La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial de Canarias convocará en diciembre la Comisión Mixta sobre Costas. Así lo ha acordado el consejero regional, José Antonio Valbuena, con la Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas (PCALC) durante una reunión que ha tenido lugar esta semana.
Según informa el Gobierno canario, se trató de un encuentro en el que han estado presentes el propio Valbuena, el viceconsejero de Planificación Territorial, Leopoldo Díaz; y el presidente y la jurista de la plataforma, José Luis Langa y Ana Delia Ramayo, respectivamente.
Por su parte, la convocatoria de esta Comisión es de uno de los compromisos del protocolo firmado en el año 2016 por parte de la extinta Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad y la Asociación Canaria en Defensa de los Intereses de los Afectados por la Ley de Costas.
Aquí, Valbuena recordó que su compromiso inicial fue convocar esta comisión una vez se cerrara el acuerdo de la transferencia de competencias, por lo que nos encontramos en disposición de oficializar este organismo, incluyendo a Fecam y Fecai, para trabajar conjuntamente y hacer labores de seguimiento.
Analizar las competencias que asumirá Canarias
La reunión sirvió, entre otros asuntos, para analizar las diferentes competencias que Canarias asumirá a partir del 1 de enero de 2023 y para recabar información sobre los distintos expedientes que se transferirán desde el Estado al Ejecutivo regional para su posterior análisis y tramitación.
Al respecto, el consejero recalcó que la interpretación de la Ley de Costas nacional seguirá siendo la misma, ya que no se puede hacer ningún tipo de reinterpretación, pero con una mayor sensibilidad y cercanía en los procedimientos.
En la reunión, Langa explicó a Valbuena que, como consecuencia de la reforma de la Ley de Costas, en 2013, la Dirección General habilitó un plazo para que los ayuntamientos enviaran información a Madrid en la que constara los servicios esenciales de los que están dotados los núcleos poblacionales consolidados.
“Los ayuntamientos que hicieron los deberes -apuntó Langa- lograron la desafección por parte de Costas; pero muchos ayuntamientos no enviaron la información y, por ello, ahora nos encontramos con que Costas quiere derribar núcleos que se consideran consolidados, y a falta de otras opciones hemos tenido que judicializar las causas para parar los derribos”.
Agregó aquí que “es el momento de activar esta Comisión Mixta, que se firmó con el objetivo de evitar lo que pasó en 2013, toda vez que a partir del 1 de enero de 2023 Canarias va a tener las competencias en materia de gestión y ordenación del litoral”.
“La ley sigue siendo la misma y tenemos que actuar dentro de la legalidad, pero si ponemos sobre la mesa caso por caso los núcleos afectados por Costas y hacemos bien el trabajo, con la sensibilidad que requiere este territorio, estimaremos que, con la ley en la mano, muchos de ellos cumplen los requisitos de núcleos urbanos consolidados, pues forman parte de la historia del pueblo canario”, matizó.
Finalmente, Valbuena, por su parte, recordó que está recopilando con ayuntamientos y administraciones implicadas toda la documentación al respecto, información que también ha solicitado a la PCALC, con el fin de conocer la realidad de cada zona y así poder actuar en consecuencia.