Intersindical critica que el presupuesto en Sanidad para 2026 “mantiene fuertes restricciones” en materia de personal
Intersindical Canaria ha expresado este jueves su “más profundo rechazo” a los presupuestos regionales en el área de Sanidad para 2026, “que consolida un modelo de austeridad selectiva que penaliza a las trabajadoras y trabajadores”.
En un comunicado, la organización ha criticado que, pese al “leve incremento” global de las cifras destinadas a sanidad, las cuentas “mantienen fuertes restricciones en materia de personal, impidiendo cualquier avance en las condiciones laborales y retributivas de los trabajadores del Servicio Canario de la Salud (SCS)”.
Además, Intersidical indica que en el apartado de Infraestructuras y dotación de recurso materiales “cronifica una situación de precariedad que mantiene lastrada la actividad asistencial en todos los niveles”, subraya Intersindical Canaria.
El presupuesto total de la Consejería de Sanidad para 2026 se eleva hasta los 4.833 millones de euros, el 38% del total de la comunidad autónoma tras crecer un 5,3% (243,7 millones) respecto a 2025, tal y como ha informado este jueves la propia Consejería de Sanidad.
Asimismo, el colectivo critica que el Gobierno de Canarias mantenga la “sustracción parcial” de las pagas extraordinarias, los descuentos en el complemento de productividad durante las bajas y el aplazamiento hasta 2028 de la convergencia salarial comprometida con el resto del Estado, lo que considera un “incumplimiento de los acuerdos” de la mesa sectorial de 2024.
Además, Intersindical Canarias denuncia que el Ejecutivo regional ha rechazado las propuestas sindicales “bloqueando la participación de los trabajadores en la toma de decisiones que afectan directamente a sus condiciones de vida y trabajo a niveles del escenario de recortes del año 2012”.
El Colectivo exige tanto al Gobierno canario como a la Consejería de Sanidad que se enmiende el texto “para garantizar la calidad de la atención sanitaria con criterios de universalidad y equidad, para lo cual resulta imprescindible una dotación económica adecuada, gestión profesionalizada y voluntad política leal con el servicio público, que incluye respeto por los derechos laborales de los profesionales”. concluye el comunicado.