Más investigación, mejorar la docencia o la igualdad de género. Son algunos de los objetivos estratégicos que se marca el nuevo plan de financiación plurianual de las universidades públicas de Canarias, un modelo que prevé implantarse hasta 2030, de manera que incorpore las tres nuevas vías recogidas en la nueva ley de universidades; una estructural basal, otra por necesidades singulares y otra línea vinculada a los objetivos.
Se trata de una medida que pretende hacer frente al déficit de financiación que venían afeando las dos universidades públicas de Canarias, la ULL y la ULPGC, y que se ha desarrollado tras realizar un profundo diagnóstico de la realidad de estos dos centros. Ese informe detectó la importante dependencia económica que ambas universidades tienen del Gobierno y reflejó carencias como el déficit de plazas de máster, que hace que el estudiantado canario tenga que optar por irse fuera de la comunidad autónoma o recurrir a una universidad privada, donde los costes superan con creces los de la pública.
La consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Manuela de Armas, ha presentado este miércoles la propuesta sobre el nuevo modelo para financiar las dos universidades públicas hasta 2030. Primero, lo hizo en una comparecencia en el Parlamento donde apuntó que a partir de ahora se contará con un nuevo sistema plurianual que dará a las universidades un “contexto de certidumbre que permita programar y subsanar las deficiencias”. Más tarde, detalló este plan en rueda de prensa junto al director general de Universidades, Manuel Ramírez y al director de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE), Saturnino Martínez.
“Canarias es una de las primeras comunidades que se adelanta a la Ley Orgánica del Sistema Universitario y que alinea la financiación de las universidades con esa financiación plurianual”, dijo Manuel Ramírez, que apuntó que este modelo permitirá que las universidades no tengan que depender de los presupuestos de cada año de la comunidad autónoma, sino que podrán programar con siete años vista al tener garantizadas esas cuantías.
En concreto, la nueva ley de universidades aprobada, pero que aún no ha sido publicada en el BOE, determina que habrá un aumento de la financiación de manera que permitirá pasar del 0,54% del PIB regional al 0,67% en 2030.
Los detalles del nuevo modelo de financiación
El director general de Universidades precisó que la nueva norma establece en primer lugar una “financiación estructural basal”, la cual permitirá para cubrir las necesidades plurianuales de gastos de personal, gastos corrientes en bienes y servicios y de inversiones reales, de desarrollo de la actividad docente y formativa y la investigación estructural. También incluye las inversiones para garantizar la sostenibilidad medioambiental de las universidades.
Por otro lado, habrá una “financiación estructural por necesidades singulares”, que será en función de necesidades específicas tales como la insularidad, la dispersión territorial y presencia en el medio rural de sus centros. También se tendrá en cuenta el nivel de especialización de las titulaciones impartidas, la pluralidad lingüística de los programas, la existencia de infraestructuras singulares o el tamaño de las instituciones.
En tercer lugar, la financiación por objetivos, es decir, “en función del cumplimiento de objetivos estratégicos que se hayan fijado en la programación plurianual”. Ramírez remarcó que estos estarán vinculados a la mejora de la docencia, la investigación, la transferencia de conocimiento, la innovación, la internacionalización, la cooperación interuniversitaria y la participación en proyectos y redes, así como la igualdad de género.
Como ejemplo, puso el hecho de que las mujeres son en menor porcentaje quienes llegan a ser catedráticas y precisamente romper esa brecha de género debe ser uno de los objetivos planteados.
Así mismo, insistió en que se contará con más dinero, “asociado a hacer mejor las cosas”, pues son recursos destinados “porque la sociedad canaria necesita universidades con unas tasas de abandono inferiores, alineada con la media nacional, rendimiento investigador alineado, y que se pongan las pilas porque los estudiantes de Canarias tienen dos universidades públicas y con una buena oferta no tendrían la necesidad de ir a la Península”, recalcó.
Además, como ha apuntado en otras ocasiones la consejera de Educación, otro de los retos es que las universidades públicas también dispongan de la capacidad para “atraer fondos propios de proyectos de investigación o actividades de transferencia, y esto premia que las universidades sean capaces de mejorar su financiación a través d la captación de recursos competitivos”, es decir, el Gobierno premiará cada euro que consigan captar con financiación adicional.
Una reunión técnica para consultar dudas
Manuela de Armas destacó que este jueves se celebrará una jornada técnica con los expertos y expertas que han realizado este informe junto a las universidades. En ese encuentro de trabajo las universidades públicas tendrán ocasión de trasladar sus dudas y sugerencias de mejora sobre el nuevo modelo de financiación.
Así mismo, tanto en el Parlamento como en la rueda de prensa hizo un recorrido por los pasos que se han dado hasta llegar a este punto. Primero, fue necesario conocer la situación de las dos universidades públicas canarias y por este motivo se encargó un informe a un grupo de expertos en el campo de la economía de la educación universitaria “que abordó el estado en el que se encuentran ambas universidades públicas canarias en aspectos como la perspectiva económica, la oferta de titulaciones, el rendimiento académico, la empleabilidad, entre otros”.
Ese informe fue remitido a los equipos rectorales de las dos instituciones, a las personas que presiden sus Consejos Sociales, a quienes ejercen la representación del estudiantado en cada una, así como a representantes del Personal Docente e Investigador (PDI) y del Personal de Administración y Servicios (PAS). También se trasladó a los actores externos del sistema universitario, como los Colegios Profesionales, y se les brindó la posibilidad, tanto los agentes internos como externos de las universidades públicas, para que hicieran llegar a esta Consejería sus valoraciones. El resultado de este trabajo, y de todas las consultas posteriores, es la propuesta planteada a las universidades públicas canarias en el marco de la LOSU.
El avance de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación educativa
Por otro lado, este miércoles la Consejería de Educación ha avanzado que la ACCUEE ha formalizado esta semana su inscripción en el Registro Europeo de Aseguramiento de la Calidad del Espacio Europeo de Educación Superior (EQAR). Esto supone el reconocimiento “pleno como agencia de aseguramiento de la calidad universitaria en el espacio europeo de educación superior”. Poe tanto, sus informes sobre la calidad de los títulos universitarios cuentan con validez en los 47 países que conforman dicho espacio.
El sociólogo Saturnino Martínez destacó que la agencia cumple así con uno de los requisitos fundamentales para ejercer su actividad marcados en el Real Decreto por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad.
“Hemos cumplido un hito para la gobernanza del sistema canario”, apuntó Martínez. De hecho, la Consejería apunta que esas nuevas competencias permiten reformar los procesos de aseguramiento de la calidad universitaria en Canarias, aligerando la carga burocrática.