Más de 60 opositores a la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife denuncian “graves irregularidades” y dos meses sin notas
Imagina pasar años estudiando para conseguir una plaza, sacrificando tiempo, trabajo y familia, y llegar al final sin saber si todo ha merecido la pena. 66 opositores a la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife llevan más de dos meses atrapados en ese limbo. No saben si han conseguido una plaza ni cuándo lo sabrán. Ante esta situación, han decidido hacer público su malestar a través de una carta en la que denuncian “graves irregularidades” y un silencio administrativo que mantiene su futuro en suspense.
Pero ese mutismo es tan solo la punta del iceberg. A esa querella pública se suma “una absoluta inseguridad jurídica”, donde acusan directamente al Tribunal Calificador de “saltarse la ley de la oposición”.
Preguntas fuera de temario
El primer impedimento llegó cuando se presentaron al último examen, efectuado en la Sala Polivalente de la Sede Administrativa del Servicio de Atención Social (antiguo IMAS) el pasado 9 de junio, y comprobaron que una de las preguntas no figuraba en el temario oficial. La prueba les exigía resolver un caso relacionado con un delito de daños. Todo parecía usual hasta que se percataron de que ese delito, aparentemente inexistente, pertenece a un artículo que no formaba parte de las propias bases de la convocatoria.
Los afectados sostienen a Canarias Ahora que el pliego de condiciones delimitaba de forma concreta los contenidos que podían ser objeto de evaluación. En el caso del tema 10, se incluían los delitos contra el patrimonio: hurtos, robos, robo y hurto de uso de vehículos, usurpación y determinadas modalidades de defraudación, como las estafas y la apropiación indebida. El delito de daños, regulado en los artículos 263 y siguientes del Código Penal, no aparecía entre los tipos penales incluidos en el programa.
La cuestión no es menor. Los opositores consideran que el Tribunal Calificador no puede exigir conocimientos que no aparecen en las bases que rigen la convocatoria y que, precisamente por ello, la pregunta genera una situación de inseguridad jurídica que puede afectar a la igualdad entre los aspirantes.
A esta primera controversia se suma la planteada en el segundo supuesto práctico. Una de las preguntas estaba valorada en 2,5 puntos, una puntuación especialmente relevante en una oposición en la que una diferencia de unas pocas décimas puede determinar quién consigue una de las 26 plazas.
En este caso, los aspirantes debían detallar las infracciones cometidas en relación con una Ordenanza Municipal y citar concretamente sus artículos 22 y 24, una normativa que no figuraba expresamente en el temario específico de la convocatoria.
Pero la polémica no terminó en el contenido de la pregunta. El caos organizativo de la prueba fue lo que agravó todavía más la situación. El examen se entregó boca abajo y cubierto por una hoja separata en la que debía consignarse el nombre antes de ser recortada, tal como indica el Tribunal Calificador. Al realizar el corte de la plica, lo primero que quedaba al descubierto antes siquiera de comenzar oficialmente la prueba era precisamente la pregunta de 2,5 puntos sobre la ordenanza, lo que desató angustia y nerviosismo.
El problema, según explican los opositores a este periódico, es que el Ayuntamiento de Santa Cruz no había indicado claramente qué textos legales podían llevarse al examen.
Por eso, cuando apareció una pregunta sobre una ordenanza que no estaba incluida en el temario específico, muchos aspirantes empezaron a buscarla entre los documentos que habían preparado.
Esto provocó un bloqueo al principio del examen y les hizo perder minutos importantes buscando una normativa que finalmente no tenían, ya que no aparecía en el programa que habían estudiado.
Una ordenanza que ya estaba bajo lupa
El episodio cobra todavía mayor relevancia porque la misma Ordenanza Municipal ya había aparecido en la anterior prueba tipo test. En aquella ocasión, los opositores ya habían impugnado una pregunta relacionada con esta normativa. Sin embargo, el Tribunal rechazó sus alegaciones al considerar que el temario incluía, dentro de la Policía Administrativa Especial, un apartado sobre Humos, Ruidos y Vibraciones y que, por tanto, los aspirantes debían conocer la normativa relacionada con esa materia, incluida la ordenanza municipal.
Esa explicación, sin embargo, no ha convencido a los afectados, que consideran que esta interpretación amplía de facto el contenido de las bases y que “una referencia genérica a una materia no puede convertir automáticamente toda la normativa municipal relacionada con ella en contenido evaluable”.
