El llamado limbo de la dependencia, personas que pese a tener el derecho reconocido siguen esperando por su prestación, sigue disparándose en Canarias. Según los datos oficiales del Imserso de mayo (los últimos publicados) en las Islas hay 13.922 personas en esta situación. La mayoría de ellas (13033) llevan esperando más de 6 meses. Además, ese mes solo se sumaron mayo 304 nuevos usuarios con programas de atención individualizada (PIA) al sistema.
En diciembre de 2023 ese limbo de la dependencia se situaba en 5826 personas. Al cerrar 2024, se había incrementado hasta llegar a las 7.478, hasta casi duplicarse ahora.
Canarias sigue siendo actualmente la segunda comunidad con mayor tiempo de espera existe desde que se realiza la solicitud hasta que llega la resolución de la prestación de la dependencia, con 540 días, solo por detrás de Andalucía, que presenta 579 y Murcia 555. Un dato que la actual consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, siempre repite que se ha reducido en los últimos años, pero que aún dista del de otras comunidades autónomas de similar población como Castilla y León, que tarda 113. La Ley, además, dicta que son seis meses lo que debe tardarse en resolver.
Si se atiende al número de personas que han presentado la solicitud, se aprecia que a 31 de mayo hay contabilizadas en el sistema en Canarias un total de 76.588 solicitudes. De ellas, se han resuelto 68.265 y se ha estimado que 60.672 tienen derecho. Ya cuentan con su PIA 46.750 pero hay 13.922 personas en ese limbo de la dependencia sin PIA.
En cuanto a las prestaciones, Canarias concede un total de 53.929 a fecha 31 después de corregirse la cifra que se infló en los primeros meses del año. De hecho, en las estadísticas oficiales aún aparece que en diciembre se concedieron 62.165 prestaciones y ahora aparecen 8.236 prestaciones menos. El caos con las cifras llevó al Gobierno regional a dar explicaciones confusas y a la oposición a pedir explicaciones mientras que los comités de empresa pidieron la dimisión de la consejera y la directora general de dependencia.
La mayoría de las personas reconocidas en Canarias tienen el grado tres (el más alto) y son 19.259; le sigue el grado dos (19139) y el uno (15.531).
Además, en la mayoría de los casos, las personas dependientes perciben una prestación para cuidado en el entorno familiar (21.703). Le siguen las personas que perciben una prestación vinculada al servicio (16.272), centros de día y noche (5.416), atención residencial (4.706), teleasistencia (2.483), ayuda a domicilio (1646) y prevención y autonomía personal (1703).
Por otro lado, en Canarias la ayuda a la dependencia solo alcanza a un 17% de la población (46.750, que son las que tienen PIA) potencialmente dependiente (262.023 personas). La mayor parte de las beneficiarias son mujeres (27.291) frente a 19.459 hombres.
Lista de espera frente a polémico decreto
La fórmula con la que la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias pretende rebajar la lista de espera, según ha reiterado en numerosas intervenciones, es a través de un nuevo decreto con el que pretenden pasar de un modelo bifásico a otro monofásico. No obstante, este nuevo decreto trae consigo una lluvia de críticas.
Los colegios de Trabajo Social de las dos provincias llevan meses alertando de que esta medida atenta contra la calidad del proceso. En un último comunicado conjunto señalan que esto supondrá en realidad más papeleo para la ciudadanía y una atención “empobrecida”. Una tesis que comparte el personal de la Consejería, que envió el mes pasado un escrito alertando de que se vulneran los derechos de las personas “más vulnerables”.
“Lejos de simplificar los trámites para las personas en situación de dependencia, advierten, esta nueva normativa traslada la carga administrativa a la ciudadanía y, en consecuencia, generará el colapso de los servicios sociales municipales”.
La eliminación del informe social es otra de las cuestiones criticadas en los últimos meses, desde que se empezó a tramitar el decreto. Personal de dependencia también ha afeado que se retire el informe social “sustituyéndolo por una figura denominada”Informe del Entorno“, que no está reconocida ni definida en la legislación vigente en materia de Servicios Sociales” ni en la Ley de Dependencia.