Los sindicatos de Educación aplauden la proposición de ley para reconocer la autoridad del profesorado: “Es una norma necesaria”

Los sindicatos mayoritarios en Educación en Canarias han aplaudido este miércoles la proposición de ley para reconocer la autoridad del profesorado. Los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias (CC, PP, ASG y AHI) han anunciado que con esta norma se persigue reforzar el respaldo jurídico y psicológico por parte de la administración a los docentes que se ven inmersos en situaciones conflictivas.

Anpe ve positivo que Canarias se sume a las comunidades que ya cuentan con una norma específica y reclama que vaya más allá de un mero reconocimiento simbólico y STEC incide en que “se necesita que se proteja y que se reconozca la labor y la figura del profesorado en líneas generales”.

Para Gerardo Rodríguez, de STEC-IC, “es una normativa totalmente necesaria, puesto que en los últimos años el profesorado ha ido perdiendo legitimidad desde el punto de vista social, ha habido una campaña de descrédito, se ha erosionado mucho su imagen, se ha tocado su profesionalidad, fundamentalmente desde la difusión de redes sociales y también de grupos de WhatsApp, y el hostigamiento y muchas veces el acoso en el que se ven profesoras y profesores”.

Según ha subrayado, también es necesario “el reconocimiento social y profesional, para que se asesore jurídicamente y se ayude psicológicamente al profesorado que está afectado por algún tipo de acoso o por algún tipo de acción similar”. En ese sentido, “creemos que el anteproyecto de ley reconoce la importancia y la necesidad de que estos refuerzos, estos apoyos psicológicos, jurídicos, se hagan a la mayor seriedad posible y se tengan en normativa. Es decir, que obligatoriamente por parte de las administraciones se preste al profesorado este tipo de apoyos”, destaca Rodríguez.

Por su parte, el presidente de ANPE Canarias, Pedro Crespo, insiste en que la profesión docente ha experimentado en las últimas décadas una pérdida progresiva de autoridad y reconocimiento social, algo que afecta negativamente a la relación con el alumnado y sus familias, y que desalienta nuevas vocaciones. “El profesorado necesita sentirse respaldado por la Administración. Una ley que refuerce su papel como autoridad pública es un paso necesario, pero debe ir más allá del reconocimiento simbólico y traducirse en medidas concretas y eficaces”, subraya.

Crespo celebra que se incluya un capítulo específico dedicado a la protección jurídica y psicológica del personal docente, así como la propuesta de crear una unidad administrativa especializada en el apoyo y asesoramiento ante conflictos surgidos en el ejercicio profesional, dentro y fuera del aula. También hace hincapié en la necesidad de simplificar y agilizar los protocolos actuales de acceso a la asistencia jurídica y psicológica para docentes víctimas de agresiones, por ser poco operativos.

Asimismo, celebra que la iniciativa recoja la necesidad de mejorar las condiciones laborales y retributivas de los equipos directivos y del conjunto del profesorado. Crespo recuerda que muchos de los complementos asociados a funciones y cargos llevan años sin actualizarse y que, en algunos casos, ni siquiera se remuneran. En este sentido, ANPE advierte del deterioro del poder adquisitivo del profesorado en los últimos años e insta al Gobierno autónomo a reclamar al Ejecutivo central la recuperación de las pagas dobles para los empleados públicos, tal y como existían antes de los recortes aplicados hace más de quince años.

ANPE también hace mención al igual que STEC a la importancia del reconocimiento social de la labor docente y Crespo echa en falta una mayor concreción en el articulado. A su juicio, se debe contemplar el desarrollo de campañas institucionales sostenidas que visibilicen el valor del profesorado ante la comunidad educativa y el conjunto de la sociedad y pone el ejemplo de que ANPE ha impulsado iniciativas como el videopódcast ‘1 docente, 1000 futuros’, un proyecto que da voz a docentes de Canarias.

Para Crespo, la proposición de ley es mejorable.“Estamos dispuestos a contribuir para que esta ley se convierta en una herramienta útil y efectiva que dignifique y proteja de verdad a quienes educan”, concluye.

STEC remarca también que el sindicato siempre ha puesto ante cualquier situación de menosprecio al profesorado, “no ya solamente verbal, físico o psicológico, sino de cualquier otra índole, nuestro servicio jurídico”. “Sin hacer ningún tipo de alarmismo con respecto a esta cuestión, porque entendemos que el alarmismo no es bueno, porque no todo el conjunto del profesorado se ha visto sometido a este tipo de menoscabo a su autoridad, pero sí que una parte, hasta cierto punto importante, lo ha sufrido este tipo de acoso, de menosprecio. Entonces, todos nuestros servicios jurídicos se han puesto a disposición del profesorado de Canarias”, resume Gerardo Rodríguez.

“Lo hemos hecho en silencio, con rigor, con profesionalidad, ayudándolos de común acuerdo con la Consejería de Educación, aunque nunca hemos publicado cifras que alarmen al conjunto de la comunidad educativa”, destaca el portavoz de STEC-IC. “Confiamos en que, a partir de ahora, con la nueva normativa, el profesorado estará mucho más apoyado, se tendrá en cuenta también su rol, su importancia para toda la sociedad, para toda la ciudadanía en la formación de los jóvenes, en la propia productividad y en la propia economía, porque muchas veces invertir en la labor profesional del profesorado es también una inversión rentable. No es solamente un servicio público absolutamente necesario, sino también una inversión que, a la larga, será rentable”, destaca Gerardo Rodríguez.