Recogida de firmas contra el Fit Experience Fest de Tenerife por sus vínculos con ‘Desokupa’

El próximo sábado 9 de mayo, el Parque Marítimo de Santa Cruz de Tenerife se convierte en el epicentro del deporte “de extrema derecha”. Por tercer año consecutivo el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz dan cabida al Fit Experience Fest, un festival organizado por Lifepro Nutrition, marca de suplementos alimenticios que tiene como principal embajador y comercial a Daniel Esteve, líder de la organización Desokupa.  El Sindicato de Inquilinas de Tenerife ha organizado una recogida de firmas en la plataforma Resist.es para pedir a las administraciones que retiren todo su apoyo al evento. 

El director ejecutivo de la empresa organizadora de este festival es Alejandro Monedero, quien en sus redes ha animado a inscribirse en el ‘Club Desokupa’, que dirige Daniel Esteve, cuya página web está esponsorizada por la empresa de Monedero. Uno de sus “instructores” es Daniel Toledo, alias ‘Jacare’, un conocido neonazi y exluchador de artes marciales que estuvo presente incluso en ediciones anteriores del Fit Experience Fest. 

Bajo el disfraz de “evento familiar e inclusivo, este festival no es más que una pasarela de propaganda para empresas que son el pulmón económico de la extrema derecha más violenta”, aseguran desde el Sindicato de Inquilinas de Tenerife. Critican que las instituciones de Tenerife blanqueen “el negocio de quienes quieren echarnos de nuestras casas con violencia”, y califican el festival como “un insulto a la clase trabajadora”. “Mientras miles de familias en nuestras islas viven bajo la amenaza constante del desahucio y la precariedad habitacional, el Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz han decidido dónde poner sus prioridades: blanqueando institucionalmente a quienes viven de la intimidación, otra vez”, aseguran. Y añaden que “a estas alturas, no podemos llamarlo descuido, hay que llamarlo colaboracionismo”. 

Patrocinios con dinero público

Desde la Viceconsejería de Deportes del Gobierno de Canarias confirman a esta redacción que colaboran con este evento a través de un “contrato de patrocinio deportivo por importe de 14.900 euros”, y explican que este tipo de contratos no se abonan de manera automática, “la entidad organizadora debe presentar un informe de retorno de la inversión (ROI) que justifique el impacto y la repercusión obtenida para la imagen del Gobierno de Canarias y para la de la feria de la Actividad Física y el Deporte Expodeca”. 

Aseguran que la Consejería ha apoyado este festival de la misma manera que lo hacen otras instituciones públicas, porque “reúne los requisitos y objetivos que promueven”, como “la actividad física entre la población juvenil”. Sobre la recogida de firmas han preferido “no hacer valoraciones”.

El Cabildo de Tenerife ha preferido no responder a las preguntas de este periódico. 

Y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se ha limitado a “remitir al comunicado de la empresa organizadora”. En dicho comunicado la empresa que organiza, Lifepro Nutrition, asegura que es un evento “estrictamente deportivo sin ideologías políticas”, y que la relación de Daniel Esteve y Desokupa “se limita exclusivamente a la edición de 2024”, y que cualquier vinculación con la “dirección u organización del evento es rotundamente falsa”. Dicho comunicado no se puede encontrar por el momento ni en la página web del festival, ni en sus redes sociales. Tampoco hace ninguna mención a que la empresa organizadora del evento Lifepro Nutrition, sigue esponsorizando la web de Desokupa de Daniel Esteve. 

Desde la organización del evento tampoco han respondido a nuestras preguntas. En ediciones anteriores, los “patrocinadores Oro”, aportaban cuantías de 50.000 euros, según la información de 2024 del propio festival.

El Sindicato de Inquilinas de Tenerife critica que “este patrocinio se une a lo que se está convirtiendo en tradición para las instituciones canarias, la promoción y contratación de grupos y personalidades de extrema derecha con los contratos otorgados a EdaTV”, como se ha contado desde este periódico, “o a influencer ultraderechistas dando formaciones en colegios o promocionando Canarias en FITUR durante años”, aseguran.  

¿Festiva o deporte? 

Además de los patrocinios que en ediciones anteriores iban desde los 2.500 euros, hasta los 50.000 euros, este evento en sí mismo es un lucrativo negocio de un sólo día, cada inscripción cuesta 12 euros y tiene capacidad para 5.000 personas, lo que supondría unos 60.000 euros sólo en entradas. Los patrocinios se deberían a que promueven el deporte, sin embargo en la propia página web del festival hay videos de “los momentos más épicos de años anteriores” donde se puede ver gente joven de marcha, y a veces haciendo deporte. Entre imágenes de chicas bailando y chicos musculados, aparecen jóvenes bebiendo y fumando, aunque aparentemente se trate de un evento deportivo. 

Desokupas criminales

En Canarias, miembros de estas organizaciones de Desokupas han sido denunciados por coacciones, amenazas, intimidación, homicidio en grado de tentativa e incluso asesinato. El año pasado miembros de Desokupa Ahora, se presentaron en una comisaría de Santa Cruz de Tenerife con un cadáver. Recientemente, la justicia ha confirmado 11 años de prisión para dos “desokupadores” de viviendas por intento de asesinato. Daniel Esteve se desvincula de cualquier relación con esta organización canaria. 

Recogida de firmas 

En la petición de recogida de firmas, dirigida al Cabildo de Tenerife, exigen la retirada inmediata del patrocinio público al festival, transparencia total sobre las cuantías de dinero público gastadas, ya que se desconoce por el momento el dinero invertido desde la administración, y el compromiso ético para vetar entidades que vulneren los derechos humanos. La plataforma asegura que “cuando se superan las 10.000 firmas envían la carta a las instituciones”. Durante el primer día ha recogido más de 300 firmas. La carta del Sindicato de Inquilinas de Tenerife finaliza diciendo que “Las instituciones públicas deben garantizar que el uso de los recursos colectivos esté alineado con la defensa de los derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la vivienda”.