Canarias no sabe el estado de sus viviendas protegidas: el agujero por el que se cuelan los ‘abusones’ de pisos públicos

El caos en la gestión de la vivienda protegida (VPO) en Canarias es real. El organismo público encargado de su control, el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), ha reconocido vía Transparencia a Canarias Ahora que no tiene un listado con todas las promociones de pisos públicos en las Islas que detalle su ubicación, fecha de calificación, número de expediente o total de casas. Tampoco sabe cuál ha sido la evolución anual del stock total del parque público desde el año 2000.

En ambos casos alega que dicha información “no se encuentra elaborada”. Sobre la segunda dice que “ni figura” en sus archivos y que para conocer año a año cómo ha variado el número de VPO en el Archipiélago “se tendría que hacer una tarea compleja y de reelaboración haciendo uso de diferentes fuentes de información”. Pero el Instituto “carece de los medios técnicos y humanos necesarios para extraer dicha información, resultando imposible proporcionarla”.

Esta ceguera administrativa ha convertido el mercado de VPO en la Comunidad Autónoma en un terreno abonado para la picaresca y las prácticas irregulares, que van desde ventas de viviendas protegidas todavía calificadas como tal a arrendamientos piratas sin el cumplimiento de los requisitos, aseguran fuentes jurídicas. El descontrol es también confirmado por Miguel Ángel Pulido, quien fuera director general de Vivienda del Gobierno de Canarias entre 1997 y 2003 y hasta hace unos años vocal de la empresa pública de viviendas sociales de las Islas, Visocan.

Pulido dice que vivió en sus propias carnes la falta de control nada más asumir el cargo al comprobar, por ejemplo, que solo en el polígono de Jinámar, en Telde, había más de 1.000 personas viviendo en pisos públicos sin contrato alguno. Las casas se habían ido traspasando de unas familias a otras al margen de la ley, y el Ejecutivo, continúa el también expresidente insular de Nueva Canarias en La Palma, tuvo que emprender un proceso masivo de regularización examinando si cada uno de sus inquilinos cumplían los condicionantes.

Pero lo que pasó hace más de veinte años parece no haber cambiado ni un ápice. Martín García, gerente de la inmobiliaria León Home Inversiones, en Las Palmas de Gran Canaria, relata el caso de un cliente en Vecindario que compró una vivienda hace años sin que nadie (ni el vendedor, ni el notario) le advirtiera de que era una VPO, y ahora que quiere venderla, ha descubierto que no puede hacerlo en el mercado libre y se ha visto obligado a tramitar su descalificación.

“Ha sido un desastre. Hace 15 años no se exigía nada y como no había tanta escasez de vivienda o no estaba tan en el candelero, no había control. Y al final se vendían y se compraban viviendas VPO como si nadie viese nada”, sostiene García. Aunque ahí no acaban sus encuentros con este tipo de prácticas.

“Tuve otro cliente que era policía local en Las Palmas de Gran Canaria que me preguntó si le podía conseguir una VPO, que él se había hecho con la suya hace unos 20 o 25 años [ya siendo policía] cuando la promotora, que no se la podía vender, le pidió a cambio que comprara dos plazas de parquin en vez de una. No sé exactamente en base a qué. Me imagino que es falta de control”, lamenta el gestor inmobiliario.

Y cuando no es eso, es directamente la administración no disponiendo de los documentos básicos para confirmar el estado de una promoción. García cuenta que conoce el caso de una antigua vivienda protegida en la zona de Madera y Corcho, en la capital grancanaria, para la que pidió información al ICAVI. Pero apunta que el Instituto le respondió exigiéndole la aportación de la primera escritura de compraventa en la que figura el régimen que protege a la vivienda, cuando en su opinión debería ocurrir todo lo contrario.

“Lo lógico sería acudir al organismo público y preguntar cuánto tiempo queda para poder descalificar una vivienda. Pero en este caso tuvimos que hacer eso, buscar y presentar nosotros la primera escritura pública de la persona que la compró o tuvo”, indica. Carolina Martell, directora del despacho Martell Abogados, ahonda en esta problemática.

“Esta carencia de control se traduce en situaciones muy concretas. Por ejemplo, en las promociones antiguas de las cuales no existe información clara sobre su régimen de protección, su estado de ocupación o las transmisiones realizadas a lo largo del tiempo, es frecuente que, al tramitar una venta, una herencia o una regularización, la administración no disponga del expediente completo ni de datos consolidados sobre ayudas concebidas, plazos de calificación o condiciones de adjudicación”, añade.

El también abogado Jonathan Pérez Moreno va un paso más allá y menciona ejemplos de viviendas públicas vacías o con las que se han hecho permutas. Agrega asimismo que es “común” encontrarse con adjudicatarios de VPO de promoción privada alquilando sus casas sin pedir autorización ni comprobar que el inquilino cumple los requisitos. Y carga contra el ICAVI, al que lo califica como un “ente supremo” inaccesible para la ciudadanía.

