El caso Noelia Núñez, la ya exdiputada del Partido Popular que falseó su currículo académico ante las instituciones y se ha visto obligada a dimitir tras descubrirse el engaño, sería imposible en el Parlamento de Canarias. Al menos mientras se cumpla lo decidido por la Mesa de la Cámara en 2019 en aplicación del “modelo de declaración de datos académicos y profesionales que acrediten los datos a publicar en el perfil” de cada diputado o diputada.
Se trata de una obligación que parte del código de conducta de los miembros del Parlamento de Canarias, aprobado en 2017, en cuyo artículo relativo a los datos biográficos y trayectoria profesional y política, prevé que se publique el perfil de cada diputado o diputada una breve reseña de sus principales datos biográficos, así como su trayectoria profesional y política, remitiendo a cada uno de los parlamentarios la obligación de velar por “la exactitud de los datos facilitados al efecto”.
Fue durante el mandato de la socialista Carolina Darias, actual alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, cuando se aprobó ese código y su desarrollo en 2019. La norma se ha mantenido hasta la fecha, lo que obliga a sus señorías a presentar ante los funcionarios del Parlamento la prueba física de estar en posesión de la titulación que quieren hacer constar.
Esta exigencia ha dado lugar a escenas pintorescas al inicio de cada legislatura, como diputados y diputadas que acuden a la sede parlamentaria literalmente con su título enmarcado bajo el brazo para conseguir que sus logros académicos puedan ser reflejados en la página web de la institución. En concreto, se exige a sus señorías que presenten “las titulaciones originales, certificaciones u otra documentación fehaciente”. Nada de concreta acerca de posibles titulaciones no homologadas en España.