La Autoridad Portuaria de Las Palmas se agacha para no destituir a su director, contratado ilegalmente
La Autoridad Portuaria de Las Palmas no responde, se esconde, se agacha. No quiere saber nada de revisar de oficio el estatus jurídico de su actual director, Francisco Trujillo, quien fuera contratado en 2008 como jefe financiero por el que era entonces presidente del organismo Javier Sánchez-Simón, del Partido Popular, sin cumplir con los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad que rigen para cualquier procedimiento de selección de personal en las Administraciones públicas. En enero de 2020, con Luis Ibarra, del PSOE, al frente de la Autoridad Portuaria, Trujillo dio el salto a la dirección de Puertos de Las Palmas, cargo para el que, por analogía, tampoco reunía los requisitos legales.
La Autoridad Portuaria no quiere informar sobre este asunto. Ha denegado reiteradamente información por la vía del Portal de Transparencia a un veterano funcionario de la casa, el ingeniero de Caminos José Fernández, quien fuera director general de Costas del Gobierno de España (2004-2008), y en una reunión reciente del Consejo de Administración del organismo, la presidenta, Beatriz Calzada, de Coalición Canaria, rechazó la petición de revisión de oficio del nombramiento mostrando su “pena” ante las iniciativas de exfuncionarios de la Autoridad Portuaria de censurar su política de recursos humanos, que está ocasionando muchos conflictos.
Tampoco ha contestado Calzada a las preguntas de este periódico, formuladas a través de correo electrónico. Como tampoco ha hecho el directamente afectado, Francisco Trujillo. Mutismo absoluto.
La opacidad de la Autoridad Portuaria de Las Palmas le ha granjeado un tirón de orejas del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, al que acudió José Fernández a reclamar información acerca del proceso de contratación de Trujillo, después de que la presidenta, Beatriz Calzada, primero diera largas y luego se encerrara en el mismo silencio que mantiene ahora.
Esa posición ha sido tan radical que la Autoridad Portuaria ni siquiera envió las alegaciones que Transparencia le solicitó. Las resoluciones de ese organismo siguen sin ser atendidas y el ciudadano reclamante sigue sin información.
Tampoco ha hecho caso a las dos peticiones formales que José Fernández elevó a la presidenta en diciembre de 2025 y en marzo de 2026 en sendos escritos bien armados jurídicamente después de dos años de requerimientos sin atender.
Al quedar demostrado que no hay pruebas de que el acceso de Trujillo a su puesto de trabajo se realizara bajo los principios de publicidad, concurrencia, mérito y capacidad exigidos por la ley, Fernández insiste en que procedería la nulidad de ese acto, lo que debía extenderse automáticamente a su nombramiento como director por no poder acreditar la experiencia necesaria ni estar en una posición administrativa válida.
La Autoridad Portuaria ha tenido tiempo de sobra para tramitar la petición, incluso vía Puertos del Estado, con el informe pertinente del Consejo de Estado, como también le ha pedido este ex alto funcionario portuario. Pero ha optado por agacharse y sacudirse sus responsabilidades.
Nulidad de pleno derecho
Trujillo no solo está blindado por la presidenta de la Autoridad Portuaria y por su consejo de administración. También lo está por los sectores más influyentes del empresariado portuario, un poder fáctico que históricamente no solo ha removido directores sino también presidentes. Y, por supuesto, los ha reforzado en momentos de turbulencias.
Hasta ahora lo único que se sabe oficialmente es que en la Autoridad Portuaria de Las Palmas no hay ningún expediente de contratación que valide el acceso a su puesto de trabajo del que hoy es director de Puertos de Las Palmas. Esa circunstancia, que pudiera parecer una negligencia administrativa, es la que ha salvado a la actual presidenta, Beatríz Calzada, dado que la ausencia de un expediente ha impedido a la Oficina de Conflicto de Intereses (OCI) proceder contra ella por negar una información que afirma no tener.
Pero que no exista expediente puede confirmar la tesis de que Trujillo fue incorporado a la plantilla sin ningún tipo de formalidad, y mucho menos las exigencias legales de publicidad, capacidad y méritos.
Por si la posición del director de Puertos de Las Palmas ya era administrativamente delicada, una reciente sentencia del Tribunal Supremo referida al personal laboral temporal, refuerza la tesis de que nadie se puede perpetuar en una Administración pública sin los requisitos necesarios. La Sala de lo Social del alto tribunal resolvió el pasado 11 de mayo que “la contratación temporal de personal laboral por parte de las Administraciones públicas sin superar un procedimiento de acceso al empleo público sujeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad no permite que esos trabajadores adquieran la condición de fijos como consecuencia directa del abuso en la temporalidad porque se vulnerarían la Constitución Española y el Estatuto Básico del Empleado Público y se impediría el acceso al empleo público de los restantes ciudadanos”.
El último episodio de este culebrón se sitúa en marzo pasado, cuando el reclamante, José Fernández, recurrió al presidente de Puertos del Estado, el canario Gustavo Santana, para que, haciendo uso de sus competencias de supervisión, ordene a la Autoridad Portuaria de Las Palmas iniciar el expediente de revisión de oficio para dictaminar la nulidad del contrato y depurar las responsabilidades oportunas.
Las circunstancias legales en las que se encuentra ahora mismo el director de la Autoridad Portuaria no solo le atañen a él. Podrían repercutir en la gestión del organismo público si prosperara la declaración de nulidad del nombramiento por ser también nula de pleno derecho su contratación inicial: las resoluciones que haya tomado en el ejercicio de su cargo podrían declararse igualmente nulas, lo que podría conducir a indemnizaciones o a otras consecuencias de difícil alcance para el organismo.