París no arde, lo que arde es la ruptura del pacto intergeneracional

Veinte años después de que las llamas de Clichy-sous-Bois iluminaran las afueras de París, el fuego ha vuelto a prender, pero esta vez el combustible es distinto. Ya no es solo la cólera de los hijos de la inmigración postcolonial en los banlieues. Es una generación entera, la Generación Z, que ha tomado las calles de Francia, Italia, España, Portugal y Bélgica con una consigna que trasciende fronteras: el futuro que les prometieron ya no existe.

Lo que comenzó como una protesta estudiantil en un instituto parisino se ha convertido en la ola de disturbios más violenta que Francia ha visto en años. El balance del fin de semana es desolador: más de medio millón de manifestantes, 2.000 detenidos, 1.500 comercios saqueados o destruidos y daños que ascienden a “cientos de millones de euros”. El ayuntamiento de Limoges ardió. Lyon vio su oficina de turismo convertida en cenizas. París amaneció con un olor a quemado que recordaba a los peores días de 2005, pero con una diferencia crucial: los protagonistas ya no son solo los jóvenes de los suburbios. Son estudiantes de secundaria, universitarios, trabajadores precarios y, cada vez más, menores de edad.

En 2005, el artículo original de este periódico explicaba los disturbios a través de la teoría de la privación relativa: la brecha entre lo que uno cree merecer y lo que realmente tiene. Esa brecha se ha ensanchado hasta convertirse en un abismo. La profesora Máriam Martínez-Bascuñán lo describe con precisión: “Hay una generación de jóvenes incapaz de proyectar un porvenir. Esto tiene que ver con la ruptura de la promesa democrática, con la idea de que te vas a esforzar y vas a tener un lugar en el mundo”.

El acceso a la vivienda y a la educación superior se ha convertido en un privilegio, no en un derecho. En Francia, el coste de los estudios ha aumentado un 30% desde el inicio de la era Macron, mientras la calidad de la educación pública se deteriora. En España, las acampadas por la vivienda se multiplican. En Italia, los jóvenes protestan contra un mercado laboral que los condena a la precariedad perpetua. La privación relativa ya no se mide contra el vecino del barrio, sino contra una expectativa de vida adulta que se desvanece.

El modelo francés de integración, que en 2005 exigía a los inmigrantes olvidar su cultura de origen para volverse “franceses”, ha fracasado de manera estrepitosa. Pero la exclusión ya no es solo racial o étnica. Es generacional. Los jóvenes de los suburbios—y cada vez más los de clase media empobrecida—descubren que, incluso cumpliendo con las reglas del juego, el ascensor social está averiado.

La novedad de 2026 es que esa exclusión ha encontrado un nuevo lenguaje: el digital. Los Mossos d'Esquadra han documentado cómo la red “Blocus” —heredera directa de los bloqueos de institutos franceses— coordinó los disturbios de Barcelona a través de TikTok, WhatsApp y Telegram. Cuentas anónimas con pocos seguidores viralizaron carteles generados con inteligencia artificial, redirigieron a grupos privados y distribuyeron instrucciones precisas: qué llevar (pasamontañas, sprays, bengalas), a qué comercios atacar (Louis Vuitton, Apple, Rolex), cómo evitar la identificación.

La investigación de Golden Owl alerta de que esta red ya tiene presencia en 18 localidades españolas de 11 comunidades autónomas, con convocatorias fechadas en 13 de ellas. Lo que en 2005 era un fenómeno localizado en los suburbios parisinos, hoy es una red transnacional que se propaga “como la pólvora” a través de las redes sociales, como señala la activista María González Acosta.

En 2005, el artículo original denunciaba cómo los medios construían la realidad, etiquetando a los jóvenes como “chusma, canallas y delincuentes”. Esa criminalización mediática persiste, pero ahora compite con un fenómeno nuevo: la mediatización de la revuelta como espectáculo global.

Las imágenes de París en llamas circulan por TikTok e Instagram en tiempo real. Un joven en Milán ve los saqueos de la plaza de la República y decide que él también puede hacerlo. Un adolescente en Barcelona ve los enfrentamientos en Lyon y replica las tácticas. La profesora Martínez-Bascuñán lo llama “efecto contagio”, y advierte que “no es la primera vez que se produce—ya lo vimos en 2011 con la plaza Tahrir, el 15-M o Occupy Wall Street—, pero, sobre todo, este contagio tiene una base común”.

El problema es que ese contagio no siempre es democrático ni deliberativo. En los grupos de Telegram y WhatsApp intervenidos por la policía catalana, junto a mensajes que reclamaban una protesta pacífica, convivían llamadas explícitas al saqueo y a la violencia: “Vamos a entrar en Apple”, “A Hermes y a Rolex”, “Cuando vean a 100 encapuchados entrando a la tienda se van a cagar”. La frontera entre la indignación legítima y el vandalismo organizado se difumina, y los medios—tanto los tradicionales como los algoritmos—amplifican ambas por igual.

Las políticas de tolerancia cero que en 2005 se aplicaban a los jóvenes de los suburbios hoy se extienden a toda una generación. En Francia, el primer ministro Sébastien Lecornu ha ordenado toques de queda parciales y el despliegue de fuerzas militares para reforzar a la policía. En Italia, el gobierno de Giorgia Meloni ha aprobado medidas de seguridad “duras” y ha desplegado soldados en Milán. En España, los Mossos investigan a los administradores de las cuentas que convocaron los disturbios y han detenido a 128 personas, 72 de ellas menores de edad.

La paradoja es cruel: se criminaliza a los jóvenes por reaccionar ante un sistema que los ha abandonado. El artículo original de 2005 citaba a Fadela Amara: “¿Qué significa integrarse cuando uno ha nacido en Francia?”. Veinte años después, la pregunta sigue sin respuesta, pero se ha ampliado: ¿Qué significa ser ciudadano cuando el Estado te trata como una amenaza antes que como un sujeto de derechos?

El ministro de Economía francés, Roland Lescure, ha prometido que “quienes causen destrozos pagarán”. Pero nadie pregunta quién pagará la factura de una generación entera que ha visto cómo se le negaba el acceso a la vivienda, al empleo estable, a la educación de calidad y, sobre todo, a la esperanza.

En 2005, el artículo original concluía preguntándose “qué significa a partir de ahora ser un buen ciudadano frente a la mala voluntad política”. La respuesta, veinte años después, es inquietante: para muchos jóvenes, ser un buen ciudadano ya no significa obedecer, sino resistir.

Las algaradas de 2026 no son una repetición de las de 2005. Son su consecuencia lógica. La chispa que encendió la cólera entonces—la muerte de dos adolescentes perseguidos por la policía—ha sido sustituida por una certeza más profunda y más corrosiva: la de que el sistema no va a cambiar por las buenas. La Generación Z ha aprendido la lección de sus mayores: las promesas incumplidas se acumulan, los gobiernos van y vienen, y las injusticias permanecen.

Lo que arde en París, en Roma, en Barcelona o en Lisboa no son solo coches y contenedores. Es la legitimidad de un orden social que ha roto su pacto con quienes venían detrás. Y mientras esa legitimidad siga ardiendo, ninguna política de tolerancia cero, ningún toque de queda y ninguna condena mediática podrá apagar el fuego.