La polémica en torno al Parque Tecnológico de Gran Canaria vira desde la búsqueda de suelo donde ubicar los edificios, a las relaciones entre el Cabildo grancanario y la ULPGC, pasando por los “quiosquetes” donde sacar “la foto”. La adquisición, por parte del Gobierno insular, del 51% de las acciones de la sociedad Parque Tecnológico de Telde S.A. (PTT) para convertirla en la gestora de todos los complejos de I+D+i de la isla ha sido aprobada por el Pleno de la institución este martes, con los votos a favor de PP y CCN, la abstención de los dos consejeros de CC y la negativa de PSOE y NC. La iniciativa, no obstante, ha levantado las críticas de la práctica totalidad de la oposción, que dice sentirse “engañada” por el grupo de gobierno.
Antonio Hernández Lobo, consejero de CC, ha roto el hielo aludiendo a la falta de contactos con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) a cuenta, no solo de la gestión de los complejos tecnólógicos, también del fututo de la Fundación Parque Científico y Tecnológico en la que participan Gobierno de Canarias, Cabildo y la Universidad. “Se deben acercar posturas con la ULPGC y el Gobierno de Canarias para un tema de tanto interés”, ha dicho. Sin más, lo que ha pedido el consejero ha sido “consenso generalizado”, tras la aprobación por unanimidad, el pasado 28 de octubre, de una moción presentada por los populares para para unificar los distintos entes existentes en la isla.
Ahí, según los consejeros de PSOE y NC, Carolina Darias y Román Rodríguez, estaba la trampa. “Traicionaron nuestra voluntad”, ha espetado el líder de NC; “nos engañaron”, reiteraba la portavoz socialista. Y todo a cuenta del liderazgo. El presidente de la institución insular, José Miguel Bravo de Laguna, ha achacado a los consejeros ajenos al grupo de gobierno que lo que no es razonable es que, mientras la inversión del Cabildo es igual a la de la ULPGC (30.000 euros, cantidad con la que también contribuye el Gobierno regional), la institución académica cuenta con cuatro sillones de los seis disponibles en el Patronato de la entidad. El Gobierno insular reclama igualdad y por eso rechaza utilizar la fundación como ente para unificar los parques.
La otra solución, tal como se ha aprobado en el Pleno, es hacerse con el control de una nueva sociedad en la que se integren el resto de entidades. Esto presenta dos problemas. En palabras de la propia vicepresidenta y consejera de Economía y Hacienda, Rosa Rodríguez, “la Universidad no quiere nada que ver con el PTT”. Así zanjaba la cuestión sobre si había habido o no contactos con la institución científica. En segundo lugar, la sociedad cuya participación mayoritaria prevé adquirir el Cabildo es una sociedad “fantasma”, “al borde de la disolución”, según Darias, que no presenta cuentas desde 2010 y que, desde su fundación en 2003, solo ha registrado pérdidas anuales.
“No sabemos a quién se van a comprar las acciones, por cuánto”, ha resaltado la portavoz socialista. La situación hace pensar que el Cabildo adquirirá la participación del Instituto Tecnológico de Canarias que, según Darias, “está loco por soltarlas”. Uno de los motivos de esa urgencia es la reducción, por parte del Gobierno regional, del número de sociedades públicas, tal como ha ordenado el Gobierno central. En cuanto al coste, si bien se desconoce el precio de las acciones, sí se sabe que la empresa arrancó con un capital social de 60.000 euros, si bien su patrimonio neto se reduce a algo menos de 38.000 euros en 2010.
“¿Quien va a pagar el suelo?”
La adquisición de PTT presenta un nuevo dilema en la gestión de los complejos tecnológicos en Gran Canaria. Mientras la fundación cuenta con edificios proyectados o en funcionamiento en Tafira (LPGC), Taliarte (Telde), Gáldar, Arucas y San Cristóbal (LPGC), la sociedad PTT carece de infraestructuras, lo que exige liberalizar suelo. “¿Quien le va a pagar el suelo al Ayuntamiento de Telde para hacer algo allí? ”, ha recalcado Darias.
Para la vicepresidenta, la negativa de la ULPGC a implicarse en el nuevo proyecto se debe a que “la Universidad piensa en el Campus”, cuando el Cabildo piensa en toda la isla. “Es la universidad la que se está desmarcando de todo esto”, ha insistido, pese a que Bravo de Laguna ha acertado a aclarar que la posición del Cabildo es de “máxima colaboración y cooperación”. “Otra cosa es que discrepe con el rector en algunas cuestiones”, ha apostillado.