Cascada de recursos en las oposiciones a bombero en Gran Canaria por sospechas de favoritismo a interinos
Un numeroso grupo de aspirantes a las 37 plazas de bombero del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria ha presentado recurso para exigir su reincorporación al proceso selectivo. Sostienen que la entrevista personal, el tercer ejercicio de la convocatoria tras las pruebas físicas y teóricas, se extralimitó y fue utilizada como “filtro” para excluir a opositores cualificados, con sospechas de beneficiar a los bomberos interinos del Consorcio: 15 de los 17 han superado todas las pruebas.
Media docena de opositores entrevistados por Canarias Ahora denuncian un denominador común en el desarrollo del tercer ejercicio del proceso selectivo, que estuvo dividido en dos partes. La primera fue un test psicotécnico, consistente en un cuestionario escrito para evaluar trece dimensiones de la personalidad, como la sinceridad, el trabajo en equipo o la inteligencia social. Después tuvo lugar una entrevista personal de 15 minutos con un profesional de la psicología.
El test psicotécnico, de unos 40 minutos, se realizó el 28 de junio de este año, mientras que las entrevistas personales tuvieron lugar los días 8, 9, 10 y 11 de julio.
Para superar el ejercicio, los aspirantes no debían presentar más de cinco de las trece dimensiones evaluadas fuera de rango, o sea, declaradas “no apto”. En el listado de calificaciones solo se les informaba si habían superado o no el ejercicio completo, sin detallar la puntuación obtenida en cada una de las partes.
El procedimiento, sin embargo, partía de los resultados del test psicotécnico, que constaba de 160 ítems de opción múltiple con una escala de respuesta del 1 al 4 (desde “muy en desacuerdo” hasta “muy de acuerdo”). A partir de esas calificaciones, los opositores debían ser entrevistados sobre las dimensiones que se encontraban “por debajo de la puntuación solicitada”, con el fin de “comprobar su posible validación”, según el anuncio oficial de la prueba.
Es decir: los opositores creían que la entrevista personal solo trataría las escalas en las que habían obtenido la calificación de “no apto” en el test psicotécnico, para estudiar si era posible revertir esa valoración. Pero muchos observaron que ocurrió justo lo contrario.
Aspirantes contactados por esta redacción que presentaron reclamaciones formales contra la calificación del tercer ejercicio y tuvieron acceso a los resultados de ambas pruebas comprobaron que, pese a haber obtenido menos de cinco dimensiones calificadas como “no apto” en el test psicotécnico, algunas de las que figuraban como “apto” fueron modificadas después de la entrevista personal y pasaron a constar como “no apto”. De este modo, el cómputo total de dimensiones fuera de rango se elevó a seis, lo que los dejó fuera del proceso selectivo. Ocurrió con opositores que pasaron de tener dos dimensiones “no apto” a seis, de tres a seis o de cuatro a seis.
El Consorcio de Emergencias de Gran Canaria ha respondido a estos aspirantes recordando que el propio anuncio sobre el funcionamiento de la entrevista personal establecía que esta tendría carácter “tanto de contraste como evaluativo”. Sus resultados servirían para “confirmar, matizar o, en su caso, refutar las conclusiones derivadas del test de personalidad”, como un elemento adicional para determinar la adecuación de cada candidatura al perfil requerido.
El mismo anuncio, el número 17 de las oposiciones, señalaba además que las bases del proceso selectivo ya advertían de que “en ningún caso la evaluación del resultado de la entrevista vendrá condicionada o vinculada de modo exclusivo a los resultados en la prueba de personalidad, ya que constituyen un elemento previo para que el tribunal pueda orientar, si lo estima conveniente, el contenido de esta”.
Es precisamente esta aparente contradicción en la documentación del concurso (entre el anuncio oficial de la entrevista que establece que las preguntas debían centrarse en las dimensiones fuera de rango y unas bases que permiten utilizarla para refutar las conclusiones del test) la que vertebra los recursos de alzada presentados por un grupo muy numeroso de opositores, algunos de ellos bomberos profesionales en otros puntos del Archipiélago.
Muchos sospechan, además, que este sistema ha beneficiado a los bomberos interinos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria que han solicitado sin éxito acceder a la condición de funcionarios de carrera. Son 17 profesionales que ocupan sus puestos desde 2020.
