Todas las veces que Clavijo ha desempolvado la limitación de la compra de vivienda a no residentes para luego aparcarla
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), ha elevado al Ejecutivo central una propuesta para limitar la compra de vivienda a no residentes después de varios intentos de recuperar la medida sin que nunca haya llegado a materializarse.
Este jueves, el Gobierno regional anunció un borrador de un real decreto ley donde se recogían nueve puntos para restringir la adquisición de inmuebles en el Archipiélago. Entre ellos destaca exigir un mínimo de diez años de empadronamiento ininterrumpido o limitar a dos el número de viviendas que puede adquirir una misma persona.
El objetivo es frenar la presión sobre el mercado inmobiliario, que lleva casi más de una década arrastrando al Archipiélago, y facilitar a los canarios el acceso a una vivienda.
Sin embargo, antes de convertir la limitación de la compra de vivienda por no residentes en una de sus propuestas, Coalición Canaria ha votado varias veces en contra de iniciativas de la oposición que planteaban medidas similares. Tan solo cuatro días después del 20A, NC-BC presentó una moción que contenía una batería de disposiciones para controlar el crecimiento turístico, entre ellas una ecotasa, una moratoria y establecer límites a la compra de viviendas por parte de extranjeros. El argumento de la negativa de CC se centraba en las dificultades jurídicas y en el posible choque con la normativa europea. Dos años después, en plena campaña preelectoral, lo han presentado al Gobierno central.
Clavijo rechazó limitar la compra de vivienda a no residentes tras las elecciones europeas de 2024
Unos meses más tarde, durante la campaña de las elecciones europeas de junio de 2024, el candidato de CC Carlos Alonso convirtió el límite a los nuevos habitantes en su lema. Defendió gravar las compras de vivienda por extranjeros y limitar su adquisición. Pero Clavijo volvió a descartar adoptar esas medidas por chocar frontalmente con uno de los pilares básicos de la Unión Europea: la libre circulación de capitales y la prohibición de discriminar por nacionalidad dentro de los Estados miembros. El Gobierno regional llegó incluso a encargar un estudio para determinar la viabilidad jurídica de establecer esas medidas, pese a que Alonso amparaba que sí eran compatibles con la legislación europea.
La vía europea para limitar la compra de vivienda por extranjeros
Durante la legislatura, el presidente canario ha defendido que cualquier limitación debía contar con respaldo jurídico europeo. Para intentar sortear este obstáculo legal, el Ejecutivo autonómico exploró la vía de su estatus especial dentro de Europa como región ultraperiférica.
Clavijo intentó utilizar el Artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que reconoce que las regiones ultraperiféricas, como Canarias, sufren desventajas estructurales permanentes, para argumentar que la presión inmobiliaria y la falta de suelo en las islas justificaban una excepción histórica que les permitiera vetar las compras de extranjeros.
Para que la medida canaria fuese aceptada por Europa, debía superar dos filtros legales muy complejos. El primero, el principio de proporcionalidad: Canarias tendría que demostrar jurídicamente que prohibir la compra de viviendas es la única medida adecuada para resolver la crisis habitacional y que no existen alternativas menos drásticas y restrictivas. El segundo, la no discriminación por pasaporte: las leyes europeas prohíben explícitamente vetar a un ciudadano alemán, italiano o a un español de la península solo por su origen.
Pero la falta de una fórmula que garantizara su encaje en la normativa comunitaria ha mantenido la propuesta pendiente de avances concretos durante meses, hasta del día de ayer.
Diez años de empadronamiento para comprar vivienda en Canarias
Mientras la presión social en Canarias por la crisis habitacional ha ido en aumento, Clavijo ha seguido desempolvando el tema en el ámbito europeo. A finales de septiembre de 2026, el presidente canario afirmó estar “esperanzado” tras reunirse con responsables en Europa, asegurando que se abría una “ventana de tres o cuatro meses”, coincidiendo con la presidencia irlandesa de la UE, para avanzar en la restricción.
Días después, este 15 de octubre, el Gobierno canario remitía al Ejecutivo estatal un borrador que plantea exigir diez años de empadronamiento continuado -o quince discontinuos- para comprar vivienda en las Islas y limitar a dos las viviendas que puede adquirir una persona.
La propuesta ya no se dirige exclusivamente a extranjeros, sino que utiliza el tiempo de residencia como criterio. Su aplicación dependerá de la respuesta del Gobierno central y de que supere los impedimentos jurídicos que han condicionado el debate desde el principio.
La evolución de la medida muestra cómo Clavijo ha pasado de rechazar determinadas fórmulas restrictivas a defender una nueva vía legal para limitar la compra de vivienda en Canarias.
La limitación a no residentes no soluciona la crisis de vivienda
Y aunque finalmente lo haya hecho, a semanas de las elecciones generales del 29N, diversos economistas, urbanistas y expertos en el sector inmobiliario ratifican que la propuesta no solucionaría la crisis por sí sola y es insuficiente, ya que ataca únicamente un síntoma de la demanda sin resolver los fallos estructurales del mercado canario.
El sector insiste en que la solución estructural requiere agilizar la gestión de suelo, desbloquear licencias y construir vivienda protegida (VPO).
Asimismo, la tesis principal de las plataformas ciudadanas agrupadas bajo el movimiento 'Canarias tiene un límite' recuerda que el Archipiélago cuenta con una enorme bolsa de viviendas vacías (unas 211.452, según el INE, muchas de ellas concentradas en municipios pequeños) y una proliferación descontrolada de vivienda vacacional. Además, Canarias lleva casi dos décadas con la construcción de vivienda pública prácticamente congelada, un parón estructural que se inició en 2012 tras los drásticos recortes presupuestarios impuestos por el Gobierno de Rajoy y sus políticas de austeridad, que eliminaron la financiación estatal para vivienda protegida.
Actualmente, los expertos apuntan a que es más urgente y efectivo movilizar ese parque inmobiliario ya existente e incentivar a los pequeños propietarios a sacar sus casas al mercado de alquiler de larga duración.