Doce años y medio después de presentar ante la Fiscalía una denuncia (confeccionada con recortes de artículos de prensa) sobre presuntas irregularidades en la gestión de la empresa mixta de aguas de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, alcalde de la capital con el Partido Popular (PP) en el mandato 2011-2015 y ahora de vuelta a la política en las filas de Coalición Canaria (CC), ha declarado este martes como testigo en el inicio del juicio que juzga a los socios privados de Emalsa por un presunto quebranto de 23,4 millones a las arcas públicas.
En el banquillo se sientan quince acusados que se enfrentan a penas de hasta seis años de cárcel por el delito de apropiación indebida o, de forma alternativa, de administración desleal.
Tras presentar esa denuncia en diciembre de 2012, el entonces alcalde Cardona cuantificó en una comparecencia ante la fiscal Evangelina Ríos “entre ocho y diez millones de euros” el perjuicio que esas actuaciones de los socios privados (Saur y Valoriza-Sacyr, propietarias en aquel momento del 66% de las acciones frente al 34% del Ayuntamiento) ocasionaron a la empresa mixta de aguas. “Recuerdo que hablé de unas cifras, pero no sabría decirle de qué fuente bebí, no recuerdo de qué información obtuve la cifra”, contestó este martes a esa misma pregunta formulada por la representante del Ministerio Público.
“Sinceramente, dudo mucho de que esa cantidad la pudiera obtener de una base documental”, amplió al ser cuestionado por el mismo asunto por el abogado que representa al comité de empresa de Emalsa.
No fue la de Cardona una comparecencia al uso de un denunciante en una causa penal, hasta el punto de que pareció satisfacer más a las defensas que a las acusaciones. La declaración del exalcalde puede resumirse en la respuesta que dio a una de las últimas preguntas de la fiscal. “¿Tiene usted la certeza o la consideración de que Emalsa sufrió perjuicios como consecuencia de la acción conjunta de los socios privados?”, quiso saber Ríos. “No puedo afirmar eso. No tengo elementos para afirmar algo tan categórico y menos en sede judicial”, contestó. “Sí puedo afirmar, a juicio de los trabajos que se realizaron en el Ayuntamiento, que venían incumpliendo sucesivos contratos”, como los de saneamiento, depuración o transporte de lodos.
Cardona explicó que decidió acudir a la Fiscalía en diciembre de 2012 por dos motivos. En primer lugar, por la publicación sucesiva de noticias sobre presuntas irregularidades en Emalsa en los medios de comunicación. Y, por otro lado, porque “se empezaba a poner en duda su diligencia” como alcalde y presidente del Consejo de Administración de Emalsa, tanto en los propios medios como por parte de la oposición.
El detonante para presentar la denuncia, según dijo, fue la “coincidencia en el tiempo” de una transferencia y una sentencia. En diciembre de 2012 Emalsa había transferido 1,3 millones de euros a Sercanarias (filial de los socios privados de la empresa) para una opción de compra de una nave en Los Tarahales, finalmente no materializada. En esas mismas fechas, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) avalaba la venta parcial de Emalsa a sus socios privados a principios de los años noventa.
Aunque dijo no recordar ni quién era el propietario de la nave ni qué resolvía aquella resolución judicial, el testigo señaló que la simultaneidad de esos hechos, que no son objeto de enjuiciamiento en la vista que se celebra desde este lunes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, le hicieron pensar que “pudieran estar relacionadas”. Presentó la denuncia para “frenar la escalada de informaciones”, agregó.
Alquiler de la sede
El exalcalde dejó fuera de su denuncia un contrato que sí es objeto del juicio, el de alquiler de la actual sede de Emalsa, ubicada en un edificio propiedad de Satocan en el Centro Comercial de Las Ramblas. La Fiscalía cifra en dos millones de euros el quebranto que esa operación causó en las arcas de la empresa mixta de aguas.
El contrato se suscribió en verano de 2008. Hasta aquel momento, la sede de la empresa se situaba en la Plaza de la Constitución. Fue el anterior equipo de gobierno, liderado por el socialista Jerónimo Saavedra, quien planteó cambiar de sede para utilizar esas dependencias para otros servicios municipales, como, por ejemplo, los de urbanismo.
El contrato inicial tenía una duración de treinta años y la constructora se garantizaba al menos veinte de renta. Emalsa arrendaba a Satocan tres plantas, nueve trasteros y 40 plazas de garaje por 90.000 euros al mes. Una auditoría realizada por la consultora Auren determinó que la empresa encargada del ciclo integral del agua en Las Palmas de Gran Canaria pagaba por ese alquiler el doble del precio del mercado.
