Margarita compró un solar en Ojos de Garza (Telde), un pueblo de poco más de 4.000 habitantes en la isla de Gran Canaria, cuando tenía 17 años. Fue levantando piedra a piedra la que iba a hacer su casa el resto de su vida. Y cuando asentó todas las bases, llegó la información que se olía, pero esperaba que no fuera cierta: la ampliación del aeropuerto que se situaba a escasos kilómetros del vecindario iba a tragarse todo lo construido. El barrio estaba (y sigue estándolo, a fin de cuentas) destinado a desaparecer.
El Plan Director del Aeropuerto de Gran Canaria, el documento que detalla cómo es el aeródromo hoy y cómo pretende serlo mañana, se aprobó en 2001 con la previsión de cimentar una nueva pista al oeste. Cabe recordar que al este del complejo se halla la Base Militar de Gando y al sur, según el propio texto, una obra de estas magnitudes “restaría funcionalidad al sistema en conjunto”.
La justificación de la expansión no es del todo clara. Quienes plantearon el proyecto consideran que Gran Canaria, por motivos de insularidad, importancia como punto de destino turístico europeo y la vinculación de la economía a unas redes adecuadas de transporte aéreo, merece una tercera pista. En 2019, el último año prepandemia, 13,2 millones de personas aterrizaron en la isla. El curso pasado lo hicieron 13,57 millones. Y el anterior 13,92.
Las previsiones de llegadas del Plan Director no se han cumplido. Se creía que para 2015 iba a haber 17 millones de pasajeros. Y aunque esa cifra sigue estando lejos, la intención no ha muerto. Ojos de Garza se expone a la “expropiación más devastadora” del Estado, con 888 viviendas y 4.000 vecinos con las maletas en la puerta a la espera de que Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) concrete las fechas del procedimiento. “Así no se puede vivir con tranquilidad”, resume Margarita Alonso, presidenta de la Plataforma de Expropiados de Ojos de Garza.
Esta semana, la realidad de este importante grupo de residentes canarios ha vuelto al Parlamento autonómico. La diputada de Nueva Canarias y alcaldesa de Telde (municipio en donde se ubica la localidad afectada), Carmen Hernández, ha resaltado la “absoluta incertidumbre” que se respira en el pueblo. “Son demasiados años de sufrimiento y desamparo”, dijo la regidora teldense. “[El caso de Ojos de Garza] es una historia de maltrato institucional”.
Ha habido manifestaciones en plena autopista, huelgas de hambre, lucha contra el poder mediático y las fuerzas vivas de Gran Canaria, convenios con AENA y hasta sondeos con presuntas irregularidades. 24 años después de que saltara la noticia, todo continúa en el aire. Podría haber tercera pista como podría no haberla. La estimación presupuestaria del desarrollo previsible del aeropuerto se acerca a los 500 millones de euros.
“Ahora mismo la previsión existente de crecimiento del tráfico a medio y largo plazo hace que pueda ser atendida con las dos pistas actuales”, apuntan fuentes de AENA. El Gobierno regional, en palabras del consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, está dispuesto a revisar el convenio y plantear modificaciones, si así lo considera. “Aquello que era urgente, no sabemos si a día de hoy lo es”, ha agregado. “Cualquier infraestructura en Canarias que afecta al territorio tiene una importancia que no tiene en el territorio continental. A medida que nos alejamos de 2001, las expectativas sobre la ampliación van disminuyendo”.
La pista podría no ser necesaria (o sí)
Al reciente titubeo se une el movimiento flygskam, lo que se traduce como “la vergüenza de volar”, una corriente que nació en Suecia de la mano de la joven activista ambiental Greta Thunberg que pretende concienciar sobre el uso de los aviones para viajar. En Canarias, el 4,99% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 2018 se debieron al transporte aéreo nacional, según el anuario energético de las Islas.
“Respecto a la ampliación de infraestructuras como los aeropuertos, el único argumento válido en la actualidad debería ser en la medida que se aumente la seguridad de los vuelos”, reflexiona Abel López Díez, doctor en Geografía Física por la Universidad de La Laguna (ULL) y uno de los autores del artículo Turismo, transporte y cambio climático: la huella de carbono del tráfico aéreo internacional en las Islas, en donde se destaca que, entre otras cosas, un vuelo entre Canarias y Gambia emite más dióxido de carbono que un gambiano en todo un año.
“Ampliar [el aeropuerto] con el objetivo de fomentar que se sigan abriendo nuevas rutas internacionales o de que el volumen de turistas incremente es ir claramente en contra de las directrices que apuestan por la reducción de gases de efecto invernadero para alcanzar la tan ansiada neutralidad climática”, continúa el experto. “En espacios tan frágiles ante el cambio climático como son las Islas, debemos ir pensando en que seguir aspirando a crecer en turistas no debe ser la solución”.
Pero el cartel de ‘no más turistas’ podría servir de poco en esta cuestión. Los que defienden una tercera pista en el Aeropuerto de Gran Canaria también aluden a la necesidad de la isla de convertirse de una especie de plataforma logística para las principales organizaciones supranacionales, como las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE). Esta semana, sin ir más lejos, el ministro de Exteriores del Ejecutivo nacional, José Manuel Albares, ha vuelto a plantear la idea teniendo en cuenta las nuevas relaciones entre España y Marruecos.
