El actual director del SCS obstruyó una inspección a las Urgencias del HUC y fue denunciado ante Sanidad
La Diputación del Común recoge en su informe de 2025 “la oposición expresa” del actual director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, a que una delegación de esta institución inspeccionase sin previo aviso las urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC).
Por entonces, Goya era gerente del HUC y la inspección no anunciada, que se produjo el 22 de junio de 2025, a las 19.00 horas, “se vio obstaculizada por la oposición expresa del gerente, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 30.2 de la Ley 7/2001, de 31 de julio, del Diputado del Común”.
No obstante, mientras la jefa de día de las urgencias del HUC consultaba a sus superiores, la delegación de la Diputación del Común pudo observar parcialmente el funcionamiento del servicio y constatar, entre otras cuestiones, la existencia de camas ubicadas en los pasillos.
El informe de la Diputación del Común detalla que durante la visita se entregó al centro el formulario oficial de recogida de datos a efectos de su cumplimentación y posterior remisión.
También indica que, dado el “carácter obstruccionista de la actuación del gerente”, el mismo 22 de junio de 2025 se formuló denuncia ante la Consejería de Sanidad y ante la Secretaría General Técnica, mediante comunicación electrónica, sin que conste respuesta.
La institución de defensa de la ciudadanía canaria hace mención expresa a que el gerente del HUC fue cesado el mismo día en que la Diputada del Común se disponía a poner en conocimiento del Ministerio Fiscal su “conducta obstructiva”.
El 29 de julio de 2025, el Consejo de Gobierno de Canarias aprobó el nombramiento de Adasat Goya como director del Servicio Canario de la Salud en sustitución de Carlos Díaz.
En aquella primera visita no anunciada se constataron diversas “incidencias relevantes”, entre ellas la presencia de pacientes en camillas ubicadas en pasillos, incluidos pacientes de edad avanzada, algunos de ellos sin vigilancia directa.
También, familiares denunciaron tiempos de espera muy prolongados, que en determinados casos superaban las 24 horas sin recibir información; saturación de áreas asistenciales como triaje, observación y pasillos; obstáculos materiales en zonas de tránsito y evacuación susceptibles de comprometer la seguridad.
Así como la imposibilidad de registrar reclamaciones en el propio servicio, al limitarse la Oficina de Atención al Usuario a la entrega de impresos sin permitir su formalización presencial.
Posteriormente, el 6 de agosto de 2025, la Diputación del Común realizó otra visita sin avisar y en la comparación entre ambas se pudo constatar “una reducción visible” del número de camillas con pacientes en pasillos y la persistencia de tiempos de espera excesivos, según el testimonio coincidente de familiares.
También persistían en esa segunda visita las dificultades de acceso a información objetiva del servicio en tiempo real, riesgos u obstáculos en zonas de evacuación, y una presión asistencial sostenida en observación, tránsito y áreas relacionadas.
En una tercera visita, el 25 de noviembre de 2025, se identificaron “avances organizativos y estructurales”, como la implantación del circuito diferenciado para familiares, la consolidación de la sala de sillones, la creación en curso de una sala específica de trauma y la referencia a la puesta en funcionamiento del nuevo bloque quirúrgico.
Asimismo, “se observó una mayor colaboración institucional por parte de la dirección médica y la gerencia” del HUC, enfatiza la Diputación del Común.
No obstante, seguía habiendo una “presencia significativa” de pacientes en camillas en los pasillos y la coexistencia de pacientes ubicados en pasillos habiendo camillas y camas disponibles sin uso, “lo que apunta a dificultades en los procesos de valoración clínica o de gestión interna del flujo asistencial”.
Relato de pacientes y familiares
En el marco de la investigación desarrollada por la Diputación del Común se han incorporado al expediente diversos testimonios de personas usuarias, como la de la hija de una paciente de 92 años diagnosticada de Alzheimer y con dependencia reconocida de grado III, quien ingresó en urgencias tras sufrir una caída con fractura de cadera y traumatismo craneoencefálico.
Permaneció varios días en una camilla y en ayunas de forma reiterada, sin que finalmente se realizara la intervención inicialmente prevista.
Otros testimonios relatan estancias prolongadas de varios días en los pasillos de urgencias, permaneciendo en sillones, sin acceso a cama ni traslado a planta durante periodos prolongados.
