El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha dirigido al Juzgado de lo Penal 3 de Arrecife para pedir explicaciones por el último retraso en el caso de La Bufona, que juzga a los promotores de una urbanización construida en parte sobre suelo protegido a las afueras de la capital de Lanzarote. El promotor de la Acción Disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces da curso así a una reclamación formulada el pasado 30 de junio por el denunciante de esta causa, Gonzalo Murillo, propietario de terrenos que fueron ocupados para construir las viviendas donde residen, entre otros, la actual alcaldesa de Arrecife y presidenta del Partido Popular (PP) de Lanzarote, Astrid Pérez, o el fiscal Miguel Pallarés.
En esa queja, Murillo hacía referencia a la información publicada por Canarias Ahora el pasado 24 de junio sobre las contradicciones en torno a la paralización del procedimiento durante los diez meses que transcurrieron entre julio de 2021 y mayo de 2022. Una demora que se suma a las innumerables que ha sufrido la causa penal de La Bufona desde su apertura hace más de 22 años y que motivaron que, en un primer juicio anulado por cuestiones formales, las penas impuestas a los promotores de la urbanización se redujeran de forma notable al considerarse indebida una dilación de cinco años y siete meses.
Las versiones de la jueza encargada de este procedimiento abreviado, Margarita Gómez (en sustitución de la titular del Juzgado de lo Penal 3, que se abstuvo), y del Gobierno de Canarias y fuentes sindicales sobre este último retraso no coinciden. Todo parte del escrito que la magistrada remitió a la Diputación del Común en mayo en respuesta a un requerimiento de información de ese organismo a raíz de otra queja del denunciante. En esa contestación, Gómez negó que se hubiera producido una demora “desproporcionada e indebida” desde que asumiera el procedimiento “con la salvedad” de esos diez meses. Y lo atribuyó a la baja sin cubrir del funcionario encargado de su tramitación y a que los asuntos no habían sido repartidos. En respuesta a una pregunta formulada por este periódico a través del gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TJSC), la jueza precisó que en ese informe consignó “única y exclusivamente” los datos facilitados por el juzgado, cuya dirección procesal corresponde a la letrada de la Administración de Justicia (antigua secretaria judicial).
La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, en cambio, detalló que durante ese periodo se produjeron tres bajas de larga duración en el Juzgado de lo Penal 3 de Arrecife, pero que todas ellas se cubrieron “en tiempo y forma”, según los procedimientos habituales que no se extienden más de dos meses. También las fuentes sindicales a las que acudió Canarias Ahora confirmaron que una funcionaria había estado en situación de incapacidad temporal en ese órgano judicial durante diez meses, pero que su baja se había cubierto en menos de 40 días, según los datos que habían podido consultar a nivel interno.
Ante “la incongruencia” de lo declarado por la magistrada en su informe a la Diputación del Común y “lo recogido en la noticia periodística e informado por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias y por fuentes sindicales”, el denunciante del caso de La Bufona, Gonzalo Murillo, había solicitado la apertura de diligencias preliminares de investigación por parte del servicio de inspección del CGPJ, el servicio encargado, bajo la dependencia de la Comisión Permanente, de las labores de comprobación y control del funcionamiento de los servicios de la Administración de Justicia.
Días antes de remitir el escrito al Poder Judicial, el propietario de terrenos ocupados por la urbanización de La Bufona también se había dirigido al magistrado decano del partido judicial de Arrecife y le había instado a pedir aclaraciones sobre estos hechos al Juzgado de lo Penal 3. Murillo teme un cierre en falso de la causa. “Los delitos ya reconocidos serían lo de menos, siendo lo más importante las negligencias cometidas en la instrucción de la causa y los retardos injustificados”, señalaba en los escritos elevados a diferentes entidades.
El primer juicio de La Bufona se celebró en 2015 y se resolvió con una condena de seis meses de cárcel a los acusados (los promotores Antonio Caro y Federico Echevarría) por un delito continuado contra la ordenación del territorio (por haber construido en suelo rústico de protección de jable), aunque con posterioridad la Audiencia de Las Palmas la rebajó aún más (hasta los dos meses de prisión sustituibles por una multa de 1.200 euros) al recalcular las dilaciones indebidas (de cerca de seis años). Una pena que la magistrada ponente definió como “puramente simbólica, por no decir ridícula”. En su escrito de acusación, de finales de 2011, la Fiscalía pedía para ellos cuatro años de cárcel.
El juicio fue finalmente anulado en julio de 2018. La Audiencia de Las Palmas estimó un recurso y decidió devolver el procedimiento al estado en el que se encontraba en 2011 porque los propietarios de las viviendas no habían sido citados como responsables civiles Este órgano judicial sostenía que, al comparecer como testigos y no como “perjudicados” (con la presencia de sus abogados en la vista) se les había privado de la oportunidad de defender su posición en relación con el derribo parcial de las viviendas al que obligaba aquella sentencia condenatoria.
Tras esa anulación, se abrió un nuevo procedimiento abreviado que estuvo completamente paralizado entre abril de 2021 y mayo de 2022, fecha del auto en el que la jueza acepta pruebas solicitadas por las partes para, posteriormente, señalar el nuevo juicio para noviembre.
En los escritos que el denunciante de La Bufona ha elevado a distintas instancias, incide en que, a su juicio, los propietarios de las viviendas debieron ser citados como responsables penales, en lugar de civiles, por ejecutar obras ilegales. Murillo sostiene que los dueños ampliaron sus viviendas sobre suelo protegido años después de firmar las escrituras públicas de compraventa y que, por tanto, actuaron en condición de promotores.
La vivienda de la presidenta del PP de Lanzarote sigue intacta casi una década después de que la Agencia de Protección del Medio Natural de Canarias ordenara su derribo parcial en una resolución que es firme, puesto que nunca fue recurrida por la actual alcaldesa de Arrecife. Los técnicos del Gobierno de Canarias constataron que en ese chalé se habían realizado obras de ampliación hasta 2005, cinco años después de que Pérez la hubiera comprado.