Un año después, todavía con Saavedra como alcalde, el precio se redujo de los 90.000 a los 75.000 euros. La Fiscalía señala en su escrito de acusación que Emalsa alquiló tres plantas pese a que sólo necesitaba dos y que se realizaron obras más de un millón de euros que no respondían “a una efectiva y real necesidad”.
En 2015, ya con Cardona al frente de la corporación, se firmó un acuerdo transaccional por el que se reducía otros 15.000 euros el alquiler (hasta los 60.000) a cambio de que el Ayuntamiento no ejerciera ninguna acción judicial contra Satocan, ni por la vía penal ni por la civil. En su declaración de este martes, el exalcalde ha defendido ese pacto. “Probablemente no fuera el óptimo, pero fue satisfactorio” para los intereses municipales, dijo.
Debido a ese acuerdo, y tal como reconoció el propio Cardona en el juicio, Satocan (la empresa de una de las mayores fortunas de Canarias, Juan Miguel Sanjuán, también acusado en este procedimiento) no restituyó a Emalsa las rentas anteriores, las que cobró muy por encima de los precios de mercado.
El ahora coordinador del área metropolitana de Coalición Canaria (CC) en Gran Canaria defendió que las condiciones en que se firmó el contrato de alquiler en 2008 eran muy diferentes a las de 2011, cuando asumió la Alcaldía, debido a la crisis económica. Cardona sostuvo que la empresa mostró su disposición a reducir el precio, aunque las negociaciones se prolongaron casi hasta el final del mandato.
'Grupo de reflexión' e interventor
Buena parte de la intervención de Cardona en la sesión de este martes se ha centrado en explicar la actuación del grupo de gobierno que presidió ante las noticias sobre las presuntas irregularidades en los contratos suscritos entre Emalsa y Sercanarias, donde se cuestionaba no sólo que los trabajos encomendados se hubieran realizado, sino también “la proporcionalidad de sus costes”.
El exalcalde recordó que durante su mandato impulsó la creación de “un grupo técnico” de empleados municipales o “grupo de reflexión”, liderado por el ya fallecido Rafael Bolívar, para “aumentar el control público” sobre la empresa de aguas. “Por cultura de empresa, Emalsa no estaba acostumbrada a que el Ayuntamiento le pidiera información. Notamos una resistencia que generaba una presión”, ha dicho. “El propósito era conocer a fondo qué estaba pasando con Emalsa, clarificar las condiciones contractuales, había que reformular las relaciones”, ha añadido.
En ese periodo también se encargó la mencionada auditoría Auren, que “no fue tan precisa” como el entonces regidor capitalino esperaba. “Mi guía siempre fue el grupo técnico de trabajo que creamos en el Ayuntamiento. En él recayó mi confianza plena”, manifestó Cardona. Este grupo “culminó un trabajo excelente” con cinco informes que precedieron al nombramiento de un interventor, el propio Bolivar. “Me sorprendió que el nuevo equipo de gobierno anulara el proceso exhaustivo de incrementar el control”, dijo el exalcalde para descalificar la gestión del gobierno que le sucedió, liderado por el socialista Augusto Hidalgo.
“No tuvimos tiempo de recoger los frutos (de la intervención municipal). Nunca planteé el rescate ni sanciones”, ha concluido.
“Serias deficiencias”
En la sesión de este martes también declaró Juan Manuel Betancor, funcionario ya jubilado del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. En la época de los hechos era jefe de sección en el área de Aguas y uno de los miembros de ese “grupo de reflexión” creado durante el mandato de Cardona. “Se dejaba de depurar unos 8.000 metros cúbicos de agua al día”, un tercio de lo que preveía el contrato, ha señalado este empleado público sobre una de las presuntas irregularidades que se juzgan en este procedimiento penal.
De los 750 kilómetros de red que se tenían que limpiar cada año (en dos tandas), había ejercicios en que apenas se llegaba “al 15%”, ha señalado el funcionario. También las galerías de servicio, competencia de Emalsa, sufrían “un deterioro importante”.
Betancor ha remarcado las “serias deficiencias” e incumplimientos de contratos en materia de saneamiento, depuración o transporte de lodos. Sobre la falta de limpieza de las redes de saneamiento, por ejemplo, señaló que entre los años 1998 y 2000 se podía registrar una media de 3.000 incidencias y entre 2012 y 2014, una media de 9.000. Además, ha incidido en las carencias de las “relaciones contractuales”. “No había ni pliego de condiciones ni procedimiento sancionador”, ha dicho.
El juicio continúa este miércoles con la declaración de otros tres miembros de ese grupo técnico conformado durante el mandato de Cardona.