CASO LA BUFONA

“Algo no cuadra”, el denunciante de La Bufona reclama una inspección del Poder Judicial sobre el último retraso en la causa

“Hay algo que no cuadra”. Gonzalo Murillo, denunciante en el caso de La Bufona (una urbanización construida hace más de dos décadas sobre terrenos de su propiedad y en suelo rústico de protección ecológica), considera que el último retraso en este procedimiento merece una aclaración detallada por parte del Juzgado de lo Penal 3 de Arrecife y una inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Así lo ha solicitado al magistrado decano del partido judicial de la capital de Lanzarote, Adalberto de la Cruz, tras tener conocimiento, a raíz de una noticia publicada el pasado viernes por este periódico, de las contradicciones entre los relatos de ese órgano judicial y de la Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias acerca de la paralización de la causa durante diez meses, entre julio de 2021 y mayo de 2022. 

En un escrito remitido a la Diputación del Común el pasado mes de mayo, la jueza Margarita Gómez, que asumió el procedimiento de La Bufona en abril de 2021 tras la abstención de la titular del Juzgado de lo Penal 3 de Arrecife, atribuyó esa demora a la baja sin cubrir de la funcionaria encargada de su tramitación. “No nos consta”, respondió Mónica Ceballos, directora general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, al ser cuestionada por Canarias Ahora sobre esa afirmación de la jueza. La alto cargo del Ejecutivo regional señaló que en 2021 se habían producido tres bajas de larga duración en ese juzgado y que todas ellas se habían cubierto “en tiempo y forma”, en un plazo máximo de dos meses. Una aseveración que también corroboraron las fuentes sindicales consultadas por este periódico, que añadieron que, si bien es cierto que una funcionaria de ese juzgado permaneció en situación de incapacidad temporal durante diez meses, su sustitución se completó en menos de 40 días. 

A la vista de estas discrepancias y ante el temor de que este nuevo retraso diluya aún más una causa que ya acumulaba unas dilaciones indebidas de cinco años y siete meses, el denunciante de La Bufona ha dirigido un escrito al juez decano del partido judicial de Arrecife para que inste al letrado de la Administración de Justicia (antiguo secretario judicial) del Juzgado de lo Penal 3 a aclarar “los motivos por los que ha estado paralizado” el procedimiento, “en qué periodo estuvo de baja” la funcionaria encargada de la tramitación de la causa, “cuándo fue solicitada la sustitución de su baja y cuándo, en qué fecha concreta, se produjo la sustitución”. 

Además, Murillo ha solicitado al decano de Arrecife que ponga estos hechos en conocimiento de la inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el servicio encargado, bajo la dependencia de la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces, de las labores de comprobación y control del funcionamiento de los servicios de la Administración de Justicia. 

El denunciante de La Bufona ha remitido el escrito con esas peticiones este lunes, el mismo día en que recibía la notificación por parte del juez decano del archivo del expediente gubernativo que había abierto a raíz de la queja presentada inicialmente por Murillo ante el fiscal superior de Canarias, Luis del Río. Adalberto de la Cruz había dado diez días al Juzgado de lo Penal 3 para que aclarara por qué se había producido el retraso al que aludía el propietario de los terrenos ocupados de la urbanización situada a las afueras de Arrecife. Sin embargo, transcurrido ese plazo, el órgano judicial no presentó ningún informe. 

En ese acuerdo de archivo, el magistrado decano de Arrecife alude, no obstante, a la contestación que la jueza de La Bufona da a la Diputación del Común, aportada por el propio denunciante al expediente. “No se aprecia la concurrencia de demoras desproporcionadas, ni indebidas en la tramitación de las presentes actuaciones, y ello con la salvedad del periodo transcurrido desde el 20/7/2021 al 5/5/2022, en el cual la demora obedece, según me ha sido comunicado, a no haber estado cubierta la plaza de funcionario encargado de su tramitación por encontrarse de baja por un largo periodo sin que, según se me informa, fuera nombrado un sustituto ni repartidos los asuntos a otra persona, con la consiguiente paralización de las causas, disfunción ya solventada en la actualidad”, exponía Margarita Gómez en respuesta a ese órgano comisionado del Parlamento canario para la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, otra de las puertas a las que acudió Gonzalo Murillo en busca de explicaciones. 

