Mensajes en grupos de WhatsApp, publicaciones en redes sociales y hasta el audio de una de sus clases. Son las pruebas que ha recabado un colectivo de opositores a la Policía Canaria para demostrar que el presidente del tribunal calificador, el inspector Ángel Níchel Acosta, formó a aspirantes a ingresar en el cuerpo en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria y que, por tanto, incumplió su deber de abstención cuando fue elegido. A juicio de los denunciantes, el presidente del tribunal incurre en un “grave” conflicto de interés que vicia de nulidad todo el proceso selectivo.
Se trata de una de las presuntas irregularidades que recoge una denuncia presentada la semana pasada en la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas. Según fuentes oficiales del Ministerio Público en la provincia, ya se han incoado diligencias para investigar los hechos.
Las bases de las polémicas oposiciones para cubrir 141 plazas de la escala básica en la Policía Autonómica se publicaron el 22 de noviembre de 2023. En su apartado quinto, la convocatoria estipula que los miembros del tribunal calificador (compuesto por cinco titulares y cinco suplentes) deberán plantear su abstención, “para no formar parte del mismo”, cuando “hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la correspondiente convocatoria”, y que deberán comunicar esta circunstancia a la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, el organismo que elige a sus integrantes.
Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, Ángel Níchel Acosta realizó tareas de formación a aspirantes a la Policía Canaria al menos en 2021, tan solo dos años antes de la convocatoria de las oposiciones cuyo tribunal calificador preside.
El inspector de la Policía Canaria dejó rastro de esa actividad en redes sociales y también en grupos de WhatsApp. Acosta aparece vinculado a la academia Forma2, que regenta su pareja y que se ubica en el barrio de Tamaraceite de la capital grancanaria. “Se trata de una academia de clases particulares que nunca ha preparado a opositores de ninguna policía”, contestó el presidente del tribunal calificador en respuesta a las preguntas formuladas por este periódico. “Desconozco los intereses que puede haber detrás de esa y otras acusaciones sin consistencia”, añadió.
El 31 de julio de 2020 la academia Forma2 publicó en sus redes sociales el siguiente mensaje: “La próxima semana tendremos disponible el temario de acceso al Cuerpo General de la Policía Canaria, escala básica, convocatoria 2020”. La publicación incorpora la portada del temario, en la que aparece como autor el propio Acosta, y dos números de teléfono. Uno de ellos pertenece al inspector. “El temario fue un trabajo que se realizó en 2018-2019, pero que, por diversos motivos, nunca se publicó”, sostiene el presidente del tribunal, que tituló “Plan formativo: Dispositivos de control para la unidad operativa móvil del Cuerpo General de la Policía Canaria” su trabajo final del grado de Seguridad y Control de Riesgo en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).
También el 31 de julio de 2020, desde el perfil en Instagram del club de judo Akari se publicita, con una imagen del mismo temario, la academia de su pareja. “Atención. Si buscas sitio para prepararte las oposiciones para acceder a la Policía Canaria, academia Forma2 es tu academia. No lo dudes más y reserva tu plaza”, reza el mensaje, que se completa con la dirección del centro formativo, un correo electrónico y los dos mismos teléfonos, uno de ellos de Acosta, que además es entrenador de judo y tiene vínculos con ese club.
WhatsApp y audio
Meses después, ya en 2021, circuló el siguiente mensaje, atribuido también al ahora presidente del tribunal, en grupos de WhatsApp formados por aspirantes a ingresar en la Policía Canaria: “Hola a todos, comentarles que el sábado 27 de marzo impartiré clases de supuestos prácticos para el acceso al Cuerpo General de la Policía Canaria. Será en horario de mañana en los siguientes turnos: 09.00 horas. 10.30 horas. 12.00 horas. Las clases durarán 70-80 min. y serán en la calle (...), Tamaraceite (Academia Forma2). La cuota es de diez euros. Si estás interesad@, confirma por esta misma vía. Se recomienda acudir a la sesión con los textos legales impresos. Saludos y suerte”.
