El PSOE canario se suma a la exaltación a la libertad de expresión del PP pidiéndole que respete más a los trabajadores de los medios públicos
El Grupo Parlamentario Socialista (PSOE) ha registrado una batería de enmiendas en el Parlamento de Canarias a la proposición no de ley (PNL) que el Partido Popular llevará a la Cámara regional para rechazar la elaboración de listados ideológicos de periodistas y defender la libertad de prensa, tras la polémica por la filtración de un documento con nombres de profesionales clasificados por su ideología.
Entre esas enmiendas los socialistas proponen señalar a responsables políticos con un nuevo punto que busca la condena institucional directa de declaraciones hechas por diputados nacionales de Vox (Manuel Mariscal y José María Figaredo) mediante el uso de metáforas violentas respecto a la corporación pública RTVE. El PSOE argumenta que este tipo de discursos “minan el marco de convivencia y propician la cobertura ideológica a la violencia contra los y las profesionales de la información”.
La PNL del Partido Popular responde a la lista elaborada por el departamento de Comunicación del Ministerio del Interior con breves perfiles de decenas de participantes en tertulias de televisión y radio que incluía su tendencia política y otras cuestiones como su posición respecto de las Fuerzas de Seguridad o con asuntos de actualidad, según ha reveló El Confidencial. El listado se elaboró en el seno del departamento de Comunicación y fuentes del mismo explicaron a elDiario.es que nunca salió de ese ámbito ni se utilizó para ejercer presión alguna sobre las composiciones de las tertulias o el trabajo de los periodistas que aparecen en el mismo. Se trató, según las mismas fuentes, de incorporarlo al “seguimiento de medios” que tiene encomendado dicha sección. “Fue para consumo del propio departamento”, aseguraron.
Cabe recordar que el Gobierno de Canarias, con el PP y CC, ha emprendido una transformación en la Radio Televisión pública de Canarias eliminando el Consejo de Informativos e imponiendo al ente público un “comisario político” elegido por el propio Gobierno canario: César Toledo, que fue jefe de prensa del grupo parlamentario del PP en Canarias hasta que lo despidieron por grabar a diputados de ese partido y otros sin su consentimiento.
En concreto, el Grupo Socialista ha presentado cuatro enmiendas a la PNL de los populares, dividas en dos grandes ejes de acción política y posicionamiento institucional.
Por un lado, los socialistas buscan condenar “firmemente” las agresiones, amenazas e insultos que sufren los periodistas cuando cubren actos o manifestaciones multitudinarias.
Otra de las enmiendas busca apoyar a la televisión pública para dar un respaldo explícito a los trabajadores tanto de la televisión autonómica como del centro territorial de RTVE Canarias.
La iniciativa insta también de forma vinculante al Gobierno canario a cumplir tres principios de libertad de prensa. Por un lado, la no discriminación, asegurando que ningún periodista sufra un trato diferente, veto o clasificación por su línea editorial o por ejercer una posición crítica ante la gestión del Gobierno canario.
Por otro lado, neutralidad institucional, garantizando el acceso a la información, las convocatorias oficiales y las relaciones de comunicación de manera equitativa e idéntica para todos los medios.
Asimismo, el PSOE busca evitar elaborar listados de periodistas basados en criterios ideológicos o políticos, salvo que exista una habilitación legal expresa y se respeten en todo caso los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y la normativa de protección de datos.
Y por último, garantizar los derechos laborales de la plantilla de Radiotelevisión Canaria y de sus empresas públicas y, en particular, en el procedimiento de fusión que deberá operar como consecuencia de la aplicación de la disposición adicional primera de la Ley 6/2026, de 24 de julio, de ordenación del servicio público de comunicación audiovisual de la Comunidad Autónoma de Canarias.
La diputada del PP Rebeca Paniagua, en declaraciones a los medios de comunicación este pasado lunes, aseguró que espera contar con el respaldo de todos los grupos parlamentarios a la iniciativa porque, según ha recalcado, “no se trata de partidos”, sino del derecho de los ciudadanos a recibir información.
“Las preguntas se tienen que hacer, por muy incómodas que resulten”, ha afirmado Paniagua, quien ha defendido que el periodista está para “fiscalizar al poder” tanto con preguntas incómodas como favorables.
Paniagua ha considerado “gravísimo” que se haya filtrado un documento con nombres de periodistas con mención a su ideología y ha cuestionado con qué finalidad se pudo elaborar un documento de estas características con el membrete de un ministerio, pese a las explicaciones dadas por Interior.