Los colectivos de vivienda llaman a presentar alegaciones para declarar Las Palmas de Gran Canaria zona tensionada
Los colectivos de lucha por la vivienda de Las Palmas de Gran Canaria lanzan una campaña para animar a la ciudadanía a presentar alegaciones en la consulta pública iniciada por el Gobierno de Canarias sobre la declaración del municipio como zona de mercado residencial tensionado. Esa declaración, solicitada por el Ayuntamiento, depende directamente del Ejecutivo de Fernando Clavijo, que se ha negado a aplicar la Ley Estatal de Vivienda desde que esta entró en vigor y que permitiría, si se aplicase, poner topes a los precios de los alquileres, entre otras medidas.
La iniciativa de los colectivos está dirigida a todas las personas que sufren las dificultades de acceso a la vivienda o están preocupadas por esta situación, tanto si disponen de DNI como de NIE asignado. El plazo para enviar las alegaciones finaliza el 12 de noviembre. Para facilitar la participación, los colectivos han publicado modelos de escritos en sus redes sociales.
La reivindicación es clara: Las Palmas de Gran Canaria debe ser declarada zona tensionada, y esta decisión debe tomarse con datos rigurosos, transparentes y que cualquiera pueda comprobar.
La declaración de zona tensionada permitiría activar herramientas previstas en la Ley estatal 12/2023, como la contención de rentas y determinados incentivos fiscales para propietarios que reduzcan sus alquileres.
El informe preliminar del Ayuntamiento capitalino, elaborado en 2025 con participación de investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), reconoce que el esfuerzo económico de los hogares supera los umbrales de referencia de la Ley estatal 12/2023, por el derecho a la vivienda: pagar una hipoteca supone el 30,70% de los ingresos de un hogar medio y un alquiler 30,97%. Estas cifras evidencian la necesidad de declarar todo el municipio zona tensionada. Sin embargo, existe un informe del Colegio de Economistas de Las Palmas (COELPA) que rebate las fuentes empleadas por el primer diagnóstico y concluye que Las Palmas de Gran Canaria no reuniría los criterios para esta declaración.
La Acampada 26S denuncia “errores de cálculo, cambios de criterio no explicados y falta de transparencia” en las fuentes utilizadas por este último informe. Asimismo, advierte de que los datos de alquileres registrados, muchos correspondientes a contratos firmados hace años, no reflejan el coste actual de acceder a una vivienda. Mientras el informe del COELPA sitúa el esfuerzo del alquiler en el 24 %, los precios de los portales inmobiliarios lo elevan a más del 30 %. Según Idealista, un piso de 80 m² en la zona Puerto-Canteras alquilado en octubre 2021 rondaba una media de 944 euros mensuales, y con las actualizaciones de la renta según el IRAV habría alcanzado los 1.048 euros mensuales en octubre 2026. Sin embargo, para los contratos de alquileres firmados en septiembre 2026 en la misma zona, el precio de la renta ha alcanzado los 1.360 euros mensuales.
Los colectivos también cuestionan que se afirme que sobran viviendas sin analizar cuántas están realmente disponibles y son asequibles. Reclaman frenar la pérdida de vivienda residencial, inspeccionar situaciones de infravivienda y estudiar medidas frente a la concentración de viviendas en grandes tenedores.
Los colectivos de vivienda hacen un llamamiento a toda la ciudadanía: si la vivienda te afecta o te preocupa, participa y presenta tus alegaciones antes del 12 de noviembre. Los vecinos de Las Palmas pueden utilizar las alegaciones que publicaremos esta semana en nuestras redes sociales, o elaborar las propias. Declarar Las Palmas de Gran Canaria zona tensionada es el primer paso para que vivir aquí vuelva a ser posible.