Calor en las aulas: el sindicato STEC-IC exige dimisiones en la Consejería de Educación por el estado de las infraestructuras
El sindicato STEC-IC ha pedido dimisiones en la Consejería de Educación por el estado de las infraestructuras educativas. Ha acudido a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que investigue el “cumplimiento de las obligaciones preventivas de la Administración ante las altas temperaturas”.
STEC-IC apunta como responsables al consejero de Educación, Poli Suárez y al director general de Infraestructuras y Equipamientos, Iván González Carro.
El sindicato subraya que lleva años denunciando el estado de las infraestructuras educativas de Canarias. “Ya no hablamos de una incidencia aislada, de una ola de calor excepcional, ni de un centro concreto”, destaca.
“Hablamos de goteras, humedades, aulas inutilizadas, instalaciones eléctricas obsoletas, paredes agrietadas, amianto, barracones, sistemas contra incendios inoperativos, falta de espacios de sombra, centros sin adaptar a las altas temperaturas y obras que interfieren con la actividad lectiva. Y hablamos, sobre todo, de personas”, denuncia el sindicato.
El STEC-IC subraya que el alumnado que tiene derecho a acudir a clase “sin que las deficiencias de su centro comprometan su seguridad, su salud o su bienestar” y que el alumnado con mayores necesidades de apoyo “no puede ser condenado a estudiar en instalaciones deficientes que tienen derecho a desarrollar su actividad en condiciones seguras y saludables”.
El sindicato además denuncia que determinadas infraestructuras educativas presentan condiciones que ponen en riesgo la integridad física de docentes y alumnado. También alerta de situaciones de emergencia en varios Centros de Educación Especial, con “barracones, tuberías con amianto, paredes agrietadas y sistemas antiincendios inoperativos. Y, como si de una norma se tratara, goteras, humedad, polvo, aulas inutilizadas y, recientemente, el calor”.
“Llevamos años escuchando hablar de protocolos, planes y futuras actuaciones mientras miles de docentes y estudiantes continúan expuestos a temperaturas que pueden provocar mareos, deshidratación y golpes de calor”, lamenta.
La respuesta vuelve a ser “lo que tendría que ser una excepcionalidad: reducir actividad, suspender la presencialidad y mandar a alumnado y profesorado a casa”. Para el sindicato, “cerrar un centro no climatiza un aula. Un protocolo no elimina el amianto. Un plan no repara una gotera. Un anuncio no arregla una instalación eléctrica. Y mandar al alumnado a casa no sustituye a la prevención”.
“Después de cuatro años, ya no vale responsabilizar permanentemente a lo heredado. Tampoco presentar un nuevo protocolo cada vez que la realidad demuestra que el anterior no basta. Quien asume la gestión de las infraestructuras educativas asume también la responsabilidad de planificar, prevenir, ejecutar y rendir cuentas”, resume.