Acosados por una empresa “desokupa” en Gran Canaria: “Ya no puedo llevar a mi mujer a quimioterapia en coche porque nos rompieron las lunas”
En la mañana de este martes, Miguel estaba esperando la guagua con su hija de ocho años en Ingenio. Van en guagua porque les han roto las lunas del coche. En ese momento, y una vez más desde el 2 de julio, varios empleados de la empresa EZ Property Solutions le increparon.
Miguel, en declaraciones a Canarias Ahora, denuncia que esta situación de acoso comenzó tan solo tres días después de que un nuevo propietario adquiriera el inmueble, cuyo nombre desconocen. “Como sabían que mi esposa estaría sola en casa porque me vieron en la parada de la guagua con la niña, fueron a casa a acosarla a ella”, explica.
Miguel y su esposa, enferma de cáncer, tienen otro hijo de doce años que lleva unos días durmiendo en otro lugar por el miedo que siente. “Les digo a los niños que se imaginen que son villanos de película para quitarle hierro al asunto”.
En la escalada de violencia no solo le han roto las lunas del coche, sino también las persianas; han golpeado violentamente su puerta, le han seguido mientras paseaba al perro e incluso le han acusado de mentir sobre la enfermedad de su mujer. “Como me rompieron las lunas del coche, ya no puedo llevar a mi esposa a recibir el tratamiento de quimioterapia”, lamenta Miguel.
Solución legal
Miguel ha llegado a proponerles a los empleados de esta empresa que le llevaran a juicio y que, mientras se resolvía la situación, les abonaba lo que pudiera (unos 150 euros, tal y como abonaba en su momento de alquiler social a la inmobiliaria Servihabitat de la Caixa, con la que arrendó el piso en su momento).
Sin embargo, según su versión, este trabajador le habría respondido que no, porque “no les compensaba”, ya que la vía judicial “se iba más allá en el tiempo”.
Once años de residencia
Miguel reside con su familia en la vivienda de Ingenio desde 2015. Aquel año firmaron un contrato de alquiler con Servihabitat, entidad vinculada a la Caixa para la gestión de activos inmobiliarios, en condiciones de renta asequible y con vigencia hasta 2020, con opción a prórroga.
Según explica el afectado, cuando se aproximaba la finalización del contrato intentó contactar con la inmobiliaria para solicitar su renovación más allá de marzo de 2020. Sin embargo, la petición fue denegada “sin explicaciones”. Al expirar el acuerdo -coincidiendo con el inicio del estado de alarma por la pandemia de la COVID-19 y el Escudo Social- abonó un mes adicional, prolongando su estancia hasta abril.
Pese a ello, la entidad bancaria inició acciones judiciales contra la familia con una orden de desahucio, que quedó suspendida al acreditarse su situación de vulnerabilidad en pleno contexto de emergencia sanitaria. Desde entonces, Miguel no ha vuelto a recibir comunicación por parte de la inmobiliaria, a pesar de sus reiterados intentos de contacto mediante burofax.
En 2024, Servihabitat transfirió la propiedad del inmueble al fondo Oceanside, que, afirma Miguel “nunca se dirigió a la familia”. Posteriormente, el 30 de junio de 2026, este fondo vendió la vivienda al actual propietario por un importe inferior al valor de mercado. Es este nuevo dueño desconocido el que ha contratado los servicios de la empresa de desokupación.
Desprotección
Miguel continúa denunciando la situación que él y su familia viven diariamente. La Guardia Civil les dice que, cuando reúnan una serie de denuncias, se podrá valorar si asignarles un abogado de oficio. “A ver si salimos vivos de esta”, dice mientras tanto a esta redacción.