La cumbre sobre el nuevo sistema de financiación autonómica que ha propuesto el Gobierno, celebrada la mañana de este miércoles entre la vicepresidenta María Jesús Montero y los consejeros autonómicos de Economía, ha terminado con el rechazo a la propuesta de todas las comunidades, salvo Catalunya. Esto significa para Canarias, que si permanece el sistema de financiación autonómico en lugar de la propuesta que hace el actual Ministerio de Hacienda le supondría al Archipiélago perder 611 millones de euros extra al año, tal y como manifestó este martes el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
La práctica totalidad de los consejeros autonómicos han expresado a Montero su desacuerdo con el nuevo sistema, y también su malestar por que fuera el líder de ERC, Oriol Junqueras, quien lo anunciara tras reunirse con Pedro Sánchez en La Moncloa.
La reunión ha terminado poco antes de las 14:30 horas tras de más de cuatro horas de debate, centrado fundamentalmente en que Montero expusiera los detalles del nuevo sistema, que necesitaría la mayoría absoluta en el Congreso para entrar en vigor.
Solo la consellera catalana de Hacienda, Alicia Romero (PSC), se ha expresado de acuerdo con el nuevo sistema a su salida de la reunión: “Se abre ahora un período de negociación de un modelo” que abre una oportunidad de 21.000 millones para que “todas las comunidades ganemos”, ha dicho.
El consejero de Economía y Hacienda de Murcia, Luis Alberto Marín, o la consejera de Madrid, Rocío Albert, han expresado tras el encuentro, en declaraciones a los periodistas, que todas las comunidades autónomas participantes en el encuentro, salvo Catalunya, han manifestado su desacuerdo.
Albert ha advertido de que el sistema no va a salir adelante en el Congreso, porque la norma que lo regula no recibirá apoyos suficientes, ya que “ni siquiera cuenta con el apoyo de sus socios de Gobierno, ni con el acuerdo de los socios de investidura, ni con el de ninguna comunidad autónoma, salvo Catalunya”.
“¿Cómo va a aprobar este acuerdo”, se ha preguntado la consejera madrileña. En la misma línea se han pronunciado el consejero gallego Miguel Corgos, o la extremeña, Elena Manzano, ambos del PP.
“Muy decepcionante” y sin explicaciones “sobre un modelo negociado a nuestras espaldas”, ha dicho Corgos, mientras que Manzano ha hablado de la vulneración del principio de igualdad entre los españoles recogido en la Constitución y la falta de respeto institucional por parte de la ministra.
A los consejeros del PP, como los ya citados y otros, se han sumado en el rechazo del modelo otros socialistas.
El responsable económico del ejecutivo socialista de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha declarado que ha salido “más decepcionado” de como entró a la reunión, ante un modelo que fomenta la desigualdad y traslada a las autonomías “el chantaje” de los independentistas.
Por su lado, la consejera canaria Matilde Asian ha lamentado que la ministra les haya dicho que ya tiene preparado el texto de la ley orgánica, cuando en realidad se trata de una propuesta que debe pasar por el debate multilateral y luego ser debatido por los grupos en el Congreso.
Rechazo a la condonación de deuda
El Gobierno canario rechazó en octubre del pasado año que el Gobierno le perdone 3.200 millones de deuda porque la propuesta es “discriminatoria”.
El portavoz del Gobierno regional Alfonso Cabello, anunció el rechazo del Ejecutivo regional (CC y PP) al anteproyecto de ley orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades autónomas del régimen común en relación a la condonación de la deuda pública, ya que entienden que es “totalmente discriminatoria” con el archipiélago.
Cabe señalar que las Islas son la región a la que más porcentaje de deuda se le perdona, con un 50%.
En las alegaciones, Cabello expuso que se formulan diversas observaciones sobre la metodología empleada para cuantificar los importes de la deuda pública asumidas en cada comunidad autónoma, indicando que “esto es muy importante”, porque consideró que “es totalmente discriminatoria” con Canarias, además de entender que “vulnera los principios de equilibrio, equidad” y, en el caso del archipiélago, “uno fundamental”, como “es la adicionalidad” de lo que son los recursos vinculados al Régimen Económico y Fiscal (REF).