum es aterrador. La falta de credibilidad y la insolvencia de quienes afirman tener la solución, mientras utilizan el dolor de las víctimas, resultan insoportables.

Volveré a votar con dolor y rabia, pero también con la esperanza de que algún día podamos iniciar un camino diferente, más esperanzador. Un camino en el que no tenga que escuchar los rebuznos ni contemplar los amenazadores dientes de las motosierras que algunos exhiben para amputar derechos y servicios públicos (incluida la mejora de las redes ferroviarias y su seguridad), perjudicando principalmente a quienes más los necesitan, a las personas más vulnerables que aspiran, sencillamente, a una vida mejor o, por lo menos, no morir en el intento por negligencia o accidentes que pudieron evitarse.