Las personas desahuciadas en Guanarteme la semana pasada residían en “infraviviendas”
El colectivo Derecho al Techo ha denunciado las condiciones de “infravivienda” y de “extrema precariedad” en las que se encontraban las 12 personas que fueron desahuciadas de una vivienda en Guanarteme (Las Palmas de Gran Canaria) la semana pasada, en la calle Tomás Alba Edison.
En un comunicado, la organización ha recordado que los afectados pagaban entre 250 y 400 euros mensuales por el alquiler, y que “ninguno de ellos fue notificado previamente” del lanzamiento.
Derecho al Techo ha informado que el propietario de la vivienda había iniciado un procedimiento judicial para recuperarla del actual arrendatario, quien pagaba un alquiler de aproximadamente 800 euros y que, “de forma irregular”, subarrendaba la propiedad a terceros.
“Este subarrendamiento masivo, además de ilegal, pone de manifiesto el grado de desesperación al que están siendo empujadas muchas personas en la ciudad, que se ven forzadas a aceptar condiciones abusivas ante la falta de alternativas habitacionales reales”, resume el colectivo en la misiva.
De las 12 personas desalojadas, nueve fueron realojadas por el mismo arrendatario que las había mantenido previamente en esa situación “de infravivienda”, un hecho que Derecho al Techo considera “inaceptable”. “No se puede permitir que quien explota la necesidad de otros siga teniendo el control sobre su acceso a una vivienda”, resalta el texto.
La organización ha pedido una revisión “urgente” de los recursos habitacionales que se están ofreciendo en Las Palmas de Gran Canaria. Lo ocurrido en Tomás Alba Edison “no es un caso aislado, sino una muestra más del fracaso de las políticas de vivienda que no están dando respuesta efectiva a las necesidades de la población más vulnerable”.
Para el colectivo, el Gobierno Canario, conformado por Coalición Canaria y Partido Popular, “no puede seguir mirando hacia otro lado mientras miles de personas son condenadas a la infravivienda o directamente a la calle”. Según su criterio, hacen falta medidas estructurales, un parque público de vivienda real y una política que “ponga la vida y la dignidad de las personas por delante del negocio inmobiliario”.
La organización ha hecho un llamamiento para “no tolerar ni un desahucio más sin alternativa habitacional, y a exigir que se garantice el derecho a techo como un derecho humano básico, tal como establece la Constitución y los tratados internacionales que el Estado español ha suscrito”.