“Evaluar a través de informes económicos y jurídicos la posibilidad de cambiar la gestión del servicio de transporte sanitario terrestre, incluida la opción de gestión directa por parte del Gobierno de Canarias, dada la insatisfacción de la actual prestación”. Esta enmienda de modificación, presentada por Nueva Canarias (NC), ha permitido aprobar por unanimidad en la comisión de Sanidad del Parlamento regional una iniciativa promovida por el sindicato UGT y presentada en la Cámara por el PSOE, Podemos y Agrupación Socialista Gomera (ASG) que, en principio, planteaba que la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad (GSC) asumiera de forma directa el servicio de ambulancias, hasta ahora en manos privadas gracias a las prórrogas de un contrato anulado por la justicia en 2012 y mantenido en precario desde 2015, la fecha en la que debió vencer.
Los grupos proponentes han aceptado la enmienda de NC a pesar de que el acuerdo no cumplía sus expectativas iniciales, al valorarlo como “un paso adelante” hacia la internalización del servicio.
La portavoz de NC en la comisión, Esther González, ha explicado que su grupo considera indispensable disponer de los datos de los estudios para plantearse la posibilidad de revertir la gestión de un servicio que, ha asegurado, “es esencial y tiene deficiencias”. La diputada nacionalista ha recordado que los servicios son públicos “en función de quien tiene las competencias y quien los paga, no de quien lo gestiona” y, por ello, ha lamentado que se hable de privatización. “Es un servicio público esencial que está siendo gestionado por una empresa privada, al igual que muchos otros”, ha señalado González, que ha puesto como ejemplo de externalización eficiente el caso del transporte interurbano en la isla de Gran Canaria.
Tampoco ha compartido la apreciación, recogida en el tenor literal de la Proposición no de Ley (PNL), sobre el rescate del servicio. La portavoz nacionalista ha recordado que solo se puede rescatar una concesión administrativa y que, en el caso de las ambulancias, se trata de un contrato que, en todo caso, habría que rescindir. “Hay una diferencia y hay que ser precisos”, ha manifestado. González sostiene que el caos en el servicio no está vinculado con el modelo de gestión, sino con la falta de control sobre las condiciones establecidas en el contrato, y que la experiencia en casos “concretos y recientes” de internalización, en referencia a Baleares, ha demostrado que la gestión directa puede ser más cara.
El portavoz de Podemos, Juan Márquez, ha aceptado el acuerdo a regañadientes. “Nos hubiera gustado que (la devolución del servicio a manos públicas) fuera inminente”. El discurso del diputado de la formación morada ha sido el más contundente. Ha hablado del “triunfo del capitalismo” tras denunciar que sean necesarios informes para aplicar lo que, en su opinión, debe ser la regla general, que la prestación de servicios públicos sea asumida directamente por la administración: “Tenemos que estar continuamente justificándonos. Obviamente que los servicios públicos tienen que ser de gestión directa. Si no, corremos el riesgo de convertir la administración en una oficina de derivaciones (…) Es una decisión política, no económica”.
“¿Por qué es más rentable el modelo privado? Que me lo expliquen los neoliberales, pero dudo que pueda serlo con los márgenes de beneficio que tienen las empresas. Si hay rentabilidad, es porque se ofrece un peor servicio o porque se hace a través de la precarización de los trabajadores”, ha añadido.
Esa precariedad laboral conforma, según el socialista Marcos Hernández, “el trasfondo” de la PNL presentada este jueves en la comisión. Para el diputado lanzaroteño, los informes deben dirimir si esa precariedad está vinculada con “la no asunción de un servicio directo por parte de GSC, empresa que precisamente nace para prestar el servicio y luego externaliza” o con la ausencia de “un recorrido exhaustivo para analizar si el contenido de las licitaciones se está cumpliendo en su conjunto”.
Hernández ha reconocido que el acuerdo transaccional planteado por NC no colma las expectativas socialistas, pero supone “un primer paso para profundizar” en el cambio de gestión de un servicio “clave para eliminar cuellos de botella frente a las listas de espera sanitaria”. El diputado socialista también ha cuestionado los incumplimientos de las empresas adjudicatarias en materia de contratación, en concreto con respecto a los Técnicos de Emergencias Sanitarias (TES), a quienes no se les reconoce como personal sanitario y se les equipara a las categorías profesionales de conductor o camillero.
Melodie Mendoza (ASG), portavoz del tercer grupo proponente, el mixto, ha aclarado que, en caso de que se internalice el servicio, los trabajadores subrogados no serían funcionarios, puesto que se rigen por el convenio colectivo de la empresa pública en la que empezarían a prestar servicios y no por el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), que fija el acceso a las administraciones bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad. Con respecto a la propuesta, la diputada gomera ha recalcado que se trata de una iniciativa que proviene de los propios trabajadores, “profesionales comprometidos con los ciudadanos”. “Vale la pena, solo vemos ventajas”, ha dicho Mendoza, que ha prometido rectificar si los estudios demuestran que su partido estaba “en la postura equivocada”.
La enmienda ha contado también con el apoyo de CC y PP, los dos partidos que, hasta la fecha, se han mostrado más reticentes a devolver el servicio a manos públicas. El popular Zacarías Gómez considera que se trata de “un debate ideológico” y aboga por “ser cautos” y ampararse en estudios económicos. “No queremos aprobar una PNL para ponernos de perfil dentro de dos meses y decir que no podemos cumplir”, ha apuntado el diputado del PP, que ha instado al resto de los miembros de la comisión a ampliar la mira y estudiar lo que ocurre en otras comunidades autónomas, como por ejemplo Andalucía, “gobernada durante años por el PSOE”, donde el servicio se mantiene externalizado.
Guadalupe González Taño (CC), por su parte, ha afirmado que su grupo apoya que se haga un estudio de estas características, pero no que se paralice la licitación, el concurso convocado el 28 de enero. La diputada nacionalista ha recordado que durante esta legislatura se planteó un conflicto laboral que se resolvió en octubre con el fin de la huelga gracias a un acuerdo que contemplaba, entre otras cuestiones, un compromiso para el cumplimiento del convenio colectivo, una subida salarial, un incremento de plantilla o una reducción de los contratos temporales. Para González Taño, ese acuerdo sindical debe ser el marco en el que se desarrolle la licitación. “Después hay que incrementar los medios para que las empresas cumplan, estar muy encima de ellas, vigilantes”, ha concluido.