Contener la ruta canaria no significa resolverla: las personas siguen migrando, pero en condiciones más peligrosas

Centrar las políticas migratorias en reducir las llegadas puede “producir resultados inmediatos”, pero no elimina las causas que empujan a las personas a desplazarse. El informe Ruta atlántica, Sahel y Canarias, elaborado por el Instituto Español de Análisis Migratorio (IEAM) en colaboración con el Gobierno de Canarias y presentado este martes, confirma lo que diferentes organizaciones especializadas en derechos humanos llevan meses advirtiendo. Aunque las llegadas al Archipiélago hayan caído en un 55,1%, las muertes no han desaparecido, ni tampoco los peligros ni las vulnerabilidades de quienes cruzan el Atlántico.

Cuando las políticas públicas se enfocan exclusivamente en los flujos visibles, se transforman las rutas, aumentan los peligros y se invisibilizan las vulnerabilidades. El texto, al que ha tenido acceso esta redacción, propone una serie de ejes para vertebrar una estrategia “duradera” cambiando “de escala y de objetivo”. No se trata solo de reducir los flujos, sino de reducir también las muertes, la rentabilidad de las “economías criminales”, reforzar las alternativas locales y hacer “creíble” la movilidad regular, apunta el informe. 

El documento ha sido elaborado a raíz de un taller organizado en Gran Canaria que reunió a representantes institucionales, fuerzas de seguridad, organizaciones internacionales, actores humanitarios, organizaciones de la sociedad civil, investigadores, representantes europeos y africanos y a expertos en rutas migratorias, protección, criminalidad organizada y cooperación al desarrollo.

Superar la lectura eurocéntrica de las movilidades africanas

El primer paso para diseñar políticas públicas efectivas es, según el IEAM, “superar la lectura eurocéntrica de las movilidades africanas. ”Los desplazamientos desde África Occidental y el Sahel no se orientan principalmente hacia Europa. La mayoría de las movilidades son intraafricanas“, indican. Si Europa solo presta atención a lo que llega a sus fronteras, añaden, corre el riesgo de ”comprender mal“ las dinámicas profundas que estructuran la movilidad en la región.

El segundo, comprender que contener la ruta atlántica no es sinónimo de resolverla. El informe mantiene que las cifras de llegadas es un indicador utilizado a menudo de forma “excesivamente simplista” como medida del movimiento migratorio. Estos números no siempre permiten captar las salidas frustradas, las movilidades que se recomponen o las trayectorias que quedan fuera de los mecanismos de observación. 

Las personas que regresan pueden hacerlo endeudadas, traumatizadas, avergonzadas o percibidas como personas que han fracasado

En esta línea, la disminución de las llegadas puede reflejar un refuerzo de las interceptaciones, una espera prolongada en determinados territorios, el desplazamiento hacia otros puntos de salida o una invisibilización “creciente” de los trayectos.

El Instituto justifica esta conclusión en diferentes hechos: los precios del paso no han bajado de manera significativa; algunas redes siguen activas, pero han modificado sus puntos de operación; hay personas que esperan en zonas mineras, agrícolas, urbanas o fronterizas; la presión migratoria sigue siendo perceptible a través de las interceptaciones; las rutas se desplazan hacia zonas menos vigiladas; algunas nacionalidades asociadas a la ruta atlántica están aumentando en otras, como la del Mediterráneo occidental; y el número de fallecidos ha aumentado.

El ejemplo de Níger

El IEAM pone como ejemplo la experiencia de Níger. En 2015, la criminalización de ciertas formas de movilidad hizo que las rutas antes conocidas, visibles y organizadas se desplazaran hacia itinerarios clandestinos, más alejados de los pueblos, menos accesibles para el socorro y más expuestos a grupos armados, bandidos y abusos. 

“La consecuencia no fue la desaparición de la movilidad, sino su clandestinización. Las personas siguieron desplazándose, pero en condiciones más peligrosas. Las redes informales y criminales ganaron importancia, precisamente porque las rutas regulares o toleradas resultaban cada vez más difíciles de utilizar”, detalla el informe. 

Muchos menores llamados “no acompañados” cuentan en realidad con referentes familiares: padres, tíos, hermanos, miembros de la comunidad. La separación física no implica necesariamente abandono

Esta lógica, advierten, puede reproducirse en la ruta canaria. El aumento de los controles en Mauritania y Senegal puede desplazar las salidas hacia Gambia, Guinea o Guinea-Bisáu, surgiendo trayectos más largos, arriesgados y con una mayor dependencia de los intermediarios.

Acompañamiento en los retornos 

A pesar de los riesgos, las salidas persisten. Esto se debe, entre otras razones, a que en varios contextos de África Occidental la migración no es una decisión estrictamente individual, sino familiar y comunitaria. “Una familia puede vender bienes, movilizar recursos, contraer deudas u organizar colectivamente la salida de un joven. Este se convierte entonces en portador de esperanza, apoyo financiero potencial y símbolo de un éxito esperado”, detalla el informe.

“Decir a los jóvenes que la ruta es peligrosa no basta. Muchos ya lo saben. Para que el riesgo vuelva a ser disuasorio es necesario que exista una alternativa creíble: empleo, formación, movilidad legal, seguridad local, acceso a los servicios, reconocimiento social y posibilidad de construir un futuro sin partir”, propone el texto del IEAM.

De este modo, el joven que se marcha no solo lleva a cuestas su propio proyecto, sino las expectativas de una comunidad. Las redes sociales, así como la diáspora, amplifican esta dinámica, difundiendo imágenes de éxito y relatos de oportunidades. Sin embargo, “a menudo invisibilizan la precariedad administrativa, la deuda, las discriminaciones, las condiciones de trabajo, la soledad o las expulsiones”.

Por ello, el IEAM sostiene que el retorno no debe concebirse como una operación “logística” o “administrativa”, sino que se trata de un momento humano, familiar y social “extremadamente sensible”. “Las personas que regresan pueden hacerlo endeudadas, traumatizadas, avergonzadas o percibidas como personas que han fracasado”, indica el texto. 

Las operaciones de retorno, plantean los expertos, deben combinar acompañamiento económico, psicosocial, mediación familiar, inserción comunitaria, seguimiento en el tiempo e implicación de las colectividades locales y de la diáspora.

Un enfoque de género e infancia ''más robusto''

El informe también hace mención a las vulnerabilidades específicas que enfrentan las mujeres y las niñas. Los riesgos a los que quedan expuestas durante el trayecto y tras la llegada van más allá de la explotación sexual, y entre ellos están los matrimonios forzados, la dependencia de un hombre que ya haya llegado al país de destino, la explotación doméstica, la violencia de género, la trata y las situaciones de coacción familiar. 

También alertan de que determinar la edad de las mujeres jóvenes también puede ser más complejo que en el caso de los hombres, planteando importantes desafíos en materia de protección de los menores. “Los mecanismos de acogida, evaluación, orientación y seguimiento deben integrar, por tanto, un enfoque de género más robusto”, insisten. 

Respecto a la infancia migrante, los expertos proponen revisar el vocabulario. “Muchos menores llamados ”no acompañados“ cuentan en realidad con referentes familiares: padres, tíos, hermanos, miembros de la comunidad. La separación física no implica necesariamente abandono”, destacan. En contextos de conflicto o pobreza extrema, la salida del menor puede ser considerada como una medida de protección. Aun así, recuerdan, esta realidad “no reduce las responsabilidades de protección de los Estados de acogida”, sino que exige integrar a las familias en el acompañamiento y en las soluciones.