El fiscal Jorge López Tineo apoya que la investigación sobre la presunta compra de votos por parte de la formación política Ciuca (Ciudadanos por el Cambio) en las elecciones de 2015 y 2019 en el municipio de Mogán se desglose en cuatro piezas separadas. El representante del Ministerio Público ha interesado la desestimación del recurso presentado por uno de los imputados, el empresario Luis Oller, presidente de Aguas de Arguineguín, contra la decisión adoptada por el juez Francisco Javier Ramírez de Verger Vargas, titular del Juzgado de Instrucción 3 de San Bartolomé de Tirajana, para agilizar la tramitación de la causa.
En ese recurso, el abogado de Oller sostiene que esa separación, dictada a través de un auto el pasado 28 de julio, afecta a su derecho a defensa. El empresario está siendo investigado en la pieza principal como presunto financiador del pucherazo electoral en esos comicios. Las pesquisas de la Guardia Civil le sitúan, además, como beneficiario de un supuesto trato de favor del Ayuntamiento liderado por Onalia Bueno. En uno de sus últimos informes, aportado el pasado 25 de junio, la policía judicial se centra en un proceso de mediación abierto entre la administración local y una de las sociedades que administra Oller, la promotora inmobiliaria Cornisa del Suroeste, tras la llegada de Ciuca a la Alcaldía.
Los investigadores relatan en este escrito las maniobras de la alcaldesa y de dos de sus más estrechos colaboradores para favorecer los intereses particulares del empresario con cargo a las arcas públicas y hablan de un proceso “amañado” en el que, incluso, se apartó a dos abogadas que se opusieron al pacto. “¿Que esto es una mierda y no me salpica? Acepto pulpo como animal de compañía”, le llega a decir uno de los implicados, el funcionario y colaborador de Ciuca Salvador Álvarez, a una de ellas en una de las conversaciones que obran en el sumario de la causa sobre la compra de votos.
Al inicio de ese proceso de mediación judicial, la empresa de Oller reclamaba al Ayuntamiento el pago de algo más de 850.000 euros en facturas y debía, según sentencia, 1.35 millones de euros por un conflicto antiguo relacionado con la recepción de una urbanización en la localidad de Arguineguín. Cinco años después, esos litigios se resolverían con un acuerdo que deparaba un saldo favorable al empresario de cerca de 900.000 euros.
Esa operación es una de las que el magistrado instructor planteó convertir en pieza separada en el auto impugnado tanto por la representación letrada de Luis Oller como la de Mencey Navarro, concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Mogán y otro de los encausados, que se adhirió al recurso. Como motivo para oponerse a la división de la causa, el letrado del empresario alegó que existe conexidad entre los delitos por los que se le investigan, que no son autónomos e independientes como sostiene el instructor y que debe considerarse la existencia de un “concurso ideal” entre ellos. Es decir, que con independencia de que se acrediten o no los hechos, el presunto trato de favor no se puede disociar de la financiación irregular del partido política Ciuca en las elecciones municipales.
Según el recurso, la apertura de una pieza separada para investigar el presunto amaño somete al imputado a “la pena de banquillo” en más de una ocasión, a un mayor coste económico y “al riesgo de que una primera sentencia condenatoria pueda influir en la segunda”, además de a un juicio mediático “más dilatado y gravoso”. El escrito carga con dureza contra la actuación de la Guardia Civil y unas conclusiones que considera “erráticas”, fruto de una “flagrante y grosera extralimitación” de su función investigadora y “colmadas de subjetivas suposiciones e interpretaciones sesgadas de los hechos”.
En su respuesta a ese recurso de reforma del empresario investigado, el fiscal sostiene que la resolución del instructor es “ajustada a derecho” sobre la base de dos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que determinan que el juez podrá acordar la formación de piezas separadas para enjuiciar los delitos conexos “cuando existan elementos para hacerlo con independencia y para juzgar a cada uno de los encausados”. El magistrado Francisco Javier Ramírez de Verger había expuesto que con esta división se pretendía evitar la “elefantiasis procesal que se pone de manifiesto en los macroprocesos”. Es decir, impedir que se dilataran en el tiempo.
También se había opuesto al recurso de Oller la acción popular, ejercida por Nueva Canarias (NC), una de las denunciantes de la trama. En este escrito, la abogada de la formación política destaca que la investigación de la Guardia Civil enumera “de forma pormenorizada” indicios de la comisión de varios delitos llevados a cabo “en un prolongado periodo de tiempo, con un plan preconcebido y un concreto, específico y complejo modus operandi con el que se burlan fraudulentamente, y con plena conciencia, los controles administrativos legalmente establecidos para la protección del interés general”. Para ello, continúa, los encausados no dudaron en “remover cualquier obstáculo” que se pusiera por delante, “usando cualquier método para doblegar la voluntad de terceros, ya sean abogados externos o funcionarios, con el objetivo de beneficiar los intereses” del empresario.
Además de la referente al presunto amaño a favor de Cornisa del Suroeste, el magistrado instructor ha propuesto la formación de otras tres piezas separadas para juzgar la orden de bloquear el acceso de la Guardia Civil a la documentación digital intervenida en el registro a las dependencia municipales, los pluses a funcionarios afines y los contratos con el actual asesor de Urbanismo.
Tras las declaraciones de los últimos testigos el pasado 4 de octubre, las diligencias en el marco de la investigación principal sobre el presunto delito electoral continúan este jueves con la comparecencia de los imputados, entre ellos la alcaldesa, Onalia Bueno.