Estas personas describen un entorno caracterizado por hacinamiento, con pacientes ubicados muy próximos entre sí, ausencia de intimidad, iluminación constante y ventilación limitada, así como demoras en la valoración médica y explicaciones contradictorias sobre los tiempos de espera.
Refieren igualmente dificultades para recibir agua, mantas y otros elementos básicos, así como problemas reiterados para el aseo personal, pese a la duración de la estancia.
Los testimonios coinciden en señalar deficiencias en las condiciones de higiene y limpieza, incluyendo incidencias en el uso de los baños, presencia de suciedad y residuos, así como situaciones que afectan a la confidencialidad de la información sanitaria, al escucharse datos clínicos en voz alta en espacios compartidos.
Dentro de estos relatos, se pone de manifiesto la especial vulnerabilidad de las personas mayores, dependientes o sin acompañamiento, describiéndose situaciones en las que otros pacientes asumían tareas básicas de apoyo, como facilitar mantas, avisar sobre el uso del baño o prestar ayuda para la movilidad, generándose una solidaridad entre pacientes que suplía, según relatan, la insuficiencia de recursos.
De forma transversal a todos los testimonios, las personas usuarias expresan un impacto emocional significativo, caracterizado por sentimientos de angustia, desesperación, humillación y pérdida de dignidad, así como una percepción compartida de que estas condiciones de permanencia prolongada en Urgencias se dan por normalizadas.
En la presentación del informe de 2025 el pasado viernes en comisión parlamentaria, la Diputada del Común, Dolores Padrón, solicitó una auditoría externa independiente sobre el funcionamiento de las urgencias del HUC, el hospital de España con más reclamaciones relacionadas con este servicio, según el Defensor del Paciente.
Asimismo, La Diputación urge a “la ejecución real, efectiva, completa y verificable” del Plan de Urgencias aprobado en 2017 (PLUSCAN), evitando que continúe operando como “un instrumento meramente programático o declarativo”.
Entre sus propuestas, sugiere el refuerzo “de manera decidida” el papel del Hospital del Norte como elemento estructural del sistema sanitario insular, garantizando su utilización efectiva como recurso preferente para la atención de patologías de baja y media complejidad.
De estibador en el puerto a director del SCS
Adasat Goya, actual director del Servicio Canario de la Salud y exgerente del HUC, es estibador portuario sin formación sanitaria y percibe un sueldo de 111.649 euros, 38.000 más que su antecesor en el cargo. Sin embargo, el Tribunal Constitucional mantiene desde marzo en suspenso el blindaje salarial que el Gobierno de Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) coló en los presupuestos autonómicos de 2025 para permitir que los altos cargos sanitarios pudieran mantener las retribuciones que percibían en el sector privado. Dos fueron los gerentes beneficiados de esa reforma; uno de ellos, Adasat Goya.
Goya no tenía formación ni experiencia alguna en el ámbito sanitario cuando fue nombrado gerente del Hospital Universitario de Canarias (HUC) en agosto de 2023. El actual director del SCS es economista y hasta ese verano había trabajado como estibador –de 2006 a 2016– y como coordinador de una terminal de contenedores en Santa Cruz de Tenerife. Además, fue concejal de CC durante 16 años, con responsabilidades de Gobierno, en El Sauzal.
A pesar de que durante la campaña electoral había prometido profesionalizar la gestión sanitaria, el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, de su mismo partido, confió en él para darle las riendas de uno de los cuatro grandes hospitales del Archipiélago, el de referencia para la población del norte de Tenerife y la isla de La Palma.
Cuando Goya accedió al cargo, la retribución fija de un gerente de hospital de máxima categoría en las Islas rondaba los 68.000 euros anuales, entre el sueldo base, el complemento de destino y un complemento específico por puesto de trabajo. A esa cantidad habría que sumarle los incentivos por objetivos (unos 14.400 euros anuales en caso de que se alcanzase el 100%) y otro plus de productividad variable que retribuye a los gerentes por “el ejercicio efectivo de la actividad y funciones directivas fuera de la jornada ordinaria de trabajo durante, al menos, 40 horas dentro de cada mes natural”.
Goya solo se formó en gestión sanitaria después de acceder al cargo. Entre septiembre de 2024 y marzo de 2025, el entonces aún gerente del HUC realizó un programa de alta dirección en salud de la Fundación San Telmo, un título propio de la universidad privada de Villanueva dirigida a profesionales que pretendan desarrollar “habilidades de liderazgo y de gestión” en este sector.