El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha mostrado este lunes el rechazo del Ejecutivo regional (CC y PP) al anteproyecto de ley orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades autónomas del régimen común en relación a la condonación de la deuda pública, ya que entienden que es “totalmente discriminatoria” con el archipiélago. Cabe señalar que las Islas son la región a la que más porcentaje de deuda se le perdona, con un 50%.
Sin embargo, Cabello explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que en dicho órgano se han tomado en consideración y ratificado las alegaciones presentadas por la Consejería de Hacienda, que lidera Matilde Asián (PP), después de que Canarias haya “cumplido en tiempo y forma con los plazos que se habían dado”, que eran de un mes, para poder presentar alegaciones tras la aprobación del citado el anteproyecto de ley.
En estas alegaciones, expuso, se formulan diversas observaciones sobre la metodología empleada para cuantificar los importes de la deuda pública asumidas en cada comunidad autónoma, indicando que “esto es muy importante”, porque consideró que “es totalmente discriminatoria” con Canarias, además de entender que “vulnera los principios de equilibrio, equidad” y, en el caso del archipiélago, “uno fundamental”, como “es la adicionalidad” de lo que son los recursos vinculados al Régimen Económico y Fiscal (REF).
Por ello, subrayó, “perjudica en especial” a Canarias al “imponer un límite cuantitativo para la asociación de la deuda por el Estado del 50%”, lo que desde el Gobierno canario creen que “constituye una medida totalmente discriminatoria y afecta especialmente” a la comunidad, que “había hecho las cosas bien a lo largo de los últimos años, incluso por diferentes gobiernos”.
Cabello ha incidido en que Canarias “había hecho la tarea, había mantenido su deuda controlada y ahora”, con esta condonación “acordada y alterada unilateralmente por parte del Gobierno del Estado con Cataluña” [la comunidad más beneficiada es, sin embargo, Andalucía], se viene a “alterar, de una manera muy significativa”, lo realizado hasta ahora.
De este modo, indicó que desde Canarias se rechaza la “injusta propuesta” realizada por el Estado, realizando observaciones “muy de fondo” relacionadas, además, “con la transparencia y la trazabilidad del pasivo asumido, especialmente en los casos de la deuda que se encontraba en manos de terceros acreedores y otra técnica normativa”.
Para el Gobierno canario este proceso se está realizando “sin la debida transparencia y sin dar toda” la información necesaria para poder seguir realizando aportaciones.
Por último, advierten de que esta medida, “por arbitraria y discriminatoria, podría representar un precedente muy peligroso” para una cuestión que Canarias “lleva reclamando desde hace mucho tiempo”, como es la reforma del sistema de financiación autonómico y la de las reglas fiscales, así como de los mecanismos de corrección.
El rechazo a la condación, una “puñalada a Canarias”
Cuando el Gobierno canario anunció hace ya un mes que rechazaría la condonación de la deuda, el ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE), incidió en que esta es la comunidad “más beneficiada” porque su deuda se rebaja a la mitad, y avisó a CC y a PP de que, si la rechazan, “le dan una puñalada a los intereses de esta tierra”.
“Voy a ser absolutamente claro y rotundo: nadie podrá decir que la comunidad más perjudicada es Canarias porque se le condona el 50% de su deuda. Otras comunidades a las que se les condona el 25%, 35%, incluso menos, piden ser como Canarias”, señaló el también expresidente de Canarias. “No me cabe en la cabeza que el señor Clavijo y Domínguez [el vicepresidente regional, del PP] no acepten que la deuda de los canarios pase de 6.000 a 3.000 millones”, recalcó entonces Torres.
El método de cálculo
Canarias ha sido de las primeras en criticar el método para calcular la cuantía correspondiente a cada comunidad empleado por el Ministerio de Hacienda, que, por contra, asegura que aplica criterios “objetivos, transparentes e idénticos para todos los territorios”.
El método de reparto ha llegado por fases: una primera con el criterio de población ajustada, del que resultó una quita de 60.232 millones, con una media del 19,3% de la deuda autonómica; y una segunda fase en la que se añadieron 11.514 millones para garantizar que todas las comunidades vean condonado al menos ese porcentaje.
En una tercera fase se asignaron otros 10.590 millones para elevar la asignación por habitante ajustado a las autonomías que entre 2010 y 2022 recibieron menos que la media, y a las que se les dará lo mismo por habitante ajustado que a la Comunidad Valenciana (2.284 euros).
Además, se introdujo un ajuste adicional, igualmente criticado por varias comunidades del PP, que premia con 917 millones a las autonomías que usaron sus competencias para aumentar la recaudación del IRPF, con una condonación extra del 10% para quienes lo subieron por encima de la media (a Canarias le corresponden en esta fase 282 millones de euros) y un 5% para las que quedaron por debajo.
La adhesión no es obligatoria
Frente al rechazo, cabe señalar que la adhesión a esta quita no es obligatoria, por lo que los gobiernos que no quieran que se les condone su deuda podrán rechazarla, explicando los motivos.