Oposiciones a la Policía Canaria: la jueza cita como investigados al presidente del tribunal y al alto cargo que lo nombró
La causa penal que investiga las polémicas oposiciones para el acceso de 141 agentes a la Policía Canaria avanza. La jueza que instruye el caso, Ana Isabel de Vega, ha citado a declarar para el 22 de octubre en calidad de investigados al presidente del tribunal, Ángel Nichel Acosta, y al alto cargo que lo nombró para esta responsabilidad, José Manuel González Afonso, director general de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública en la Consejería de Seguridad que lidera Nieves Lady Barreto (Coalición Canaria).
Además, cinco testigos deben comparecer ese mismo día ante la magistrada titular de la Plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria. Se trata de cuatro opositores y de una jefa de servicio, todos ellos propuestos por la acusación particular que ejerce el grupo de aspirantes que presentó la denuncia original en Fiscalía.
Tras analizar los hechos, el Ministerio Público apreció indicios de delito en la actuación de los ahora investigados y remitió una denuncia al juzgado decano de Las Palmas. Al presidente del tribunal calificador, Ángel Nichel Acosta, inspector de la Policía Canaria, se le investiga por un presunto delito de falsedad documental y por otro de prevaricación, en su modalidad de aceptación de nombramiento ilegal. Al alto cargo José Manuel González se le imputa otro delito de prevaricación, pero en su modalidad de nombramiento ilegal.
La causa se centra, por ahora, en la designación de Acosta como presidente del tribunal de las oposiciones. Los denunciantes sostienen que este inspector de la Policía Canaria nunca debió ostentar ese cargo porque incurría en causa de abstención al haber participado en la preparación de aspirantes en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria.
Uno de los testigos declaró en Fiscalía que durante los años 2020 y 2021 asistió a las clases que Acosta impartía con su propio temario en la academia Forma2, ubicada en el barrio de Tamaraceite de la capital grancanaria y regentada por la pareja del inspector.
Otro de los aspirantes aportó la grabación de una de esas clases, impartida el 13 de marzo de 2021, dos años y medio antes de la publicación de la convocatoria del proceso selectivo en el Boletín Oficial de Canarias (22 de noviembre de 2023). Como publicó Canarias Ahora el pasado enero, se trata de un audio de 70 minutos en el que se escucha al presidente del tribunal explicar a un grupo de aspirantes cómo debían resolver un supuesto práctico, una de las fases principales del proceso selectivo para el ingreso en la Policía Canaria.
“No sé si han venido otras veces conmigo. Yo les voy a transmitir desde mi punto de vista, basándome en mi experiencia en la Policía Autonómica”, dice Acosta al principio de esa grabación. En este audio también se le escucha dar su número de teléfono a un aspirante. Según la Fiscalía, los opositores le pagaban las clases a través de la aplicación Bizum.
La denuncia que remitió el Ministerio Público a los juzgados contiene una novedad relevante con respecto a lo conocido hasta ahora de estas polémicas oposiciones. Se trata del testimonio de una jefa de servicio que había recibido el encargo de realizar la propuesta para el nombramiento de los miembros del tribunal calificador. En su declaración en las diligencias preprocesales de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, esta funcionaria manifestó que no incluyó en ese listado a Ángel Nichel Acosta ni como presidente ni como miembro del tribunal porque tenía conocimiento de que daba clases en una academia y de que, por lo tanto, incumplía un requisito para ocupar el cargo.
La investigación judicial deberá esclarecer, por tanto, qué ocurrió desde ese momento hasta que el director general de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública firmó la resolución de nombramiento del tribunal calificador el 19 de diciembre de 2024. De hecho, la jueza instructora ha solicitado a la jefa de servicio que aporte todos los correos electrónicos que remitió a los que posteriormente fueron miembros del tribunal, así como las declaraciones responsables que tuvieron que presentar para garantizar que no estaban incursos en ninguna de las causas de abstención previstas en las bases.
Más de un año después del nombramiento del tribunal y ante las numerosas recusaciones formuladas por los aspirantes, el propio González Afonso rechazó apartar a su presidente y dio por buenas sus explicaciones. Acosta defendió entonces que se había limitado a dar de manera ocasional charlas “meramente informativas y preliminares, destinadas a valorar la posibilidad de ofrecer clases preparatorias, sin orientación alguna a superar pruebas selectivas” y que al final desistió de continuar con esta actividad.
En el informe que remitió al director general, Acosta admitió que elaboró un “borrador” de temario para las oposiciones entre 2018 y 2019, pero al mismo tiempo aseguró que “no fue publicado ni utilizado con fines formativos”. Y también negó que hubiera impartido clases de preparación para oposiciones de cuerpos policiales en la academia que regenta su pareja, pese a lo manifestado por los aspirantes denunciados y pese a la grabación aportada.
“Nunca ha existido interacción dirigida a la preparación de oposiciones ni seguimiento personal, ni se ha facilitado información privilegiada o asesoramiento a candidatos ni tampoco existe material distribuido que pudiera otorgar una ventaja competitiva a alguno de ellos”, resumió a modo de defensa Acosta ante la Consejería de Seguridad del Gobierno canario.
Cronología
La convocatoria inicial de las polémicas oposiciones se publicó en noviembre de 2023 con 61 plazas. Cinco meses después, la administración acordó ampliar el proceso selectivo hasta las 141. Durante el proceso se presentaron más de 2.600 solicitudes. Las quejas comenzaron en 2025. Un colectivo de aspirantes cuestionaba la forma en la que se habían desarrollado determinadas pruebas y, en especial, la actuación del tribunal calificador. A las primeras reclamaciones le sucedieron las denuncias en los medios de comunicación y en el Parlamento regional. Al final, un grupo de opositores decidió presentar la denuncia anónima ante la Fiscalía que se sitúa en el origen del procedimiento penal abierto en los juzgados de Las Palmas.
Los denunciantes ponen en duda la imparcialidad del presidente del tribunal y exigen conocer qué ocurrió, quién tomó determinadas decisiones y sobre qué documentación y argumentos. Además de esa presunta irregularidad en la designación de Acosta como presidente del tribunal, los aspirantes pusieron en conocimiento de la Fiscalía determinadas relaciones personales y profesionales entre opositores y miembros del tribunal o miembros del cuerpo de la Policía Canaria que, en su opinión, podían tener relevancia en el proceso.
La Fiscalía no hace mención en su decreto a esos vínculos, pero los denunciantes no descartan que puedan abrirse nuevas líneas de investigación a partir de las declaraciones de octubre. Los aspirantes insisten en que su propósito es conocer si se garantizaron los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al cuerpo de la Policía Canaria.
Los 141 aspirantes que obtuvieron plaza en esta oposición ya han sido nombrados funcionarios en prácticas y continúan en la academia. Cuando la Fiscalía remitió su denuncia al juzgado decano de Las Palmas, los aspirantes afectados solicitaron la paralización inmediata del proseo selectivo, al enteder que su continuidad podría provocar “consecuencias irreversibles y un grave perjuicio tanto para los opositores perjudicados como para la propia credibilidad institucional de la Policía Canaria”.
En un comunicado remitido a Canarias Ahora, los denunciantes advertían de que seguirán ejerciendo “todas las acciones legales necesarias hasta el total esclarecimiento de los hechos”. “Lo que está ocurriendo trasciende unas simples oposiciones. Está en juego la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, en la limpieza del acceso a la función pública y en la credibilidad del sistema”, decían entonces.