La Fiscalía ha solicitado el archivo del delito electoral en la causa que investiga a la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Ciudadanos por el Cambio-Ciuca), y a otra decena de personas por la presunta trama de compra de votos en el municipio sureño durante las tres últimas elecciones locales. En un escrito notificado este lunes a las partes, el fiscal Jorge López Tineo se ha alineado con la tesis esgrimida por el despacho de abogados que representa a la regidora, liderado por José Antonio Choclán, y ha concluido que, de haberse cometido, los delitos electorales de 2011 y 2015 habrían prescrito. Además, no aprecia indicios suficientes para formular un escrito de acusación contra los imputados por el presunto pucherazo en los comicios de 2019, por lo que pide también el sobreseimiento provisional de este delito.
En otro escrito firmado también el pasado miércoles y notificado hoy, el representante del Ministerio Público interesa, además, la estimación del recurso de dos investigados, Marzouk Ghalidi y Carmen Lidia Caballero, contra el auto que en julio pasado prorrogó la instrucción de la causa. El fiscal entiende, al igual que los recurrentes, que esa decisión judicial no es ajustada a derecho por un defecto en la tramitación del procedimiento, porque el magistrado titular del Juzgado de Instrucción 3 de San Bartolomé de Tirajana, Francisco Javier Ramírez de Verger, no oyó a las partes antes de tomar la decisión de ampliar seis meses la investigación.
Ahora deberá ser el magistrado quien decida si acepta los argumentos de la Fiscalía y decreta el archivo del delito electoral o los rechaza y continúa adelante con la instrucción.
Hay que recordar que, aunque la presunta trama de compra de votos es el origen del procedimiento, el juez decidió el pasado verano, a partir de las pesquisas realizadas por la Guardia Civil, desglosar la causa en cuatro piezas separadas para investigar de manera independiente y autónoma otros hechos que habrían cometido los imputados y que podrían ser constitutivos de delitos contra la administración pública. Esto es, la orden de bloquear el acceso de la policía judicial a la documentación digital intervenida en el registro practicado el 17 de septiembre de 2019; los complementos salariales concedidos por el gobierno de Ciuca a funcionarios que habrían colaborado en la campaña de este partido; los contratos públicos en servicios veterinarios municipales que acaparó el actual asesor de Urbanismo del Consistorio, y el presunto amaño de un proceso de mediación judicial para beneficiar al empresario Luis Oller, al que los investigadores señalan como financiador del pucherazo.
El fiscal que ahora pide el archivo del delito electoral apoyó hace meses la división de la causa. Esas piezas separadas aún no han sido repartidas en los distintos órganos del partido judicial, a la espera de que la Audiencia de Las Palmas resuelva el recurso que contra esa decisión judicial presentó uno de los investigados, el empresario Luis Oller. Las fuentes consultadas por este periódico precisan que, incluso aunque el instructor coincida con la Fiscalía y decrete el archivo de la parte del delito electoral, el resto del procedimiento por el que está imputada la alcaldesa de Mogán, esas piezas separadas, deberán continuar tramitándose.
El último escrito del fiscal pidiendo el archivo del delito electoral responde a una petición formulada por los abogados de Bueno en octubre del año pasado. Después de reconocer “la imposibilidad de establecer una data precisa” para iniciar el cómputo del plazo de prescripción, el representante del Ministerio Público lo sitúa los días 22 de mayo de 2011 y 24 de mayo de 2015. Es decir, las fechas en las que se celebraron los comicios municipales. Y sostiene que la primera resolución judicial en la que el procedimiento se dirigió contra los investigados (Onalia Bueno, Mencey Navarro, Tania del Pino Alonso, Salvador Álvarez, José Monzón, Yasmina Suárez, Carmen Lidia Caballero, Marzouk Ghalidi y Luis Oller) fue el auto dictado el 12 de septiembre de 2020, es decir, cinco días antes de que la alcaldesa fuera detenida y las dependencias municipales fueran registradas. En ese momento, “ya había transcurrido” el plazo de prescripción de cinco años fijado para este tipo de delitos, añade.
Además, el fiscal López Tineo descarta el delito continuado, a pesar de que en la misma causa se investiga también la posible comisión de un delito electoral en 2019, “habida cuanta el tiempo transcurrido entre ellos”. Con respecto a estos últimos comicios, considera que “ninguna de las numerosas diligencias llevadas a cabo en el seno del procedimiento (...) ha ofrecido elemento periférico alguno, bien de carácter objetivo, bien de naturaleza subjetiva, que permitan acreditar fehacientemente la comisión por parte de los investigados del ilícito anteriormente expuesto (...) resultando de este modo imposible formular un escrito de acusación, máxime tras haber expirado el plazo de instrucción”.
La acción popular en esta causa, ejercida por Isabel Santiago, concejala de Nueva Canarias (NC) en el Ayuntamiento de Mogán, ya se había opuesto a la petición de la alcaldesa sobre la prescripción del delito electoral de 2015. En ese escrito, la abogada de la edil recordaba que la denuncia que dio origen al procedimiento ya hacía referencia expresa a Onalia Bueno y que el auto que, en junio de 2019, acordó la reapertura de las diligencias previas hizo constar que esa decisión obedecía al contenido de un informe de la Guardia Civil en el que aparece “perfectamente identificada” la alcaldesa sureña y el resto de investigados como “encartados”.
La causa por la presunta trama de compra de votos se abrió en abril de 2015, un mes antes de la celebración de las elecciones, con una denuncia del entonces alcalde y candidato del PP, Francisco González sobre el incremento de las peticiones de voto por correo y sus sospechas sobre las maniobras de Ciuca. Tras un primer archivo provisional, un año después llegaría una nueva denunciada, esta vez presentada por Ramón Trujillo El Perraya, colaborador arrepentido del partido de Onalia Bueno, que detalló a la Guardia Civil cómo se captaba el voto en esos comicios a vecinos con necesidades económicas a cambo de una cantidad de dinero o de promesas de empleo o vivienda. Con posterioridad, el Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción se adhirió aportando dos grabaciones y la denuncia de tres personas. Días después aparecía un nuevo audio que implicaba a la ya entonces alcaldesa. José Monzón, conocido como Pepe El Japonés, aseguraba que había conseguido 383 votos por correo para Ciuca ofreciendo dinero y favores a habitantes del municipio turístico.
En 2019 se reactivó el procedimiento con un informe de la Guardia Civil y la denuncia de la portavoz de Nueva Canarias ante la Delegación del Gobierno de España en Canarias. El juez instructor levantó el secreto de las actuaciones en septiembre de 2020. Desde ese momento, el procedimiento se ha enredado con las acusaciones de la alcaldesa de Mogán, que atribuyó su detención a sus críticas contra el Gobierno de España por la gestión de la política migratoria en el Muelle de Arguineguín; las presuntas presiones a los denunciantes de la causa y los repentinos cambios de versión de testigos en su declaración en sede judicial.