Roberto (nombre ficticio para preservar su identidad) es uno de los afectados por los atrasos en la tramitación de expedientes de la Seguridad Social en la provincia de Las Palmas. Una sentencia firme desde julio de 2022 le reconoció la incapacidad permanente absoluta (padece fibromialgia), con derecho a percibir la prestación con carácter retroactivo desde abril de 2021. Sin embargo, empezó a cobrar la pensión en octubre de 2023. El organismo público le debía, por tanto, treinta meses, unos 15.000 euros a los que hubo que reducir 7.300 de una ayuda, la Renta Básica de Inserción (RAI), que percibió mientas esperaba.
Fuentes sindicales señalan que en la actualidad los expedientes para el cobro de las prestaciones por incapacidad en la Seguridad Social de Las Palmas se están resolviendo en un plazo de entre tres y seis meses tras la elaboración de un plan para agilizar su tramitación y la incorporación de personal. Hubo un tiempo, sin embargo, en que ese trámite se llegaba a demorar hasta tres años, dejando a personas con la pensión reconocida por sentencia judicial firme sin ningún tipo de ingresos.
Esos retrasos conllevaban otras consecuencias. Por ejemplo, los pensionistas que tenían el derecho reconocido pero que aún no habían sido incorporados formalmente al sistema por el caos en la provincia de Las Palmas tenían que seguir pagando sus medicamentos pese a que estaban exentos por esa condición.
Tras un camino no exento de dificultades, porque le costó encontrar el servicio y la persona a la que debía dirigirse para presentar su reclamación, Roberto ha recibido este mismo mes 552,52 euros en concepto de reintegro de gastos farmacéuticos.
Roberto se había dirigido en primer lugar al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para exigir “la devolución total” de los gastos de farmacia que asumió desde la fecha en que se le reconoció el derecho a percibir una prestación por incapacidad absoluta (abril de 2021) hasta que se ejecutó la sentencia y empezó a cobrar la pensión y, en consecuencia, a dejar de pagar por los medicamentos (octubre de 2023).
“El INSS no tiene ninguna competencia sobre esta materia, debe solicitar el reintegro de los gastos farmacéuticos en el departamento de Farmacia del Servicio Canario de Salud”, le contestaron desde el organismo público.
Tras diversas gestiones de información, Roberto acudió al servicio de Uso Racional del Medicamento y Control de la Prestación, dentro de la Dirección General de Programas Asistenciales del SCS.
Allí le explicaron los trámites que debía realizar. En primer lugar, tuvo que cumplimentar, firmar y registrar en su centro de salud la solicitud de reintegro por “exceso de aportación por prestación farmacéutica ambulatoria”. También tuvo que rellenar la solicitud de alta o modificación de datos de terceros y aportar fotocopia del DNI, de sus datos bancarios y de la “sentencia, resolución, informe o documento oficial” donde constara “fehacientemente” la fecha desde la que tiene derecho a su pensión y, por tanto, a recuperar los gastos farmacéuticos. “Por defecto, se tendrá en cuenta la fecha de situación en tarjeta sanitaria”, le precisaron entonces.
La resolución le fue notificada el pasado 1 de julio por la directora general de Programas Asistenciales del SCS. Estimaba la solicitud y ordenaba el pago del reintegro de 552 euros.
Facturas de medicamentos
Roberto no tuvo que presentar ninguna factura de compra de esos medicamentos. El servicio de Farmacia de la administración autonómica extrajo los datos de sus recetas electrónicas.
Desde el INSS, sin embargo, recomiendan conservar las facturas. “Cuando a una persona se le reconoce la incapacidad permanente absoluta por sentencia judicial firme, el reconocimiento del derecho se retrotrae a la fecha de los efectos de la pensión. No obstante, el propio interesado debe reclamar los gastos farmacéuticos, mediante la presentación de las correspondientes facturas, al servicio público de salud competente, que puede comprobar en la base de datos de asistencia sanitaria la fecha desde la que esa persona tiene derecho como pensionista y proceder, en su caso, a reintegrarlos”, explican fuentes oficiales del organismo.
Fuentes sindicales indican a este periódico que los afectados tienen que esperar a que se resuelva el expediente para reclamar los gastos de farmacia porque, “hasta que no se da de alta la pensión” en el sistema interno de gestión, la persona “no tiene aprobada la asistencia como pensionista” y, por tanto, no puede beneficiarse de la exención del 100% en el pago de medicamentos. Es decir, deja de pagar por los medicamentos desde el momento en que comienza a cobrar la pensión. Lo anterior debe reclamarlo.
Según explican las mismas fuentes, en algunos casos los juzgados concedían el alta como pensionistas como medida cautelar para evitar estos inconvenientes. Sin embargo, el trámite era más engorroso para el personal de la Seguridad Social, puesto que tenía que cumplimentarlo cada mes, ya que el programa de gestión “lo expulsaba” cuando se cumplía ese plazo. “La alternativa más plausible es ir guardando las facturas de la farmacia y luego reclamarlas”, señalan.
Roberto quiere dar a conocer su caso porque teme que otras personas afectadas por esos atrasos de la Seguridad Social desconozcan la posibilidad de reclamar y que se les pase el plazo de prescripción de cinco años que establece la legislación española para reclamar gastos farmacéuticos.
Además, lamenta que el mecanismo no sea automático. Es decir, que no haya una comunicación directa desde la Seguridad Social al servicio público de salud desde el preciso momento en que adquiere firmeza la sentencia de incapacidad absoluta para evitar pagar por esos medicamentos mientras se ejecuta la resolución judicial.
Este periódico remitió hace cerca de cuatro semanas un formulario a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias con preguntas acerca del volumen de reclamaciones sobre gastos farmacéuticos y, en particular, las procedentes de supuestos similares al de Roberto, así como sobre los procedimientos, pero hasta la fecha no ha obtenido respuesta.