La Plataforma de Educación Inclusiva y el Movimiento Familias NEAE acusan a la Consejería de “dividir” con la ley para reforzar la autoridad docente
La Plataforma Canaria de Educación Inclusiva y el Movimiento Familias NEAE Tenerife han expresado su sospecha de que la iniciativa para reforzar la autoridad del profesorado responde a una estrategia de la Consejería de Educación para dividir a la comunidad educativa.
Ambas entidades han expresado este lunes en un comunicado su parecer respecto a la proposición de ley registrada el pasado 4 de junio por los grupos parlamentarios CC, PP, ASG y AHI para reforzar la autoridad del profesorado, sobre lo que consideran que la convivencia no se impone sino que se construye con inclusión, diálogo y recursos.
Asimismo instan al Parlamento de Canarias y a la Consejería de Educación a abrir un proceso transparente y participativo, donde se escuche a todos los agentes educativos y se evite legislar “desde la urgencia mediática o el simbolismo vacío”, al tiempo que rechazan una visión “punitiva” de la convivencia en los centros educativos.
A su juicio, detrás de esta iniciativa hay un intento de la Consejería de “enfrentar a estudiantes, docentes y familias entre sí, desviando el foco de los verdaderos problemas estructurales”.
Opinan también que la comunidad educativa no demanda reforzar la autoridad del profesorado, ya reconocida por ley, sino aumentar los recursos humanos y materiales en los centros, dotar de apoyos reales al alumnado y garantizar una convivencia construida desde la inclusión.
Además señalan que apoyar al profesorado y proteger los derechos del alumnado no son posiciones opuestas, pero inciden en que la escuela pública necesita un enfoque centrado en la convivencia real, no en la criminalización del alumnado ni en el aumento de la brecha entre escuela y familia.
Al respecto, muestran su apoyo a las medidas que respalden al personal docente en su bienestar emocional y su protección jurídica, pero advierten del riesgo que implica otorgar presunción de veracidad sin mecanismos de equilibrio, sobre todo en contextos donde el alumnado presenta necesidades educativas especiales o proviene de entornos vulnerables.
Ambas entidades indican por ello que apoyan “la voz” del alumnado y comparten las críticas expresadas por la Federación de AMPAs de Gran Canaria, a las que previsiblemente se sumarán en los próximos días el resto de federaciones insulares.
Estas asociaciones sostienen que la propuesta de ley “redunda en la autoridad docente”, pues esta condición ya está reconocida por la Ley Orgánica de Educación y por el Decreto de Convivencia de Canarias de 2011.
Desde la Plataforma Canaria de Educación Inclusiva (en representación de Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Gomera), junto con las Familias NEAE (en representación de las familias de Tenerife) se reafirman en que “una convivencia justa se construye desde el respeto mutuo, la participación y la formación, no desde el populismo educativo”.
Entre sus propuestas en este ámbito figuran impartir formación obligatoria del profesorado en diversidad, habilidades emocionales, gestión del conflicto y prácticas restaurativas y el refuerzo urgente de los equipos de orientación, del personal técnico de servicios a la comunidad y del personal de apoyo a la atención a la diversidad, incluyendo auxiliares educativos, enfermería escolar, educadores sociales y personal técnico de integración social.
También promueven la participación real y activa del alumnado y las familias en el diseño y aplicación de las normas de convivencia y la evaluación del impacto de esta ley desde una perspectiva de derechos, con especial atención al alumnado NEAE y a colectivos tradicionalmente excluidos.