Los Colegios Oficiales de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas han alertado este martes del “deterioro progresivo del sistema público de servicios sociales en Canarias”.
Ambos colegios hacen mención a informaciones publicadas en distintos medios de comunicación, así como las denuncias públicas realizadas por comités de empresa, sindicatos y personal técnico de la propia administración, “confirman lo que desde hace meses venimos advirtiendo: la Consejería de Bienestar Social atraviesa una crisis estructural sin precedentes, cuyas consecuencias recaen directamente en las personas más vulnerables de nuestra sociedad y en el personal que trabaja a diario por garantizar sus derechos”.
“La acumulación de hechos graves que han salido recientemente a la luz revela una situación insostenible que afecta tanto a la calidad de los servicios como a la confianza de la ciudadanía en las instituciones. La falta de planificación, descoordinación y sensación de abandono institucional, afectan a todas las áreas sociales del Gobierno de Canarias”, destaca.
Los colegios continúan denunciando y alertando “del colapso en las valoraciones de discapacidad, dependencia, Renta Canaria de Ciudadanía, y la deficiente gestión de otras prestaciones como las ‘tarjetas monedero’, siendo el Ejecutivo canario responsable de la situación. Así mismo, nos mostramos expectantes ante la inminente entrada en vigor del polémico decreto de valoración de la Dependencia el próximo 26 de mayo y sobre el que nos pronunciaremos en los próximos días”.
“Lejos de tratarse de un problema técnico o puntual, los colegios profesionales consideran que estamos ante una crisis estructural de gestión política que afecta a derechos básicos de miles de personas en situación de vulnerabilidad y que pasa por la falta de dotación de personal desde hace años que este gobierno quiere enmascarar”, inciden en un comunicado.
“Los problemas no están en los equipos técnicos, sino en la gestión política y organizativa del Gobierno de Canarias. Las profesionales están sosteniendo el sistema a pesar de la sobrecarga y la descoordinación. El deterioro es responsabilidad del Ejecutivo, no de quienes lo están denunciando desde dentro”, han afirmado desde ambas entidades.
Así mismo, ante la creciente externalización de servicios, denuncian: “las debilidades estructurales deben resolverse desde lo público, no con soluciones externalizadas que agravan la desigualdad y ponen en peligro la calidad e imparcialidad del Sistema.”
Los colegios insisten en que “los servicios sociales no pueden gestionarse bajo lógicas de opacidad o presión política. Están para garantizar derechos, no para fabricar estadísticas. Quienes trabajamos cada día por y con las personas, especialmente las más vulnerables, no podemos seguir siendo cómplices silenciosos”.
Aimismo afirman que iniciarán una ronda de consultas y un seguimiento riguroso y constante de la situación, manteniéndose vigilantes y recogiendo el malestar creciente de los y las profesionales y promoviendo cuantas acciones sean necesarias para denunciar públicamente la discriminación y vulneración de los derechos sociales de la ciudadanía.
“Como colegios profesionales, reafirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos, la justicia social y la defensa del sistema público de servicios sociales como cuarto pilar del Estado del Bienestar. Nos posicionamos ante una gestión que pone en riesgo los derechos de miles de personas en situación de vulnerabilidad y precariza a quienes trabajamos por su atención”, destacan.