El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este martes un decreto que modifica el sistema de adjudicación de la vivienda pública, de manera que el sistema de sorteo se sustituye por una baremación por circunstancias sociales, económicas y familiares, además de que se incluye como requisito la residencia en las islas durante al menos diez años continuados o quince de forma discontinua.
Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, ha señalado en rueda de prensa que a partir de la entrada en vigor de este decreto, lo que ocurrirá una vez sea informado por el Consejo Consultivo, la vivienda pública promovida por el Gobierno de Canarias se adjudicará según la situación social y económica y la composición y circunstancias familiares de las personas solicitantes.
Para el acceso a una vivienda pública se establece un registro público único y se exigen criterios de “arraigo y residencia”, de manera que será necesario acreditar diez años de residencia continuada en Canarias o quince años en caso de residencia discontinua.
Los adjudicatarios, según la información facilitada, estarán obligados a usar la vivienda como domicilio habitual y permanente.
Otra novedad es el incremento de los cupos para grupos protegidos en el acceso a la vivienda.
Los jóvenes pasan de un cupo del 5% a uno del 20%; los mayores de 65 años 5% al 10%; las personas con limitaciones funcionales del 5% al 10%; y las víctimas de violencia de género del 5% al 8%.
Se trata de “priorizar a los colectivos más vulnerables y con mayor necesidad de vivienda”, ha indicado el consejero.
Además, el decreto define y regula como nuevos modelos constructivos aptos para vivienda pública las viviendas prefabricadas y modulares.
“Estamos ante una auténtica emergencia habitacional y es necesario innovar en todo lo relacionado con la vivienda industrializada, que nada tiene que ver con infraviviendas, sino con viviendas modernas, dignas y adaptadas a nuestro territorio”, ha afirmado Pablo Rodríguez.