“Las citas las dan para tres meses, seis meses, si no un año… Deberían poner más medios. Deberían poner, digo yo, más facilidades. Haciéndolo podrían tener un mejor control de lo que pasa en las viviendas que gestionan”, remacha Pérez.

El consejero de Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez (CC), anunció precisamente en octubre de 2023 un “plan de choque” para cubrir 72 vacantes en el Instituto Canario de la Vivienda. Pero en abril de 2025, la fecha de la última actualización pública de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de dicho organismo, seguía habiendo 54 puestos sin cubrir de 221. En el Servicio de Promoción Pública de la provincia de Las Palmas, por ejemplo, más de la mitad de las plazas lo están (9 de 16). Y en el Servicio de Promoción Privada de Santa Cruz de Tenerife, 12 de 25.

Fuentes del departamento liderado por Rodríguez matizan que a fecha de febrero de 2026 se han cubierto ya “cerca del 40%” de las vacantes. Pero remarcan igualmente que hasta que Función Pública no lance una Oferta de Empleo Público (OPE), las plazas se cubrirán mientras tanto con interinos o comisiones de servicio, “pero es algo provisional, por eso varían las cifras”. El propio Ejecutivo autonómico reconoció por escrito en una respuesta parlamentaria que está llevando a cabo una “revisión integral” de la RPT del ICAVI para que sus puestos sean “revisados y ajustados conforme a las necesidades actuales de la organización”, pero no adelantó cuándo saldrá. La oposición ha criticado al consejero por prometer un refuerzo que, dos años y medio más tarde, continúa sin materializarse del todo.

“¿Cuándo va a cubrir las 72 vacantes en el Instituto Canario de la Vivienda que prometió en octubre de 2023? ¿Cuándo las va a cubrir?”, le preguntó a Rodríguez la diputada socialista Patricia Hernández en el pleno del Parlamento.

El Defensor del Pueblo publicó hace poco más de una década un informe sobre viviendas protegidas vacías en el que confirmó que Canarias no contaba (ni cuenta) con un servicio de inspección de vivienda pública y que solo actuaba en caso de denuncia previa. Porque esas VPO sin nadie dentro existen, pero el Ejecutivo autonómico “no sabe ni dónde están”, critica Miguel Ángel Pulido, exdirector de Vivienda del Gobierno regional. En su estudio, el Alto Comisionado de las Cortes Generales encargado de defender los derechos y las libertades de la ciudadanía estimó que había aproximadamente 13.506 VPO vacías en toda España. Solo en Canarias habría 76.

El periódico El País publicó recientemente un reportaje en el que recopiló las cuantías de las sanciones impuestas en las comunidades autónomas por el mal uso de las viviendas públicas entre 2019 y 2025. En total, más de nueve millones de euros de recaudación por sanciones que tienen que ver con subarriendos o ventas prohibidas. Canarias, Aragón y Murcia fueron las únicas autonomías que rechazaron otorgar información.

El Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana difundió el año pasado un informe en el que contabilizó un total de 19.413 viviendas de titularidad pública en Canarias, sumando las que están sujetas a modelos de colaboración público-privada y también las que se encuentran en régimen de arrendamiento con opción a compra.

Ese es el parque público actual del Archipiélago. Pero entre 1980 y 2023 se construyeron 55.360 pisos protegidos, de acuerdo con ese mismo estudio. Y como puede deducirse, la mayoría de esas casas (35.947) han pasado al mercado libre tras caducar su calificación en un proceso de “gentrificación por descalificación, según el catedrático en Geografía Humana de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) Juan Manuel Parreño.

“La existencia de periodos cortos de protección supone que estos inmuebles entran en el mercado de la vivienda de compraventa y alquiler a precios de mercado libre. De alguna manera hay una transferencia de ayuda pública a patrimonios privados, pero lo peor, es que esto puede suponer un incremento de precios al mismo tiempo que reduce el parque protegido disponible. Incluso en algunos casos, la descalificación puede suponer la sustitución poblacional por hogares con más ingresos”, concluye el geógrafo.

El también doctor en Geografía de la Universidad de La Laguna (ULL) Alejandro Armas lamenta la pérdida de VPO, en especial por la emergencia actual. “Significa reducir la capacidad de la administración para responder a la crisis habitacional, en particular a los sectores más deprimidos de la sociedad y que son quienes tienen una mayor dificultad de acceder a una vivienda digna y asequible”, razona. “La incorporación de las VPO en el mercado libre puede inducir a procesos de expulsión de la población residente (gentrificación) por la subida de precios equivalentes a las de la vivienda no protegida. Hay evidencias de ello en algunas promociones de Madrid”, remacha.