El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha externalizado el servicio de redes sociales de la Política Local Protección Civil y el Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL). Se trata de un proceso que desde la corporación municipal defienden por “el único objetivo de garantizar la continuidad y la calidad de la comunicación pública en materia de seguridad, emergencias y tráfico durante la ausencia del personal que habitualmente desempeñaba esta labor”.
Para este fin se ha optado por un contrato menor por valor de 15.985,80 euros para gestionar la comunicación de “en materia de seguridad”. “Hablamos de un servicio esencial. Las redes sociales de Policía Local, Protección Civil y CECOPAL son canales de comunicación en emergencias. No podían quedar sin gestión. Se trata de un servicio complementario, no sustitutivo, que refuerza la labor informativa del Servicio y permite llegar a la ciudadanía de forma más rápida y coordinada”, insisten desde el Ayuntamiento a este periódico.
En la justificación del contrato se señala que “actualmente, no existe personal municipal especializado ni con disponibilidad plena para asumir estas funciones de forma profesional, continua y con criterio técnico. Por tanto, se hace imprescindible recurrir a un proveedor externo y con carácter urgente e inaplazable por los posibles efectos que pudiera tener en la ciudadanía al tratarse de información crítica sobre avisos e incidencia en materia de tráfico y de emergencias”.
La persona que realizaba estas funciones hasta ahora, funcionario del Ayuntamiento, se encuentra de baja desde hace unos meses. No obstante, para el PSOE, las explicaciones del grupo de gobierno (CC-PP) no son suficientes y considera que el procedimiento es “inaceptable” y está lleno de dudas.
“El grupo de gobierno ha destinado casi 16.000 euros a un contrato menor para externalizar la gestión de las redes sociales de la Policía Local y de Protección Civil, una tarea que hasta ahora desempeñaba un funcionario municipal con eficacia y compromiso. Lo más grave es que este contrato se ha sacado mientras ese trabajador se encuentra de baja médica. En lugar de esperar su reincorporación o cubrir temporalmente la plaza con personal público, se ha optado por privatizar el servicio, lo que demuestra una absoluta falta de sensibilidad y respeto hacia los empleados municipales”, afea el concejal socialista Tino Guzmán.
“Además, el contrato ha sido adjudicado a una periodista que fue personal de confianza de Coalición Canaria hasta 2023, concretamente de la concejala de Seguridad, Gladys de León. Este hecho compromete la transparencia del procedimiento y proyecta una sombra de duda sobre la imparcialidad en la elección del adjudicatario. No es aceptable que se recurra a recursos públicos para beneficiar a antiguos cargos de confianza”, insiste.
“Desde el PSOE defendemos una gestión basada en la ética, la profesionalidad y la transparencia. Las redes institucionales de la Policía Local y de Protección Civil no son un escaparate político, sino herramientas de servicio ciudadano, especialmente en emergencias. Pedimos explicaciones al grupo de gobierno y exigimos que se rectifique esta decisión, porque Santa Cruz merece un Ayuntamiento que respete lo público y a sus trabajadores”, subraya.
El Consistorio, por su parte, remarca a este periódico que en un contexto donde la comunicación digital es esencial para la prevención y gestión de emergencias, “el Ayuntamiento valora la posibilidad de mantener este refuerzo de forma estable, de modo que pueda integrarse con el trabajo del personal municipal y contribuir a una estrategia de comunicación más moderna, eficaz y cercana a la ciudadanía”.
“Se pretende dar un salto cualitativo en esta comunicación con una estrategia unificada de comunicación y abrir nuevos canales (Facebook, Instagram) donde la ciudadanía está presente y activa. Esta contratación permitió no solo mantener el servicio, sino mejorarlo y adaptarlo a las nuevas plataformas donde la ciudadanía espera encontrar información municipal”, destacan desde el Ayuntamiento.
Asimismo, apuntan que se actuó dentro del marco legal y bajo los umbrales establecidos por la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) y que el contrato cubre la gestión integral de redes de tres organismos distintos, 365 días al año.
También insisten en que el procedimiento “ha sido transparente y conforme a derecho” y que “se garantiza una comunicación pública continua y de servicio ciudadano. Es una inversión en seguridad y transparencia”.
“La medida no sustituye la función de ningún trabajador público, sino que la complementa y da continuidad a su trabajo”, subrayan desde el Ayuntamiento.
Preguntado por si el Ayuntamiento continuará prorrogando contratos menores para mantener este puesto, desde el consistorio destacan que “no es un puesto, es un servicio que se presta al Ayuntamiento. Y solo se está valorando, no hay ninguna decisión al respecto”.