El gobierno de Arona (con cinco concejales del PP, cinco de CC y dos de Vox; lo que les deja a uno de la mayoría absoluta: 13) ha publicado el presupuesto de este año en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de este lunes cuando, según la oposición socialista, aún no se ha aprobado de forma definitiva, toda vez que fue rechazado el jueves pasado por los 13 diles de la oposición (ocho del PSOE, cuatro de Más por Arona y uno de NC). El BOP da por aprobadas las cuentas locales, así como la de la Empresa Municipal ADESA y los patronatos de Cultura, Deportes, Turismo y Servicios Sociales, y el gobierno que preside Fátima Lemes (PP) esgrime el informe de Intervención de Fondos del 27 de junio, que sostiene que se aprobó definitivamente el día 20 de ese mes.
Por lo indagado por Canarias Ahora, la oposición, al menos el PSOE, baraja seriamente denunciar esta situación, de la que dice que no consta precedentes en administraciones canarias, ya que considera que se puede tratar de un caso de prevaricación. Las cuentas se aprobaron de manera inicial el 13 de mayo pasado.
Preguntada por este periódico, Fátima Lemes indicó este mediodía que “el presupuesto fue aprobado definitivamente en el pleno celebrado el 20 de junio de 2025. Así lo reconoce el propio informe de Intervención de Fondos de fecha 27 de junio, que aclara que: ”La validez del acto administrativo de aprobación definitiva del presupuesto se produce desde que el mismo es adoptado por el órgano plenario y la misma se mantiene mientras no se haya anulado o declarado su nulidad“ (art. 39.1 de la Ley 39/2015). La máxima mandataria sí reconoce que, ”posteriormente, se detectó que una alegación no fue resuelta por un error de tramitación (y) se planteó como solución retrotraer el expediente para subsanar ese defecto. Sin embargo, el pleno votó en contra de retrotraer, por lo que el acuerdo aprobado el día 20 se mantiene válido y eficaz, en tanto no ha sido anulado ni declarado nulo por ningún órgano jurisdiccional. En consecuencia, la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia se ajusta estrictamente al procedimiento previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que establece que el presupuesto entrará en vigor, en el ejercicio correspondiente, una vez publicado en la forma prevista“.
Asimismo, y cuestionada por los asesores jurídicos municipales en los que se han fundamentado para dar este paso, insiste en que, “atendiendo a las consideraciones del informe a la no retroacción de las actuaciones en virtud del acuerdo plenario negativo, y a su validez del acuerdo de aprobación definitiva, el expediente debe continuar según su iter procedimental. A tal efecto, tras la aprobación definitiva deber ser su publicación resumida por capítulos en el BOP de Santa Cruz de Tenerife, tal como acordó el pleno en su sesión del 20 de junio de 2025”.
Sobre si el gobierno local teme algún revés judicial, Lemes lo niega y asegura que “cualquier interesado está legitimado para interponer, dentro del plazo legal, un eventual recurso contencioso-administrativo. No obstante, el propio informe de Intervención descarta que el defecto detectado tenga entidad suficiente para provocar la nulidad del presupuesto, ya que no se ha producido una infracción que conlleve nulidad de pleno derecho (art. 47 de la Ley 39/2015)”. Asimismo, sostiene que “no se ha causado indefensión ni se ha incumplido un requisito formal esencial que impida alcanzar la finalidad del acto (art. 48.2). En caso de que fuera anulable, podría ser convalidado por el propio ayuntamiento (art. 52). Por tanto, ni el contenido ni la forma del acto de aprobación son jurídicamente inválidos y la publicación en el BOP es el trámite reglado que da plena eficacia externa al acuerdo. En cuanto a una supuesta vía penal, la actuación se ha ceñido estrictamente a la legalidad administrativa. No existe ninguna actuación dolosa ni indicios de infracción penal, como confirma también el carácter subsanable del defecto detectado y la transparencia del procedimiento seguido”.
La lectura de la oposición es diferente y, en principio, es probable que presente ese recurso u opte por la vía penal.