Para defender su postura, los opositores también citan el artículo 21.3 de la Ley 6/1997, de Coordinación de Policías Locales de Canarias. Esta norma permite que cada Ayuntamiento añada al temario general contenidos relacionados específicamente con su propio municipio.
Por eso, los opositores consideran que, si una ordenanza municipal podía entrar en el examen, debería haber aparecido claramente en el temario específico y no incluirse de forma indirecta mediante una pregunta del examen.
Un hecho que, según denuncian, podría haber generado una situación de ventaja para quienes conocían previamente el criterio empleado por el Tribunal para resolver la impugnación del test, frente a aquellos aspirantes que se limitaron a preparar las materias que figuraban expresamente en las bases de la convocatoria.
Más de dos meses sin conocer las notas
A todas estas dudas sobre el contenido de los exámenes se suma ahora la espera. Más de dos meses desde el supuesto práctico, la última prueba obligatoria del proceso selectivo, y los 66 aspirantes continúan sin conocer sus calificaciones.
La prueba de inglés que queda por realizar tiene carácter voluntario y únicamente sirve para mejorar la puntuación, por lo que los opositores ni siquiera saben si deben continuar preparándola. La incertidumbre se traduce en una decisión difícil, en la que no saben si seguir invirtiendo tiempo y dinero en clases y preparación para intentar conseguir algún punto adicional o bien centrar los esfuerzos en otras oposiciones de Policía Local.
“¿Seguimos preparando inglés o damos un paso al lado?”, se preguntan. Una decisión que, en cualquier caso, depende de unas notas que el Consistorio todavía no ha publicado.
Detrás de los 66 aspirantes hay también 66 situaciones personales diferentes. Personas que compaginan turnos de trabajo con jornadas de estudio, responsabilidades familiares y una preparación física que requiere constancia diaria. Todas ellas se ven obligadas a mantener ese nivel de exigencia sin saber siquiera si continúan dentro del proceso.
Este periódico ha preguntado por ello al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que ha remitido las cuestiones planteadas por los opositores al Tribunal Calificador, al que corresponde la valoración de los ejercicios y la resolución de las reclamaciones. La Concejalía de Recursos Humanos, responsable de la gestión administrativa de la convocatoria y de la designación del Tribunal, ha señalado que, por el momento, “no realizará ninguna valoración sobre las denuncias”.
A la espera de una respuesta del Ayuntamiento
“No reclamamos ni trato de favor ni una modificación de las reglas”, lo que los opositores exigen es que se respeten las bases de la convocatoria y se garantice que todos los aspirantes sean evaluados exactamente bajo las mismas condiciones.
Entre sus reivindicaciones está que el primer supuesto sea corregido atendiendo únicamente a las materias incluidas en el temario; que se anule la pregunta de 2,5 puntos relativa a la Ordenanza Municipal y, sobre todo, la publicación inmediata de las calificaciones.
En su escrito, los opositores argumentan que los principios de seguridad jurídica e igualdad en el acceso al empleo público impiden que durante una oposición se incorporen contenidos que no estaban previamente delimitados para los candidatos.
Una carta pública que puede terminar en los tribunales
Lo que comenzó como una espera cargada de incertidumbre puede acabar ahora en los tribunales. Varios aspirantes ya han buscado asesoramiento jurídico y aguardan a la publicación oficial de las notas para decidir si dan el siguiente paso.
Por ello, reclaman a las instituciones que si no corrigen las irregularidades que denuncian, están preparados para llevar el proceso a la vía contencioso-administrativa. La batalla por una plaza de Policía Local podría, así, continuar en los juzgados, emulando a los opositores al Cuerpo General de la Policía Canaria, quienes han denunciado este mismo año “la existencia de graves irregularidades detectadas”, que comprometían los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir el acceso al empleo público. Un proceso que se encuentra en plena parálisis institucional y judicial, marcado por la apertura de nuevos procesos selectivos en paralelo.
Un proceso por oposición libre
El procedimiento de selección fue convocado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y se desarrolló mediante acceso libre y oposición. A lo largo del año, los participantes tuvieron que superar exigentes pruebas físicas, que incluyeron salto horizontal, flexiones de brazo, resistencia aeróbica y adaptación al medio acuático, además de exámenes de conocimientos y las pruebas psicotécnicas, diseñadas para evaluar distintas aptitudes y características psicológicas relacionadas con el desempeño de las funciones policiales..
Una convocatoria que pone en juego 26 plazas de funcionario de carrera para la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife.