El gobierno de La Matanza de Acentejo, que dirige el socialista Ignacio Rodríguez, ha mostrado este viernes, en su última junta local, su total oposición al llamado céntimo verde o forestal, aprobado este jueves en el pleno del Cabildo de Tenerife con los votos a favor de CC y el PP, la abstención de Vox y el voto en contra del PSOE, por “encarecer” más los combustibles en la isla en contra de lo que ocurre en el resto de Canarias.
El equipo gobernante considera, asimismo, que este recargo es un evidente “castigo fiscal” contra los residentes en la isla, sobre todo en un contexto de dificultades económicas para muchas familias que, ahora, “deben pagar más para llenar los depósitos de sus vehículos”.
El gobierno local lamenta que esta medida, además, se aplique “cuando aún no se han resuelto los problemas de movilidad de Tenerife”, una isla que cuenta “con muchas líneas de guaguas saturadas y miles de personas que no pueden llegar con normalidad, y sin sufrir, a sus puestos de trabajo, de estudio o centros de salud sin depender del transporte particular o privado”.
“Esto perjudica especialmente a la clase trabajadora, que no vive en zonas de fácil acceso a los servicios porque se ha visto expulsada del centro por la presión inmobiliaria”, ha añadido el grupo de gobierno municipal.
Por ese motivo, el gobierno matancero cree que “imponer este nuevo recargo, que se suma a otros, a quienes no tienen otra alternativa que usar su coche es ”profundamente injusto“, al tiempo que critica el ”claro mensaje“ que lanza el Cabildo: ”en lugar de cobrar a quienes nos visitan en régimen turístico, se opta por hacerlo a quienes vivimos aquí, trabajamos y sostenemos esta isla cada día“.
También ha criticado que el Cabildo de Tenerife no tenga “una necesidad estructural” de recaudación con este céntimo forestal ya que, exponen, sólo en los dos primeros años de este mandato, “ha dejado sin ejecutar unos 365 millones de euros, incluidos unos 27 millones en políticas”.
El Ayuntamiento ha abogado, asimismo, por que se retire esta medida y se apueste por una fiscalidad ecológica “justa y progresiva” fundamentada en la mejora del transporte público insular, alternativas reales para que la ciudadanía pueda prescindir del vehículo privado y medidas específicas de apoyo a las clases trabajadoras, jóvenes ,autónomos, transportistas y el sector primario.
También, en ese sentido, defienden la creación de una ecotasa turística que grave a los visitantes no residentes por su uso del territorio y recursos, así como cualquier otra iniciativa propuesta o consensuada con las organizaciones juveniles, vecinales, ambientales y del tejido económico de Tenerife.
El consistorio ha trasladado este acuerdo al Cabildo, pero también al Parlamento de Canarias y la Fecam.