La Fiscalía pide cárcel para cuatro alcaldes y exalcaldes de Tenerife por los vertidos en el polígono de Güímar
La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para dos alcaldesas y dos exalcaldes de Tenerife por el caso de los vertidos en el polígono industrial de Güímar. El Ministerio Público, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Canarias Ahora, atribuye los delitos de prevaricación por omisión y contra los recursos naturales y el medio ambiente a la alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro (PP); la de Candelaria, María Concepción Brito (PSOE); al exalcalde de Candelaria, José Gumersindo García Trujillo (PSOE) y al de Arafo, José Juan Lemes Expósito (ahora en Coalición Canaria). Este último es, en la actualidad, asesor del presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo.
El Ministerio Público solicita además para todos ellos una pena de 13 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público sea o no electivo en el ámbito municipal, insular, autonómico y estatal que comporte la asunción de competencias de decisión o gestión en los ámbitos medioambiental y urbanístico.
Según el escrito, adelantado por El Día y al que ha tenido acceso Canarias Ahora, los dirigentes, ''de forma deliberada y sin justificación'', se ''abstuvieron'' de adoptar las actuaciones administrativas que estaban ''imperativamente obligados'' a tomar para el mantenimiento, la conservación y la adecuación de las instalaciones de evacuación de residuos, control, tratamiento y legalización de los vertidos de aguas residuales al medio marino.
De este modo, ''permitieron el vertido continuo e incontrolado de aguas residuales'' procedentes de todas las empresas del polígono industrial más grande de la isla y de las urbanizaciones. Este polígono abarca una superficie de 1,8 millones de metros cuadrados y delimita por el sur por el área de sensibilidad ecológica de la Reserva Natural Especial. Allí desarrollan su actividad entre 200 y 220 empresas, entre las que se encuentran algunas dedicadas a la industria láctea, cervecera y de lavandería que requieren una autorización ambiental específica por la naturaleza de los residuos que generan.
Según el escrito, el vertido conjunto de agua residual industrial proveniente de entre las 200 y 300 empresas junto a las aguas fecales de las urbanizaciones devino ''en situación de absoluta ilegalidad''. Esto, continúa la Fiscalía, provocó un ''riesgo grave'' tanto para la calidad de las aguas, el equilibrio de los sistemas naturales y la salud de las personas en las zonas de baño de las playas. En estas zonas, se superó de forma continuada en ''cien veces'' la bacteria fecal E.coli (Escherichia coli), ''quebrando directamente la normativa medioambiental aplicable''.
Una inspección submarina, reza el texto, permitió comprobar que todas las aguas sucias se vertían exclusivamente a través del punto final del ramal sureste y por un único difusor, ya que todos los demás estaban obstruidos. Además, se efectuó la diligencia judicial de recoger muestras tanto a la entrada como a la salida de las instalaciones, que revelaron que no existían ''diferencias apreciables'' entre los resultados de las muestras recogidas a la entrada y a la salida que permitieran deducir que se hubiera realizado un tratamiento sobre las aguas residuales.
En las muestras tomadas en varios puntos de la red de saneamiento se detectaron varios valores como sulfitos y sulfuros totales, detergentes y E.coli que superaban ''con creces'' los límites del reglamento de vertidos, y ''disparados del límite'', aceites, grasas y metales.
Según el Ministerio Fiscal, no fue hasta después de que se incoara la causa penal por los vertidos cuando empezó a revelarse una ''intensa actividad municipal'', entre las que destaca la contratación de una empresa especializada en materia de saneamiento o la contratación de un informe técnico multidisciplinar.
Riesgos para la salud
El escrito de acusación de la Fiscalía establece que se han generado riesgos ''evidentes'' para la salud de las personas, identificados a largo plazo en las propiedades ''cancerígenas y mutagénicas'' de los metales pesados que se puedan adherir a organismos y matrices sólidas, incorporándose a la cadena trófica y, a corto plazo, en los contenidos fecales del vertido.
El Ministerio Público advierte de que la bacteria E.coli puede provocar en zonas de baño infección urinaria, enfermedades gastrointestinales, infección de ojos, irritaciones de piel, otitis o fiebre tifoidea y, en menor medida, infecciones respiratorias o meningitis en recién nacidos. También se detectaron concentraciones de coliformes fecales o la presencia de salmonella.
Además, la continuidad de los vertidos no depurados ha generado ''evidentes'', ''especiales'' y ''significativos'' riesgos para el equilibrio de los sistemas naturales. En concreto, por la potencial alteración de los ecosistemas y reducción de especies o hábitats de interés comunitario, vulnerables o catalogadas en peligro de extinción. Es el caso de los sebadales, que disminuyen en la zona cercana al emisario y aumenta en las más alejadas. La Fiscalía también hace referencia al delfín mular, a la tortuga boba, al delfín común, al cachalote, la pardela cenicienta o el delfín moteado, entre otros.