Todos ellos se presentaron al proceso selectivo después de que la justicia rechazara sus intentos de paralizarlo de manera cautelar e incorporarse automáticamente al cuerpo. De los 17, uno quedó excluido en la prueba teórica y otro, en la física. Los 15 que superaron ambas y llegaron a la prueba psicosocial también la superaron.
Ante esto, bomberos que quedaron excluidos del concurso y que prefieren no dar sus nombres sospechan de favoritismo hacia los interinos. Algunos consideran que este grupo debería haber sido ya estabilizado para poner fin al “abuso de temporalidad” en el que se encuentra. Creen, sin embargo, que pudo producirse una presunta desviación de poder en las oposiciones para excluir en la prueba psicosocial a aspirantes con buenas notas en las pruebas teórica y física, además de experiencia profesional, que habrían puesto en riesgo el futuro de los interinos.
El Consorcio de Emergencias de Gran Canaria se ha limitado a responder al respecto que “son cuestiones sobre las que el tribunal ya ha dado respuesta o se encuentra en proceso de ello” y que no va a entrar en “valoraciones u opiniones subjetivas” de los aspirantes. Una fuente muy cercana al tribunal del proceso ha señalado también que esas sospechas son “percepciones personales” y que “si están dentro es porque han superado las pruebas”.
Uno de los recursos a los que ha tenido acceso este periódico detalla que, de los 38 aspirantes que se presentaron a la prueba psicosocial y que trabajan como bomberos en otras administraciones públicas, 19 fueron declarados no aptos, frente al 100% de los interinos, que fueron declarados aptos. El escrito denuncia que estas cifras reflejan “una desviación estadística asombrosa y ajena a las reglas de la probabilidad en los procesos”, y sostiene que la entrevista se utilizó entonces “como un filtro para asegurar la estabilización de personal propio”.
Otro de los puntos polémicos radica en que las bases del proceso exigían que los psicólogos encargados de realizar las entrevistas personales estuvieran colegiados en el Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas. Sin embargo, el principal asesor técnico del ejercicio, el especialista Antonio Pamos de la Hoz, está colegiado en Madrid. Es él quien ha firmado las respuestas a las reclamaciones de los opositores que solicitaron conocer sus valoraciones.
Aspirantes entrevistados sostienen asimismo que Pamos de la Hoz no fue quien realizó sus entrevistas, sino otra persona cuya identidad, aseguran, “no coincide con ninguno de los asesores formalmente nombrados”.
Los opositores denuncian que el Consorcio ha pretendido que admitieran “como incuestionable” una valoración técnica cuya autoría “ni siquiera ha quedado plenamente identificada y sin que exista garantía alguna de que quien emitió el juicio fuera realmente quien practicó la entrevista”. También cuestionan que las entrevistas no fueran grabadas, ni en audio ni en vídeo, y que las dimensiones que pasaron de “apto” a “no apto” fueran modificadas de forma genérica, sin identificar las preguntas concretas que motivaron el cambio ni sus respuestas.
Los recursos de alzada invocan por otra parte una sentencia del Tribunal Supremo de abril de 2024 que señala que la “discrecionalidad técnica” de la que disfrutan los especialistas encargados de valorar las pruebas en los procesos selectivos no es un cheque en blanco, sino que debe cumplir tres condiciones: expresar el material o las fuentes de información sobre las que se va a operar; precisar qué se va a evaluar y, por último, justificar por qué la aplicación de esos criterios ha conducido al resultado que “niega la aptitud de un aspirante o que otorga la preferencia a un candidato frente a los demás”.
Ahora, dicen los aspirantes contactados, se da la paradoja de que, pese a estar en activo en otros puntos del Archipiélago (Las Palmas de Gran Canaria, Puerto del Rosario, San Bartolomé de Tirajana, Consorcio de Bomberos de Tenerife…) y estar obligados a intervenir como bomberos en situaciones de emergencia en Gran Canaria si fueran requeridos, se les considera “no apto” para ocupar el puesto. Al menos en la isla redonda.
El plazo para presentar los recursos de alzada expiró esta semana. El Consorcio tiene ahora tres meses para responder. Los opositores entrevistados han anunciado que acudirán a los tribunales si sus reclamaciones no prosperan por la vía administrativa.