El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tendrá que pagar 421 millones de euros por el Plan General de 2000
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 27 (EUROPA PRESS)
El concejal de Ordenación del Territorio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Néstor Hernández, ha afirmado este miércoles que el Consistorio deberá pagar 421 millones de euros por el Plan General de 2000, según manifestó durante una rueda de prensa.
“En un determinado momento, el actual equipo de Gobierno intentó hacer acopio de expedientes dispersos, y ese acopio da como resultado que, a día de hoy, son 421 millones de euros. Esa es la cifra de lo que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tendrá que pagar con distintos ritmos en aplicación del Plan General del 2000”, dijo.
Hernández apuntó que, teniendo en cuenta que el presupuesto municipal ronda los 300 millones de euros, se trata de un pago “insostenible” desde el punto de vista económico, entendiendo que cuando se practica un urbanismo “alegre” --en relación a las anteriores Corporaciones capitalinas-- sin un estudio económico-financiero serio que lo acompañe, “al final la puesta de resultados es una deuda de 421 millones de euros”.
En concreto, el concejal apuntó que los grupos de gobierno anteriores se “lanzaron” a ocupar terrenos sin respetar los derechos de los propietarios por haber determinado que las parcelas tenían un uso distinto al inicialmente previsto.
PAGOS
A día de hoy, por resoluciones judiciales firmes, el Ayuntamiento tendría que pagar 3,8 millones de euros; por resoluciones judiciales firmes que determinan la indemnización, 551.000 euros; por resoluciones judiciales firmes que determinan el inicio de la expropiación, 7,8 millones; y por acuerdos del extinto jurado provincial de expropiación forzosa, 23 millones de euros.
Además, en los acuerdos pendientes por la Comisión de Valoración de Canarias, 6,6 millones; y por los terrenos que han sido ocupados y que existe valoración del Ayuntamiento, 1,7 millones.
Así, habrá que pagar 2,8 millones de euros por el justiprecio iniciado por los particulares que consideran deben ser expropiados; 1,2 millones por cuotas por gastos de urbanización; 1,6 millones en interesas fijados por las sentencias; 1,2 millones establecidos por el jurado de la Comisión de Valores de Canarias; mientras que por las resoluciones judiciales pendientes, pero en las que ya ha habido sentencias, la cifra podría ascender hasta los 188 millones de euros.
“No estoy interesado --añadió el concejal-- en hablar más del pasado ni dónde está la responsabilidad, que en algún momento abordarán los ciudadanos. Debemos tomar conciencia de que ésta ha sido una práctica insostenible”.
AFRONTAR CERCA DE 170 MILLONES POR EL RINCÓN
Respecto a la petición de expropiación de los vecinos propietarios del Rincón y la subida de Chile, que solicita 152 millones de euros los primeros y 15,8 los segundos, Hernández explicó que el Ayuntamiento está sufriendo una “avalancha” de los dueños del suelo que se ven afectados por sistemas generales.
“Evidentemente, las dos solicitudes las consideramos abusivas, por lo que debemos dar algo de tranquilidad. Tal es así, que frente a lo que valoran en 15,8 millones --en el caso de Chile--, en Ayuntamiento lo hace en 920.000 euros”, dijo.
Con todo, Hernández entendió que los propietarios están su derecho de hacer las reclamaciones que crean oportunas, aunque el Consistorio planteará que los vecinos están equivocados e intentará tener la razón en sede administrativa o jurisdiccional. “No obstante --añadió--, sea una cifra o sea otra, estamos convencidos de que será menos de lo que piden los propietarios”.
Finalmente, el concejal apuntó que el Consistorio no tiene capacidad para absorber un gasto de estos gastos, los 421 millones del Plan General de 2000 y los hasta 170 millones que reclaman los propietarios de la zona de El Rincón y Chile.
Cuestionado sobre cómo se va a hacer frente este gasto, explicó que “no se sabe” más allá de lo que el Ayuntamiento está haciendo, que es adecuar el Plan General a la realidad económica y financiera, pedir un préstamo para dedicar gran parte del mismo a los pagos en materia urbanística, y que en cada presupuesto anual se pongan partidas que permitan ir pagando progresivamente.
