Dos organizaciones piden investigar si la papa con origen Israel procede de territorios ocupados: Canarias, en el punto de mira

La Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) han presentado una denuncia ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para que se investigue la posible importación y comercialización en España, también en la comunidad autónoma de Canarias, de productos agrícolas procedentes de territorios palestinos ocupados ilegalmente por Israel que son etiquetados como si fueran originarios del país hebreo, lo que, de producirse, debe considerarse un incumplimiento de la normativa en vigor.

Canarias es una de las regiones españolas en las que se importa papa con origen teórico en Israel, algo que ya se lleva haciendo durante muchas campañas y por diferentes entidades importadoras con destino a los lineales de cadenas de distribución minorista implantadas en las islas, entre otras Lidl, Hiperdino y Mercadona. Por eso, las islas y la entrada de partidas de ese tubérculo desde Israel, por ejemplo este mismo año a través del operador Copacan, deben estar en el punto de mira de la investigación solicitada de forma oficial por aquellas dos organizaciones: una profesional agraria y otra de consumidores y usuarios.

La denuncia, que dio a conocer este martes COAG y CECU a través de una nota de prensa, “se apoya en los indicios recogidos por el informe Importando la ocupación, elaborado por el centro de litigación Global Echo tras cuatro años de estudio, así como por una reciente investigación periodística del diario Público”.

Estas fuentes, indica el comunicado, “apuntan a la posible entrada en el mercado europeo y el español de frutas y hortalizas procedentes de asentamientos ilegales israelíes en territorios ocupados palestinos sin que su verdadero origen quede reflejado en el etiquetado. Esto habría permitido su posible venta en los principales supermercados españoles”, se explica.

Según aquellas conclusiones, durante los últimos años España, con Canarias con papel destacado, ha sido uno de los principales mercados europeos para determinados alimentos procedentes de Israel. Solo en 2025 se importaron 43.825 toneladas de papas, con un valor de 26,59 millones de euros. También cerca de 2.900 toneladas de dátiles, por 17 millones de euros. Las frutas, hortalizas y semillas, siempre según se recoge en la nota, supusieron el 81% del total de las importaciones españolas desde Israel.

Para las organizaciones denunciantes, CECU y COAG, el volumen de este comercio desde Israel “hace aún más necesario garantizar la trazabilidad de los alimentos y que su etiquetado refleje de forma veraz su origen”. En Canarias, el consejero de Agricultura, Narvay Quintero, ha mostrado sus dudas sobre el uso incorrecto de fitosanitarios en esas producciones.

Las mismas entidades subrayan que, “de confirmarse los hechos, las personas consumidoras estarían recibiendo una información incorrecta sobre el origen de los productos, lo que podría constituir una vulneración de la normativa de consumo y de etiquetado”.

Además, ambas organizaciones advierten que “estas prácticas supondrían una competencia desleal para los agricultores y las agricultoras que cumplen con la legislación europea y española en materia de producción, trazabilidad e información al consumidor”.

La denuncia también formula que se investigue si estas importaciones pudieran incumplir el Real Decreto ley 10/2025, que prohíbe la importación desde España de productos procedentes de los territorios ocupados por Israel en Palestina, así como la posible utilización de certificaciones fitosanitarias y ecológicas que, atendiendo a los indicios aportados, podrían no ajustarse a la normativa europea“.

CECU y COAG reclaman a la Dirección General de Consumo del Gobierno estatal que ejerza sus competencias de inspección para verificar el origen real de esos productos, identificar a los operadores que pudieran estar implicados y, en caso de confirmarse las irregularidades, incoar los correspondientes procedimientos sancionadores.