El sábado 13 de marzo de 2021, dos semanas antes de ese mensaje, un opositor había grabado una de esas clases impartidas por Ángel Nichel Acosta sobre supuestos prácticos, precisamente la prueba que ha suscitado más controversia en la última convocatoria. En ese audio, al que ha tenido acceso este periódico, el inspector se dirige a un grupo de aspirantes (en torno a cinco, según las fuentes consultadas) y les explica cómo abordar esa prueba “de cara al tribunal que va a corregirlo”. Primero se identifica el delito “mirando el Código Penal” y, después, “si procede la detención o no”, dice en un momento.
En esa grabación, que supera los 70 minutos de duración, Acosta cuenta a los aspirantes cómo han sido las pruebas de acceso al cuerpo en los últimos años y cómo ha ido evolucionando la fase de supuestos prácticos. “Yo no pondría supuesto práctico en ninguna oposición porque después, a la hora de la valoración, es muy subjetivo. Yo pondría preguntas tipo test”, comenta al cerrar la clase, antes de decirles que le pueden plantear cualquier duda a su teléfono móvil. En ese mismo audio se escucha dar a uno de los asistentes su número de teléfono, que coincide con el que figura en los mensajes difundidos por la Academia Forma2 y es el mismo desde el que respondió a este periódico.
Ángel Nichel Acosta fue nombrado presidente del tribunal calificador del proceso selectivo para la provisión de 141 plazas de la escala básica de la Policía Canaria en diciembre de 2024. La convocatoria se había publicado trece meses antes, en noviembre de 2023. Según lo dispuesto en las bases, es causa de abstención haber realizado tareas de formación de aspirantes en los cinco años anteriores a la convocatoria. Por tanto, desde finales de 2018.
Los miembros del tribunal fueron designados mediante resolución de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública. Los encargados de calificar las pruebas de los aspirantes debían ser personal funcionario de carrera y poseer la titulación académica “igual o superior a la exigida a las personas aspirantes de cada proceso selectivo y adecuada al área de conocimiento necesaria para poder enjuiciarlas, sin que mayoritariamente puedan pertenecer al cuerpo objeto de selección”.
La última fase del proceso selectivo, el supuesto práctico, se celebró a principios de septiembre. A partir de ahí, un colectivo de opositores se unieron para denunciar en distintas vías lo que consideran una “concatenación de irregularidades”. Este grupo ha cuestionado “el rigor, la objetividad y la transparencia” del tribunal calificador presidido por Acosta, tanto en el examen tipo test, como en la prueba práctica, en las correcciones y en la desestimación de la avalancha de alegaciones presentadas por los candidatos.
“Graves irregularidades y favoritismo”
La denuncia anónima presentada ante la Fiscalía Anticorrupción habla de “presuntas graves irregularidades, corrupción y red de favoritismo en las pruebas selectivas”. En ese escrito, a partir del cual el Ministerio Público ha abierto diligencias, se detallan de forma cronológica los acontecimientos y también diversas conexiones, con vínculos jerárquicos y personales, entre miembros del tribunal, mandos policiales y aspirantes. Las acusaciones contenidas en esa denuncia se extienden a otros miembros del tribunal calificador de las oposiciones.
Este periódico preguntó a la Consejería de Seguridad que lidera Nieves Lady Barreto (CC) si tenía conocimiento de los hechos denunciados por los opositores en relación con el presidente del tribunal y si había abierto alguna investigación interna, pero no ha obtenido respuesta. Antes, fuentes oficiales de este departamento incidieron en que el tribunal calificador es “completamente independiente” y que el Gobierno regional solo puede actuar si se detecta alguna irregularidad “cuando finalice el proceso selectivo”.
La idea de la Consejería era que los adjudicatarios de las plazas ofertadas se incorporaran a la academia a finales de noviembre, pero la fecha se ha retrasado.