En relación con ese escrito de la jueza sobre la presunta baja no cubierta de una funcionaria del Juzgado de lo Penal 3, el decano de Arrecife recuerda que ya en “varias ocasiones” había informado sobre la falta de personal en ese partido judicial y en la necesidad de adoptar “medidas urgentes” para agilizar la tramitación de los procedimientos. En cuanto a que no se hubieran repartido los asuntos a otra persona durante esos diez meses, “con la consiguiente paralización de las causas” en ese órgano judicial, Adalberto de la Cruz aclara que las competencias en esta materia corresponden a los letrados de la Administración de Justicia, por lo que acuerda deducir testimonio a la Secretaria Coordinadora Provincial para esclarecer posibles responsabilidades. 

En conclusión, el juez decano decide archivar el expediente al entender que cuestiones procesales como las planteadas por el denunciante en su queja deben resolverse en el seno del propio procedimiento y exceden de sus potestades de carácter gubernativo. 

Más de seis años de retraso y dos juicios

Las primeras diligencias de investigación sobre el caso de la urbanización de La Bufona se abrieron en 1999 a partir de una denuncia del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. Están encausados dos de los promotores de la urbanización, el arquitecto Federico Echevarría y el constructor Antonio Caro, a quienes se les acusa de un delito continuado contra la ordenación del territorio, por haber construido parte de esas viviendas sobre suelo rústico de protección ecológica por ser zona de jable. El tercero, Francisco Carmona, que era, además, encargado del catastro municipal, falleció durante la instrucción de la causa. 

En su escrito de acusación, fechado a finales de 2011, la Fiscalía pedía cuatro años de cárcel para los promotores. El juicio se celebró en 2015 y se saldó con una condena de seis meses de prisión para los procesados, una pena reducida por el atenuante de dilaciones indebidas, por un retraso sin justificación de cinco años y siete meses, entre ellos los más de 500 días que tardó el fiscal Carlos Fernández Seijo en contestar un recurso tras perder y olvidar la documentación. 

Tras los recursos contra esa primera sentencia, la condena se redujo aún más, hasta los dos meses de cárcel sustituibles por una multa de 1.200 euros, después de que la Audiencia de Las Palmas rebajara en un grado las penas tras recalcular las dilaciones indebidas. El mismo órgano provincial acabaría anulando el juicio por una cuestión formal. Y es que, aunque la sentencia obligaba a la demolición parcial de los chalés, al derribo de las partes construidas en suelo protegido, los propietarios de esas viviendas, entre los que se encuentran la actual alcaldesa de Arrecife y presidenta del Partido Popular (PP) de Lanzarote, Astrid Pérez, o el fiscal Miguel Pallarés, no habían sido llamados a personarse en la causa como responsables civiles para poder manifestar su posición como “perjudicados” en esta causa. 

La Audiencia de Las Palmas ordenó entonces, julio de 2018, retrotraer las actuaciones a 2011, la fecha en la que la Fiscalía había formulado su escrito de acusación. El procedimiento abreviado se abrió en diciembre de 2020 y cuatro meses después lo asumía, tras la abstención de María Luisa Moreno, titular del Juzgado de lo Penal 3 de Arrecife, su homóloga en el Juzgado de lo Penal 1, Margarita Gómez. La causa estuvo paralizada desde abril de 2021 hasta mayo de 2022, cuando la magistrada dictó un auto para admitir las pruebas solicitadas por la Fiscalía, la defensa y los propietarios (luego expondría en una providencia que había admitido las de todas las partes, lo que incluye también a la acusación particular ejercida por Gonzalo Murillo) y, posteriormente, señalar la celebración de un nuevo juicio para noviembre. 

El denunciante defiende que los propietarios de las viviendas debieron ser citados como responsables penales y no civiles, puesto que las obras ilegales en suelo rústico de protección ecológica se realizaron años después de que les vendieran los chalés y, por tanto, ostentaban la condición de promotores, recalca en los múltiples escritos elevados ante distintas instancias.