Los afectados por las oposiciones a la Policía Canaria llevan sus quejas al Parlamento: “No podemos conformarnos con el silencio”
El colectivo de afectados por las oposiciones para el ingreso de 141 agentes a la Policía Canaria lleva sus reivindicaciones al Parlamento regional. La abogada Ángeles Padilla, representante legal de esta plataforma, mantuvo este viernes un encuentro institucional con la diputada socialista Nayra Alemán.
Según explica el colectivo en una nota de prensa, durante esa reunión los afectados expusieron las irregularidades por las que, a su juicio, en ese proceso selectivo convocado en 2023 se habrían vulnerado los principios fundamentales de acceso al empleo público: igualdad, mérito, capacidad y transparencia.
El colectivo solicitó al Grupo Socialista que analice la documentación aportada y apoye las iniciativas parlamentarias orientadas a esclarecer si existieron actuaciones contrarias a la legalidad.
Como ha venido informando Canarias Ahora, esas oposiciones se encuentran judicializadas en un juzgado de instrucción de Las Palmas de Gran Canaria. De momento, ya han sido citados a declarar como investigados el presidente del tribunal calificador, Ángel Nichel Acosta, y el alto cargo que lo nombró, José Manuel González Afonso, director general de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública del Gobierno canario, por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y nombramiento ilegal.
La causa penal se originó a partir de las denuncias de la plataforma de opositores afectados, que aportó audios y registros de pagos por Bizum para acreditar que el presidente del tribunal ejercía como preparador en una academia privada dentro del periodo legal de incompatibilidad de cinco años.
El colectivo reclama la actuación inmediata de la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, y del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ambos de CC, con el objetivo de “abordar la problemática y activar los mecanismos políticos y administrativos pertinentes”.
“No estamos solicitando ningún privilegio ni un trato de favor. Estamos reclamando que un proceso de acceso a la función pública se desarrolle y sea revisado con todas las garantías que exige la ley y que cualquier irregularidad que pudiera haberse producido sea esclarecida”, señalan en el comunicado.
La plataforma subraya que sus acciones no pretenden interferir en las competencias de los tribunales ni prejuzgar responsabilidades individuales, sino “exigir respuestas e impedir que la administración mantenga el silencio sobre el procedimiento”.
“Después de todo lo ocurrido, los afectados no podemos conformarnos con el silencio. Queremos respuestas, transparencia y garantías. Y vamos a continuar utilizando todas las vías legales e institucionales disponibles hasta que los hechos sean debidamente esclarecidos”, apuntan.
La plataforma concluye agradeciendo el respaldo de los grupos parlamentarios e incidiendo en que las menciones a presuntas irregularidades se formulan respetando el curso de las investigaciones judiciales y administrativas.