Ya en 2017, el Senado aprobó mayoritariamente una declaración institucional sobre la ampliación de la Quinta Libertad del Aire en el Archipiélago, lo que garantizaría a las aerolíneas entrar en el espacio aéreo de las Islas y realizar escalas con posibilidad de carga y descarga de pasajeros y mercancías.
“Su aplicación en las Islas resultaría igualmente beneficiosa y permitiría convertir el Archipiélago en puente comercial entre Europa, África y América”, dice la proclamación. “Además de repercutir positivamente en la conectividad, desarrollo económico, progreso y competitividad internacional, fomentando las relaciones comerciales y el desarrollo del sector turístico”.
Los razonamientos a favor de la tercera pista se escuchan menos que ayer porque el asunto ha perdido actualidad. Pero a principios de siglo, según se desprende del artículo Medios de información o medios de propaganda: el caso del aeropuerto grancanario de Gando, publicado en la Revista Latina de Comunicación Social por el catedrático en Periodismo José Manuel de Pablos Coello, eran una constante en los medios de comunicación. Hasta el punto, señala la investigación, que los periódicos presentaban las declaraciones de los defensores del proyecto como “dogmas de fe” y hacían oídos sordos al resto.
Cuál es la novedad ahora
El Plan Director no pone fechas a la expropiación. Solo especifica que “se irán planteando las actuaciones cuando la demanda se vaya acercando a la capacidad”. Sin embargo, desde 2008, tras AENA incoar los expedientes expropiatorios, los dueños de las viviendas de Ojos de Garza no han podido remodelar sus viviendas ni venderlas, porque nadie quiere irse a vivir a un distrito a punto de ser engullido.
En un primer momento, plantaron cara a la ampliación. “Llegamos a sacar a 3.000 personas a la calle”, recuerda Alonso. Luego, renegados ante la imposibilidad de dar marcha atrás al programa, lucharon por la firma de un convenio entre todas las administraciones implicadas que armonizara el procedimiento y permitiera a los habitantes del barrio decidir qué hacer: si ser realojados o esperar a la expropiación forzosa.
La primera de las opciones era la que más gustaba. En 2007, en una reunión celebrada entre el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Telde, Aviación Civil y los afectados, el 75% de la población residente se mostró de acuerdo con el realojo voluntario. En otro sondeo extraoficial realizado también por las mismas fechas, el 88,42% de los encuestados pidió ser reubicado con el resto del vecindario. El Ejecutivo autonómico llegó a aprobar una ley que favoreciera la reubicación en un ámbito próximo a la comunidad, Montaña de las Tabaibas.
La segunda alternativa, la de la expropiación forzosa, se intentó evitar por un principal motivo: si el justiprecio ofrecido no se ajustaba a lo requerido por los vecinos, muchos de ellos podrían quedarse sin casa y con poco dinero para comprar otra. De hecho, Margarita Alonso se declaró en huelga de hambre en 2014 por esto, entre otros motivos.
“AENA ha montado una operación especulatoria (sic) con nuestras casas y, aprovechando la crisis económica, está esperando a que los precios de mercado de las viviendas lleguen a mínimos para adquirirlas a los precios más bajos posibles y obtener así beneficios a costa de los ciudadanos”, reza en un comunicado en el que justificó su decisión.
Después de un tira y afloja que duró años, AENA, la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Telde firmaron en 2014 el tan ansiado convenio, pero con una condición: una nueva encuesta que refrendara la petición popular del realojo, a la que tendrían que acogerse un 60% de los preguntados para que AENA la financiase.
Los resultados, hechos públicos en 2019, revelaron que ese porcentaje no se alcanzaba ni por asomo. Solo hubo 253 votos a favor. “Resulta patente, por tanto, el notable descenso del interés vecinal por el realojo”, escribió por entonces el viceconsejero de Relaciones con el Parlamento de Canarias, Manuel Marcos Pérez.
No obstante, tanto para la alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, como para Alonso, la metodología empleada en el sondeo, llevada a cabo por la empresa pública de gestión y planeamiento territorial y medioambiental (GESPLAN), no fue la mejor. La primera lo ha calificado esta semana de “incorrecta” y “anómalo”. La segunda presentó una queja ante el Gobierno autonómico en la que denuncia las “múltiples irregularidades” que se dieron en el mismo, como “la no identificación de todos los afectados” o la “no recogida de forma adecuada de la documentación aportada por los vecinos”.
“Estas y otras muchas irregularidades no son entendibles en un proceso decisorio”, dice el escrito de denuncia de la plataforma de expropiados. “Entendemos que dicho resultado no goza de las mínimas garantías de fiabilidad, puesto que el proceso ha estado viciado desde el principio”.
“El sondeo no es válido. Pedimos que se suspenda el sondeo, que se declare nulo. Por mal hecho, porque la metodología fue incorrecta, por extemporáneo”, exclamó Hernández en el Parlamento. Llegó a los vecinos cinco años después sin ninguna garantía. Nadie firmaría una autorización de realojo si no le dicen cuánto vale la nueva vivienda donde se va a quedar. Recordemos que estamos hablando de la mayor expropiación forzosa de todo el Estado“.
El Ejecutivo regional, vista la presión recibida, ha abierto la puerta estos días a que se repita la encuesta. Es la reclamación principal de Alonso y el resto de damnificados de Ojos de Garza. Y así, que todo el barrio se manifieste de nuevo por si quiere mudarse o, por el contrario, esperar a la expropiación de un proyecto aeroportuario que aún se desconoce si saldrá adelanta o no.