La Junta Electoral Central (JEC) ha rechazado el recurso interpuesto por Vox contra la inadmisión de su candidatura a las próximas elecciones del día 26 por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. El partido de extrema derecha solicitó al órgano de control electoral un plazo de subsanación, que en realidad vendría a significar que le permitiera presentar la plancha ahora, después de que sus representantes locales fueran incapaces de hacerlo dentro de los plazos legales por las disputas internas derivadas del orden de los puestos de salida.
La JEC, efectivamente, le reprocha a ese partido que, tras la excusa de un plazo de subsanación “lo que se está impugnando es la denegación de la candidatura de Vox (...) como consecuencia de las decisiones adoptadas por la entonces representante provincial de la formación política, al quedar la candidatura sin un número suficiente de miembros para su proclamación” por la dimisión unánime de la plancha que acompañaba al número uno.
Y le recuerda al recurrente que “frente a la denegación de una candidatura solo cabe recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, sin que resulte posible plantear recurso administrativo electoral ante la Junta Electoral Central”. Además, dice la resolución de la JEC, que Vox informa en su propio escrito de que ya ha interpuesto ese recurso contencioso-electoral, “motivo por el que, al encontrarse en dicho ámbito jurisdiccional, no resulta posible su examen en esta instancia”.
Vox, que consiguió un diputado por Santa Cruz de Tenerife en las elecciones de 2019, no consiguió dentro de plazo proclamar una lista al Congreso por esa provincia por graves diferencias internas en el orden a incluir a las personas interesadas. Las desavenencias dieron lugar a la renuncia conjunta de los candidatos que acompañaban a Alejandro Gómez, el diputado elegido en 2019, cuando quedaban pocas horas para cerrar el plazo. Las discrepancias, las dimisiones o las asignaciones a dedo con cambios de última hora han sido prácticamente una constante en la delegación provincial del partido de ultraderecha.
Este acuerdo de la JEC agota la vía administrativa y sólo puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo.